Lluvia de críticas a fórmula para juzgar a los militares en la JEP

Lluvia de críticas a fórmula para juzgar a los militares en la JEP

Aunque el apoyo político logró congelar los procesos, sectores lo calificaron de “inconstitucional”.

Paloma Valencia Senado JEP

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lideró las propuestas de modificaciones por parte del uribismo

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César Melgarejo / EL TIEMPO

28 de junio 2018 , 08:14 p.m.

Los cambios aprobados por el Congreso en el juzgamiento de los militares señalados de delitos atroces con ocasión del conflicto no fueron suficientes para poner fin a la tempestad jurídica sobre el tema. Este jueves, desde distintos puntos, surgieron amenazas sobre la vigencia de estas modificaciones, lo que dejó a este procedimiento en un estado de zozobra.

En la madrugada las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la conciliación de la ley que creó el código de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la herramienta procesal que permitirá juzgar a exguerrilleros y militares.

En su contenido, las nuevas mayorías partidistas surgidas alrededor del nuevo presidente, Iván Duque, lograron imponer el congelamiento de los procesos contra los militares que deban acudir a la JEP –y que así lo deseen– mientras se crea un procedimiento “especial y diferenciado” para ellos, que en otras palabras sería una “sala especial”.

Pese a este triunfo de la coalición alrededor del nuevo presidente, el gobierno saliente y algunos sectores políticos anunciaron este jueves que preparan toda una artillería jurídica para abortar esta decisión.

El primero en manifestar su rechazo –a este artículo y a otro relacionado con la extradición de excombatientes de las Farc– fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien a pesar de “celebrar” la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP, insistió en que estos dos cambios “son contrarios a la Constitución”.

“El artículo sexto transitorio de la Constitución dice que la competencia de la JEP será prevalente para aquellos ciudadanos pertenecientes a la Fuerza Pública o los excombatientes de las Farc que hubieren cometido delitos en el marco del conflicto, de tal manera que una ley de carácter ordinario, como la que se aprobó, no puede ir en contravía de un mandato constitucional”, explicó Rivera.

En este sentido, el funcionario anunció que el Gobierno está “estudiando” dos caminos para “precipitar” un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema: objetar la ley ante el Congreso, lo que retrasaría su entrada en vigencia, o sancionarla y luego demandar los dos artículos con los que el Gobierno está en desacuerdo.

“Es importante destacar que los restantes 72 artículos definen reglas de procedimiento y garantías procesales que les aseguran a las víctimas del conflicto que puedan hacer valer sus derechos en el seno de la JEP, así que yo creo que en pocos días esta jurisdicción va a contar con unas normas de procedimiento que les van a permitir a estos jueces empezar a tomar decisiones”, dijo Rivera dejando entrever el camino que se tomaría.

Yo creo que en pocos días esta jurisdicción va a contar con unas normas de procedimiento que les van a permitir a estos jueces empezar a tomar decisiones

A la justicia ordinaria

Uno de los pronunciamientos más fuertes lo hizo el Ministerio de Defensa, que aunque afirmó que esa cartera y la Fuerza Pública “están tranquilos y satisfechos” con la ley aprobada, también expresaron su intención de “aclarar los alcances” de estas modificaciones.

“Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP, esperando las inciertas reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados y, si fuere el caso, imputados por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por la justicia ordinaria, sin posibilidad de acceder a los beneficios de la justicia transicional”, reza un comunicado.

Desde sectores políticos también crecieron los cuestionamientos jurídicos. El senador por ‘la U’ Roy Barreras, ponente del proyecto de ley, afirmó que el cambio “daña la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares”, porque “suspende” la “presencia de los militares ante la JEP durante 18 meses a la espera de nada, porque, como sabe cualquier jurista, no es posible construir ni una sala ni un tribunal especial ni un fuero militar especial” en ese tiempo.

El senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los impulsores decididos del proceso de paz, anunció que “en conjunto con organizaciones de víctimas, sociales y con el apoyo de otros congresistas ya están preparando la demanda por inconstitucionalidad” a estos 2 artículos.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, afirmó que se tomará un tiempo para examinar el artículo relacionado con los militares, pero en todo caso anticipó que los agentes del Estado “que hayan podido incurrir en violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto requieren un tratamiento especial, diferenciado que también les permita a ellos que haya un tránsito en paz hacia la reconciliación”.

Los dos caminos para los militares

Los cambios aprobados en el Congreso les abren dos vías a los militares que tengan que responder por delitos atroces en el conflicto: seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz o esperar 18 meses a que se cree un nuevo modelo para ellos.

El representante a la Cámara Hernán Penagos dijo que en el primer caso los miembros de las FF. AA. tendrían los mismos magistrados que procesarán a excombatientes de las Farc. “Habría dos tipos de sanciones: para quienes se acojan a penas alternativas, 5 años, y para los que no, condenas de hasta 20 años”, afirmó.

En cuanto al segundo camino para los militares, la senadora uribista Paloma Valencia explicó que la idea del nuevo gobierno es tramitar normas para crear una “sala especial” para ellos. Adicionalmente habría una “defensa institucional” del Ejército y la Policía. “Las penas impuestas darán lugar a la libertad condicional cumplidos 5 años de detención en centros de detención especiales”, dijo.

POLÍTICA

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