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Claves de lo que dijo la CPI sobre Colombia y la paz

EL TIEMPO y el Rosario trajeron al Vicefiscal de esa corte. Defendió 'discrecionalidad' de Estados.

DANIEL VALEROmayo 16 de 2015, 08:44 P.M.

Si algo dejó claro esta semana la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) –el único órgano con facultad para intervenir en Colombia luego de finalizado el proceso de paz– es que tiene la lupa puesta sobre el modelo de justicia transicional que surja de las negociaciones de La Habana.

Reconoce la “discrecionalidad” del país para diseñar el modelo de justicia transicional que sea más conveniente para lograr la paz –de hecho, ratificó su respaldo a los esfuerzos que se hacen en ese sentido–, pero hizo énfasis en la necesidad de que los máximos responsables de delitos atroces sean castigados.

Estos mensajes, de impacto en el desarrollo de las conversaciones de paz, los trajo el vicefiscal de la CPI, James Stewart, quien estuvo esta semana en Bogotá en un foro organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, que tuvo el apoyo de la ONU y otras organizaciones. (Lea: 'Las sanciones penales pueden adoptar distintas formas', advierte CPI)

Esa “advertencia” –como el mismo Stewart la denominó–, relacionada con la necesidad de que haya “sentencias penales efectivas”, pone de manifiesto la necesidad de que las Farc, y eventualmente el Eln, entiendan que sí tienen que reconocer su responsabilidad en los crímenes que han cometido y que, más allá de los discursos, deben someterse a procesos penales y admitir las condenas.

“Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal”, enfatizó el Vicefiscal de la CPI.

Este tema, que debe ser incluido en el modelo de justicia transicional que se diseñe –y que tiene que honrar lo establecido en el Estatuto de Roma–, toca un aspecto sensible que se está discutiendo actualmente en la mesa de negociación. De hecho, se esperan avances concretos en el ciclo que se reanuda el 21 de mayo.

El Gobierno apostó por el Marco Jurídico para la Paz, avalado ya por la Corte Constitucional, pero las Farc no lo aceptan.

“Cero cárcel para los guerrilleros”, dijo recientemente ‘Iván Márquez’, jefe negociador de la guerrilla, quien subrayó que “no estamos de acuerdo con la justicia transicional tal y como la plantea el Gobierno, porque es una iniciativa unilateral. No nos pueden entrampar jurídicamente, como se pretende, con el marco jurídico”.

Y ahí está el debate. La CPI exige que haya un reconocimiento público de la responsabilidad de los delitos y que el Estado adelante “procesos genuinos”. Pero la guerrilla ha dicho que es “víctima del Estado”, que la obligó a alzarse en armas hace más de 50 años.

Los lineamientos de la CPI comenzaron a ser analizados por el Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, porque sientan un precedente que puede marcar la pauta de lo que viene en los diálogos. (Lea: No puede haber suspensión total de penas por crímenes de guerra: CPI)

Laura Gil, analista internacional y columnista de EL TIEMPO, aseguró que la expresión de Stewart, en el sentido de que “las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas”, deja en claro que las condenas que se dicten no implican el pago de una pena intramural.

“El mensaje del Vicefiscal de la CPI es que tiene que haber un proceso y una condena, y, por supuesto, que para los máximos responsables debería haber algún tipo de reclusión, pero no necesariamente tiene que ser cárcel”, enfatizó la analista.

Esta postura coincide con uno de los mensajes de Stewart, quien recordó, citando el Estatuto de Roma, que los Estados pueden definir las condenas necesarias para castigar los delitos que están en la órbita de la CPI.

“Si bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI”, dijo el segundo de la Fiscalía de ese tribunal.

Esto también es leído por sectores afines al Gobierno como el espaldarazo a la forma en que se viene negociando la paz, en la medida en que, si bien la CPI tiene un “examen preliminar” sobre Colombia, también reconoce su sistema democrático.

“Lo que pasa es que la CPI ha juzgado a unos dictadores bárbaros, pero aquí estamos en un Estado democrático. Tenemos el único conflicto interno de Occidente, pero actuamos bajo el Estado de derecho y tenemos ya el respaldo de la comunidad internacional”, enfatizó el senador de ‘la U’ Armando Benedetti.

La CPI reconoció que en el país se han hecho “procesos genuinos” contra las Farc y el Eln, pero aclaró que esa consideración se mantendrá “siempre que se haga una adecuada ejecución de las sentencias”.

Este tribunal ha intervenido en países como Uganda, Congo y la República Centroafricana, entre otros, y tras la llegada de Fatou Bensouda a la Fiscalía de la CPI se dijo en muchos sectores que una de sus intenciones era ‘desafricanizar’ a ese tribunal. Claro que sobre Colombia, como lo afirmó Stewart, existe un “examen preliminar”, con especial “preocupación” por las ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) cometidas por miembros de la Fuerza Pública.

El copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Roy Barreras, dijo que estas posturas dan la autonomía “de hacer las normas a la medida de Colombia, respetando los parámetros internacionales”.

Stewart dejó en claro que una pena alternativa debe tener en cuenta, entre otros temas, “el tipo y grado de restricciones a la libertad”.

Esto generó debate. Mientras el fiscal Eduardo Montealegre ratificó que el derecho internacional debe mirarse en conjunto para admitir que no es necesario que el proceso de paz termine con penas de cárcel para la guerrilla; el procurador Alejandro Ordóñez, por el contrario, destacó que sí es necesario que la cúpula de las Farc vaya a prisión, así sea en otro país.

Todos estos aspectos impactarán en la mesa de diálogo, como lo reconoció el jefe de la delegación oficial de paz, Humberto de la Calle, porque potenciará el debate sobre justicia transicional.

No en vano, por primera vez, Gobierno y guerrilla escucharon de viva voz lo que piensa del proceso el único organismo que puede intervenir, judicialmente, luego de un acuerdo de paz.

‘Se requieren penas adecuadas’

El experto en justicia transicional Carlos Holmes Trujillo, uno de los promotores del foro, aseguró que el principal mensaje de la CPI es que la justicia transicional debe tener en cuenta los castigos que ya se han aplicado en el país contra crímenes de lesa humanidad, con el fin de evitar una intervención de ese tribunal.

“Los procesos que se adelanten tienen que ser idóneos y las penas tienen que ser adecuadas, lo cual se mirará sobre cuál es la práctica nacional en materia de penas y restricción de la libertad”, manifestó.

Insistió en que la responsabilidad penal es ineludible, ya que las condenas “tienen que corresponder a la gravedad del delito y al nivel de responsabilidad de los autores, con énfasis en el cumplimiento del Estatuto de Roma”. Advirtió que un castigo sin pena privativa de la libertad podría motivar la intervención de la CPI. Otro de los temas que –a su juicio– quedaron claros es que “los Estados crearon la CPI como una institución judicial y no como una institución para la paz”.

DANIEL VALERO

Redacción Política

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