Así va la implementación de la Ley de Víctimas

Así va la implementación de la Ley de Víctimas

Este lunes fue el Día de las Víctimas. Este es un balance de la ley que busca repararlas.

Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas

Grupo de manifestantes durante la marcha contra el olvido organizaciones de víctimas y derechos humanos en el marco del Día Nacional de las Víctimas

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Fotos: Carlos Ortega / EL TIEMPO

27 de abril 2018 , 10:23 a.m.

La Ley de víctimas, promulgada en 2011, estableció el marco jurídico e institucional para la atención de las víctimas del conflicto armado. Tras ocho años de  implementación, con una inversión de 61 billones de pesos en el periodo 2012-2017 y solo tres años más de vigencia, este es el balance de atención a víctimas en Colombia.

Según los datos de la Unidad para las Víctimas en Colombia se han registrado 8’ 650. 169 de victimas, lo que equivale al 17 por ciento de la población del país. Es decir, medio millón personas más que la totalidad de los habitantes de Bogotá. De los registrados el 47,6 por ciento corresponde a hombres, el otro 47,2 por ciento a mujeres y el 28 por ciento de los registrados eran menores de edad al momento en que se realizó el reporte por parte de la Unidad de Víctimas el 28 de febrero de 2018.

El presupuesto de atención a víctimas disminuye

Entre 2012 y 2017 el Gobierno invirtió 61 billones de pesos en la implementación de la Ley de víctimas.

Según el cuarto informe de La Comisión de Implementación y Monitoreo de la Ley Víctimas (CIMLV), conformada por los entes de control y la Mesa Nacional de Víctimas, publicado en agosto de 2017, en promedio, el 38 por ciento  de los recursos se utilizaron para atención humanitaria, el 16 por ciento para indemnizaciones y el 14 por ciento para vivienda.

En 2016 la Corte Constitucional se pronunció sobre la implementación de la Ley 1448 asegurando que en materia de indemnizaciones existía “vacíos protuberante” y un cumplimiento medio y bajo respecto a los temas de vivienda urbana y rural. Según el informe de 2017 de la CIMLV, los problemas en materia de indemnizaciones y vivienda persisten, y se suman a ellos que “en los últimos meses, el Gobierno Nacional aduce problemas fiscales para hacer frente a las demandas sociales”.

Los problemas presupuestales, como explicó la Comisión de Seguimiento, se dan a partir “la fuerte caída del precio internacional del petróleo y de otros minerales” que generó una disminución de los ingresos fiscales de la Nación. Para solventar la crisis, continua el informe, el Gobierno realizó una reforma tributaria con la que impulsó “categorías como la sostenibilidad fiscal, la regla fiscal o la reserva de lo posible, a efecto de constreñir las demandas sociales”.

Según los entes de Control, la dependencia del presupuesto para la atención de la población víctima del conflicto a la regla fiscal ha generado una situación de continuo retroceso en el cumplimiento de la ley, se ciñendolo al éxito o fracaso de la política económica.

Dado la desaceleración económica de los últimos años el presupuesto para las víctimas se ha reducido.
Esto se traduce en que comparando los recursos asignados entre 2015 y 2017 en porcentajes del PIB, se ha disminuido el dinero asignado desde 2015 cuando se alcanzó el máximo de 0.59 del PIB, según los datos de la Comisión de seguimiento a la ley.

El informe de la CIMLV también señala que para el cumplimiento del periodo 2016-2021, lo que queda la vigencia de la ley, serán necesario la inversión de $115,58 billones más. Es muy probable que se deba ampliar la vigencia de la ley otros seis años, hasta 2027, si se quiere atender a todas las víctimas.

Deyder Henriquez, representante de la juventud colombiana de la Mesa Nacional de Víctimas, asegura que el problema de desfinanciación viene desde que se implementó la ley en 2011: “La ley no previo que se iba a aumentar el número de víctimas, en esa época eran cerca de 3 o 4 millones, para esas personas se aprobó el presupuesto y ahora hay desfinanciación en los programas de víctimas”.

La ley no previo que se iba a aumentar el número de víctimas

Las mesas de participación están cojas

Respecto a la participación de las víctimas sobresale la creación de 1.055 mesas de participación en todos los niveles de organización política y en el exterior, con miembros escogidos democráticamente. A través de las mesas se ha logrado visibilizar a las víctimas y hacer que estas sean escuchadas por las autoridades.

Pero pese a los avances que ésto ha significado en términos de representatividad, el Gobierno sigue sin dar importancia a las propuestas que presenta desde las mismas. “La propuesta elaborada por la Mesa Nacional de Víctimas no fue tenida en cuenta, lo cual es un hecho de la mayor gravedad dado que dicho documento compila cerca de 4 años de recomendaciones de las víctimas”, así lo señala el informe de la CSMLV.

De igual forma, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, presidida por el senador Juan Manuel Galán, en su informe de diciembre de 2017, se reconoce la importancia que tiene para las víctimas el “poder ser escuchados por los directivos de las entidades directamente competentes en la implementación de la Ley”. Sin embargo, la Comisión del Senado hace énfasis en el presupuesto es una “garantía para el funcionamiento adecuado de las mesas de participación”.

Sobre este último punto, la CSMLV considera que su participación no es efectiva “puesto que la garantía del derecho llega hasta la elección y conformación de las Mesas pero no hay financiación de los planes de trabajo, ni de las propuestas de las víctimas dentro de los planes de desarrollo de los entes territoriales”.

Al respecto, los representantes ante la Mesa de Victima de los departamentos de Boyacá y Bolívar manifestaron que si bien la ley logró que las víctimas se empoderaran, sus propuestas no siempre son escuchadas y el presupuesto para el trabajo es escaso y llega tarde. En lo que lleva de 2018 no se ha aprobado en los citados departamentos los dineros para el funcionamiento de las mesas de trabajo.

Indemnización administrativa, el punto débil 

La Unidad de Víctimas pagó hasta 2016 un total de 615.560 indemnizaciones a 580.415 víctimas por un monto total de $4.3 billones de pesos. En los saldos pagados, las víctimas de los delitos de desaparición forzada,  homicidio y de delitos contra la libertad sexual son las que más han recibido indemnizaciones.

Sin embargo, existe un rezago en los pagos de indemnizaciones. Respecto del delito de desaparición forzada y tortura  están pendiente la reparación al 98% de las víctimas. Según La Comisión de seguimiento del Congreso “el esfuerzo fiscal para indemnización de la población víctima aún es muy bajo respecto de la necesidad”, señala la comisión que “cerca del 93% de las víctimas aún no han accedido a este derecho”.

También hay problemas de seguridad

Finalmente, otra de las solicitudes recurrentes de las víctimas generalmente se refiere a las condiciones seguridad, esto debido a las continuas amenazas contra sus vidas, así lo reconoce la Comisión de seguimiento del Congreso.

Así lo reconoce el legislativo, “la vigencia de esta exigencia es indudable frente al contexto de amenazas y asesinatos sistemáticos de líderes sociales y comunitarios, particularmente de los reclamantes en procesos de restitución de tierras”, señala el informe. Desde la comisión especial  hace un llamado a la acción en la implementación de planes de prevención y protección por parte de la Unidad para la Protección, el Ejército, la Policía y la Defensoría.

JUAN PABLO PARRA

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