Amnistía y justicia restaurativa para la paz

Amnistía y justicia restaurativa para la paz

Asesor de las Farc expone argumentos en contra de la idea de que Ley de Amnistía quedó ‘mal hecha’.

Amnistía y justicia restaurativa para la paz

Guerrilleros de las Farc concentrados en la zona Mariana Páez, del municipio de Mesetas, Meta, el día en que finalizó el desarme.

Foto:

Raúl Arboleda / AFP

08 de agosto 2017 , 11:13 p.m.

Inmersos en un azaroso proceso de implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz y coincidiendo con la práctica finalización del proceso de dejación de armas de las Farc-Ep, han arreciado las criticas tanto a la Ley de Amnistía como al proyecto de Ley Estatutaria que debe convertir en norma jurídica el contenido del punto 5.1.2 del Acuerdo, “Justicia”, ambas sin duda las materias más complejas de lo debatido en la mesa de conversaciones a la vista de los veinte meses que se necesitaron para alcanzar consenso.

En cualquier proceso de negociación para alcanzar el fin de una guerra –máxime si esta ha sido cruenta y ha durado más de 50 años–, ambas partes deben ceder en sus aspiraciones ideales, por lo que el resultado nunca es del pleno agrado de nadie.

El difícil equilibrio entre paz y justicia es la piedra angular de cualquier acuerdo, y eso lo sabe el pueblo colombiano, que en apenas 200 años de independencia ha visto aprobadas casi 80 normas de amnistía e indulto para poner fin a conflictos, alzamientos o rebeliones.

Si repasamos las últimas leyes de amnistía colombianas –Ley 35 de 1982, Ley 77 de 1989, Decreto 206 de 1990, Ley 241 de 1995, entre otras–, comprobaremos que todas ellas eran mucho más escuetas al establecer conductas no amnistiables que la ahora debatida Ley 1820, excluyéndose de la amnistía únicamente “el secuestro”, “los delitos atroces” y el “homicidio por fuera de combate con sevicia o aprovechándose de situación de indefensión de la víctima”, y esto solo en alguna de ellas.

La Ley 1820 excluye un listado de conductas mucho más extenso (art. 23): “delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores (..)”.

Algunos han argumentado que tan laxas regulaciones de las amnistías anteriores a la Ley 1820 eran posibles por no haberse aprobado el Estatuto de Roma en tales fechas, argumento inconsistente desde el punto de vista del derecho, ya que los crímenes internacionales perpetrados en conflictos armados son no amnistiables e imprescriptibles desde la aprobación de la cláusula Martens en 1899.

El análisis de la adecuación al derecho internacional –marco de referencia jurídica consensuado en el Acuerdo Final– tanto de la Ley de Amnistía como de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no pueden hacerse aisladamente como ha ocurrido en estos días, manifestándose críticas en torno a una norma cualquiera de estos textos legales, tomada individualmente, sin inscribirla en el contexto global, determinado no ya por el Acuerdo Final, sino ahora también por el Acto Legislativo 001/2017, que incorporó a la Constitución el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

La JEP y la Ley de Amnistía (pág. 147 a 153 AF), entre otras, son normas que forman parte inescindiblemente de dicho sistema.

La principal equivocación repetida estos días por los que aseguran que la ley quedó “mal hecha” consiste en afirmar que la ley de amnistía crea “beneficios a personas sentenciadas o a personas protegidas como miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, sin hacer reconocimiento, sin hacer aportes de la verdad, sin hacer reparaciones de labores sociales”.

Quienes hacen tales afirmaciones demuestran no haber leído ni el Acuerdo Final (pag. 130 y numeral 27 JEP), ni la ley de amnistía (artículo 14, obligación del amnistiado de contribuir al esclarecimiento de la verdad y de cumplir las obligaciones de reparación impuestas), ni el Acto Legislativo 001 de 2017, que expresamente indica en su artículo transitorio 1.º: “Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la JEP”. El árbol no les dejó ver el bosque.

Los críticos parecen no entender la naturaleza de la amnistía –“la más amplia posible”, art 6.5 del Protocolo Adicional II– en los sistemas de justicia transicional para la paz ni el alcance del perdón al delito político y sus conexos para garantizar la reconciliación y el Nunca Más del conflicto armado.

No es la Ley de Amnistía la que debe “acercarse” a la idea de justicia restaurativa –a pesar de, por las dudas, la hace suya en su artículo 14–, sino que son la JEP y el SIVJRNR –del que forma parte la Ley de Amnistía– los que deben garantizar la aplicación plena de dicha justicia restaurativa, incluso en el caso de los amnistiados o destinatarios de medidas equivalentes, tal y como está previsto en el Acuerdo Final, en el AL 001/2017, y en el actual borrador de Ley Estatutaria presentada en el Congreso (arts. 18, 24, 35 y 36).

Ningún amnistiado tiene obligación individual de reparar a las víctimas por haber perpetrado delitos amnistiables, o al menos esa previsión no existe en el derecho internacional. Y ello porque el delito político, en que consiste la rebelión, por sí mismo no causa víctimas, pudiendo incluso ser considerado una obligación política: “A fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, reza el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el debate jurídico, la única “víctima” de la rebelión es la tiranía y la opresión, y estas nunca deben ser reparadas. La amnistía –o el tratamiento equivalente– hace desaparecer la conducta antes proscrita; su efecto jurídico es la desaparición del ilícito y de sus consecuencias.

A contrario sensu, los guerrilleros amnistiados por delito político o conexo cometido en el marco de la rebelión, al igual que los agentes del Estado respecto a los cuales se haya acordado la renuncia a la acción penal –también únicamente por los delitos amnistiables–, cuando a la vez sean responsables de cualquiera de las conductas no amnistiables previstas en el artículo 23 de la Ley de Amnistía, deberán reparar a las víctimas si son acreedores de una sanción propia o alternativa prevista en la JEP para quienes reconozcan verdad.

Pero, si no aportan verdad, no tendrán obligación legal de cumplir una sanción restaurativa o reparadora, sino que tendrán que enfrentar una sanción de hasta 20 años de reclusión. Este es el verdadero agravio a las víctimas existente en la JEP y en la totalidad de sistemas penales que contemplan sanciones retributivas puras, que estas no contemplen ningún mecanismo ni obligación de reparación a las víctimas.

Los ahora críticos de la Ley de Amnistía no han llamado la atención sobre este punto. Para ellos la reparación puede ser sustituida con la simple retribución, concretada en años de cárcel, aunque ello no es respetuoso ni con los derechos de las víctimas ni, en general, con el derecho internacional de los derechos humanos, que prohibe reclusiones prolongadas cuando pueden ser consideradas trato inhumano, cruel o degradante. Sin olvidar la situación de las cárceles de Colombia –“estado de cosas inconstitucional”, según la Corte–.

Los críticos han omitido que cualquier interviniente en el conflicto tiene la obligación –exigencia– ética y jurídica de aportar verdad y reparar para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia, cuando así se determine por el Tribunal para la Paz, tal y como se establece en el art. transitorio 1.º del AL 001/2017.

También se ha criticado la configuración de la sanción alternativa prevista en el artículo 137.3 del borrador de Ley Estatutaria de la JEP, con el contradictorio y errado argumento de “permitir rebaja de penas para quienes no reconozcan su responsabilidad al iniciar sus procesos en la JEP”, arguyendo que la redacción de dicho artículo “es una modificación de lo pactado en Cuba”, que “en la práctica significa que (…) después de entre dos y medio y cuatro años podrá salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena con penas alternativas (sic)”.

En lo único que acierta dicha crítica es en que, efectivamente, quienes sean condenados a cumplir una sanción alternativa, después de haber cumplido el 50 por ciento inicial en condiciones de reclusión –sin reparar a las víctimas– podrán cumplir el resto de la sanción mediante penas también “alternativas”, consistentes, ahora sí, en reparar a las víctimas.

Contradictorio argumento porque no puede defenderse la necesidad de reparar a las víctimas y estar a la vez en contra de que también los sancionados a penas alternativas tengan dicha obligación de reparar, además de cumplir sanción de reclusión. Errado, porque en La Habana no se acordó que las sanciones alternativas fueran exclusivamente retributivas, sino que tuvieran un componente “esencialmente” retributivo, esencialidad que en nada se altera por la hipótesis de que el juez decida, atendiendo al grado de verdad ofrecida y a su exhaustividad, que el tramo final de la condena se cumpla no de forma pasiva en una cárcel, sino realizando trabajos concretos reparadores con restricción de libertad. Y porque a la hora de graduar las sanciones, el acuerdo sobre la JEP (pág. 171) establece unos criterios claros para ello, criterios a su vez recogidos literalmente en el artículo 129 del borrador de Ley Estatutaria.

Pero, lo mas contradictorio es que quienes formulan estas criticas son los mismos que defendieron durante las conversaciones, por su supuesta perfección, el sistema de justicia transicional previsto en el denominado Marco Jurídico para la Paz (AL 01/2012), aquel que pretendía juzgar únicamente a los “máximos responsables” con posterior “suspensión de la pena” y renuncia a la persecución penal de todos los casos “no seleccionados”, y sin contemplar ningún tipo de sanciones restaurativas. La paja en el ojo ajeno.

ENRIQUE SANTIAGO
Especial para EL TIEMPO
Abogado español y asesor de las Farc en temas judiciales.

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA