Líderes asesinados: la mayoría, en zonas claves para la paz

Líderes asesinados: la mayoría, en zonas claves para la paz

De los 101 asesinados y desaparecidos de manera forzada el año pasado, 65 estaban en estas regiones.

Líderes sociales asesinados en el Cauca

El municipio de El Tambo, también sufrió de la violencia contra los líderes sociales. En él, se presentó el asesinato de: Mauro Tálaga Campo (23 de abril).

Foto:

Archivo EL TIEMPO

17 de octubre 2017 , 11:40 p.m.

Si bien la paz con las Farc redujo significativamente el número de muertes por razones del conflicto armado, desde la firma de los acuerdos con esa exguerrilla han aumentado los asesinatos y las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos debido a disputas por el control territorial.

Esta tendencia comenzó a mediados del 2016 –cuando ya estaba cercana la paz con las Farc– y se ha mantenido en lo que va del 2017, según un estudio conjunto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Las cuatro instituciones se unieron, compararon los informes que sobre el tema se presentan desde distintas organizaciones sociales y ONG y depuraron las cifras.

El resultado de ese estudio, titulado ‘Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017’, da cuenta de que el año pasado hubo en total 98 homicidios y 3 desapariciones forzadas.

Quizás lo más novedoso e interesante del trabajo de los investigadores es que, al cruzar los datos, encontraron que el mayor número de muertes y agresiones ocurre en zonas cocaleras y en las regiones delimitadas para las circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes.

Según el informe, en 14 de esas 16 zonas hubo asesinatos de líderes sociales. De hecho, ocurrieron 64 crímenes de los 98 registrados el año pasado, y 1 de las 3 desapariciones forzadas reportadas.

Y por municipios, hubo crímenes en 35 de los 170 que conforman esas zonas, priorizadas por el Gobierno para la inversión rural por haber sido las más afectadas por el conflicto armado. En cuanto a la relación de zonas cocaleras con los asesinatos, el informe señala que 31 de los 84 municipios con crímenes tenían cultivos de hoja de coca.

Encabezan la lista Tumaco (Nariño), donde el jueves 5 de octubre resultaron muertos 6 campesinos cocaleros cuando protestaban contra un operativo de erradicación forzada, El Bagre (Antioquia), Corinto, Caloto, El Tambo (Cauca) y Buenaventura (Valle).

Por departamentos, el Cauca se ratifica como el territorio donde más riesgo corren los líderes sociales, con 35 muertos en el 2016. Los indígenas y campesinos aportan el mayor número de víctimas.

“No se perciben avances en términos de disminución de agresiones ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales; por el contrario, la situación empeora comparando el primer semestre de lo sucedido en 2015 y 2016”, dice el informe. Reitera que la tendencia se mantiene en lo que va del 2017.

Lo más grave, afirman los investigadores, es que pese a las denuncias de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, además del Cauca, Antioquia, Valle y Nariño siguen a la cabeza de departamentos con más crímenes. Ese año se sumaron a esa lista Chocó y Cesar.

“Esto debería alertar sobre la ineficiencia de las medidas de protección y seguridad adoptadas por las autoridades”, agrega el estudio.

Impunidad, la constante

Lo peor, de acuerdo con los investigadores, es que en la mayoría de los casos aún se desconocen los autores, pese a que el Acuerdo de Paz de La Habana establece la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar estos crímenes.

Solo para poner un ejemplo, en 58 asesinatos, de los 98 ocurridos en el 2016, el autor no ha sido todavía identificado.

Al ‘clan del Golfo’ o autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia les atribuyen 25 de los crímenes.

La situación de los líderes sociales llamó la atención del subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien estuvo recientemente en el país. Luego de una visita de seis días, Gilmour pidió al Gobierno, al Congreso y la justicia medidas efectivas contra los responsables de los crímenes. “Estamos hablando no solo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, añadió.

Precisamente, las cuatro instituciones que elaboraron el informe piden a la Fiscalía poner en marcha la Unidad Especial de Investigación, ya creada mediante decreto, para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Mesa en el Cauca para hacer seguimiento

En el Cauca, el departamento con más asesinatos de líderes sociales, 35 en el 2016, crearon una mesa de garantías, en la que, según la administración departamental, están, además de la Gobernación, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales para hacerles seguimiento a los hechos de violencia.

La administración seccional considera que eso permite buscar la verdad de los casos y tomar acciones. De hecho, en la Gobernación afirman que la violencia está relacionada con la llegada de otros grupos armados a las zonas que antes ocupaban las Farc en lugares como Toribío, Jambaló y Corinto, en el norte caucano, y Argelia y El Tambo, en el sur. Esos grupos, incluidas disidencias de las Farc o del Eln y bandas, tendrían nexos con minería ilegal y el narcotráfico. En esos reacomodos, según la administración seccional, los líderes comunitarios quedan en riesgo.

Algunos sectores denuncian en redes sociales la presencia de paramilitares relacionados con el ‘clan del Golfo’ y ‘Águilas Negras’, interesados en generar crisis, en especial, en sectores cercanos a las zonas donde están los excombatientes de las Farc.

REDACCIÓN PAZ

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