Del acuerdo de La Habana a la cruda realidad de Tumaco

Del acuerdo de La Habana a la cruda realidad de Tumaco

El acuerdo sobre drogas y cultivos ilícitos está desbordado por la realidad Colombiana.

Sustitución de cultivos ilícitos

Defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se movilizaron para pedir al Gobierno la implementación de lo acordado en sustitución de cultivos ilícitos.

Foto:

Leonardo Muñoz / EFE

07 de octubre 2017 , 11:40 p.m.

La muerte de un número aún impreciso de campesinos esta semana en una zona rural de Tumaco, en medio de un forcejeo entre la Fuerza Pública y cocaleros que se oponían a un operativo de erradicación de sus cultivos, dejó al descubierto que el acuerdo de La Habana sobre drogas y cultivos ilícitos está desbordado por la realidad en el terreno.

Tumaco es hoy el más crudo escenario de los desafíos que enfrenta el posconflicto. Y también es la prueba de que, por lo menos hasta ahora, al Estado le está quedando grande la tarea.

El puerto nariñense no solo concentra el 16 por ciento de los cultivos de hoja de coca del país y la más cruenta disputa territorial de narcotraficantes –entre enero y septiembre hubo 129 homicidios, 23 más que en el mismo periodo del 2016–, sino también una aguda y creciente tensión entre la Fuerza Pública y los cocaleros. Comenzó en abril con el asesinato de un agente antidisturbios y la retención de 11 policías antinarcóticos de parte de campesinos.

Con la Fuerza Pública en tensión, los cocaleros a la defensiva y los narcotraficantes presionando, un episodio como el ocurrido el jueves era apenas previsible. Testimonios de campesinos presentes en el lugar indican que la Fuerza Pública abrió fuego cuando vio que los manifestantes cocaleros se le acercaban.

En medio de la frágil situación de Tumaco, el Estado ha optado por privilegiar la erradicación forzada de los cultivos ilícitos para mostrar resultados a Washington, que presiona por la reducción de esos plantíos.

Hasta ahora, en ese municipio son marginales los logros del programa de sustitución voluntaria, eje del pacto antidrogas de La Habana.

En Tumaco se va a avanzar en la sustitución voluntaria, pero no todos los campesinos van a entrar a ella porque el programa es solo para quienes tienen menos de 3,8 hectáreas

Aunque hay acuerdos individuales de sustitución con 1.908 familias, y colectivos con 7 comunidades, según la Oficina de Drogas de la ONU los compromisos para erradicar voluntariamente abarcan, a la fecha, solo 357,8 hectáreas.

Esta cifra equivale apenas al 1,5 por ciento de las 23.148 hectáreas de hoja de coca detectadas en Tumaco en el 2016.

En cambio, mediante el programa de erradicación forzada, en medio del cual se dio el conflicto del jueves, van 9.500 hectáreas destruidas.

El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, sostiene que “en Tumaco se va a avanzar en la sustitución voluntaria, pero no todos los campesinos van a entrar a ella porque el programa es solo para quienes tienen menos de 3,8 hectáreas y hay gente con cultivos industriales”. Estos serán erradicados.

Toda esta situación pone en evidencia que hay un gran trecho entre lo que se firmó en La Habana y lo que se puede hacer en el terreno.

Para el caso de Tumaco, no era suficiente pactar con las Farc la sustitución voluntaria, porque esa exguerrilla había contribuido a crear allí una tensión desconocida para el país entre campesinos y comunidades afro. Particularmente, en la zona donde ocurrió la matanza: Alto Mira y Frontera.

La calma allí se rompió en el 2002, cuando, según la historia que relatan los campesinos afrocolombianos (organizados en el Consejo Comunitario Pueblo Negro Alto Mira y Frontera), con el respaldo de las Farc, comenzaron a instalarse en su territorio colectivo (de 24.000 hectáreas) cocaleros desplazados por el Plan Colombia de lugares como Putumayo y Caquetá. “Se metieron a la reserva forestal del territorio colectivo, tumbaron selva y comenzaron a cultivar coca”, contó un líder comunitario.

En el 2009 ya esos cocaleros nómadas se habían organizado y crearon una asociación hoy conocida como Asominuma, a la que pertenecen los muertos del jueves. Una evidencia de las tensiones entre campesinos patrocinados por las Farc y las comunidades negras fue el asesinato, en el 2015, en pleno proceso de paz, del dirigente del Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, Genaro García. La exguerrilla, desde La Habana, reconoció el hecho como un error. Por eso, en esa convulsionada zona de Tumaco, el acuerdo de paz con las Farc creó la ilusión de que se acabarían las tensiones entre las comunidades. Pero esto no ha ocurrido.

La conducción del posconflicto en Tumaco exige, hoy, un golpe de timón.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG

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