Coca: ¿aspersión, erradicación o sustitución?

Coca: ¿aspersión, erradicación o sustitución? 

El debate está atravesado por la polarización frente a los acuerdos de paz. Expertos opinan.  

Fumigación de cultivos ilícitos

Durante 15 años se aplicó un ambicioso programa de aspersión aérea con glifosato.

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Federico Puyo / Archivo EL TIEMPO

29 de octubre 2017 , 05:08 a.m.

El debate sobre la estrategia antidrogas está tan politizado que los protagonistas de la discusión parecen haber olvidado que el país ya experimentó todo en su lucha contra la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína y que nunca, en las últimas dos décadas, Colombia ha dejado de ser el primer productor mundial de esa droga.

En su lucha contra las drogas, el país llegó a tal extremo de que, en los comienzos del Plan Colombia, la cárcel de Mocoa, capital del Putumayo –el departamento con más cultivos de coca en ese entonces–, se llenó de humildes raspachines, entre ellos muchas mujeres, que fueron capturados para mostrarle resultados a Estados Unidos.

De las 37 mujeres presas que había en esa prisión en abril del 2000, 31 habían sido detenidas en los cultivos cocaleros. En la cárcel se las veía con las botas pantaneras que llevaban puestas cuando raspaban la hoja de coca.

“La cosa se puso así desde febrero, cuando comenzaron con el cuento del Plan Colombia. Por justificar un proyecto cogen a un raspachín y lo presentan como a un mafioso”, le dijo en ese entonces a esta reportera un sacerdote de Mocoa.

Hoy, 17 años después, Putumayo es el segundo departamento del país con más cultivos de coca, después de Nariño. Y Colombia, según la medición de la ONU, terminó el 2016 con 146.000 hectáreas de plantíos ilícitos, apenas 20.000 menos de las que había en el 2000. Es decir, nada ha cambiado mucho aunque durante 15 años se aplicó un ambicioso programa de aspersión aérea con glifosato.

El peso de la evidencia

Es más, un trabajo de la Universidad de los Andes coordinado por el hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y por el actual secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, concluyó que “la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos ilícitos han sido muy costosas y poco eficaces en reducir la producción de cocaína”.

Los dos señalaron en el estudio ‘Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos’: “La evidencia científica, no la ideología, debería guiar el diseño de las políticas antidrogas”.

Y para ellos, que recopilaron diversas investigaciones sobre el tema, la evidencia muestra que la interdicción de cargamentos de cocaína y la destrucción de laboratorios es “mucho más eficaz” porque “golpea mayormente la rentabilidad del negocio y tiene, por lo tanto, un mayor poder disuasivo”.

En el 2016, por ejemplo, la Policía y las Fuerzas Militares incautaron 362 toneladas de cocaína, equivalentes al 41 por ciento de la producción potencial de esa droga en el país cada año. Además, destruyeron 4.843 laboratorios, una cifra sin precedentes.

El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, afirma que la experiencia de Colombia en la lucha antidrogas indica que, además de la interdicción y la destrucción de laboratorios, la mejor estrategia, entre aspersión, erradicación forzada y sustitución voluntaria de los cultivos ilegales, es esta última.

“La erradicación forzada –dice Zuleta– puede producir resultados a corto plazo, pero los campesinos terminan sembrando en otro lado”.

De hecho, miles de campesinos que hoy siembran coca en Nariño llegaron a ese departamento tras ser desplazados por las fumigaciones aéreas desde el Putumayo y Caquetá.

En cambio, la sustitución voluntaria garantiza que los cultivadores tengan ingresos mientras el Estado materializa los programas sociales y de infraestructura que las comunidades requieren para sacar sus nuevos productos a los mercados y para hacer sostenible su vida en la economía legal.

Zuleta hace énfasis en la importancia de que el programa de sustitución voluntaria tenga un acompañamiento suficiente. “El riesgo es que el Gobierne no realice las inversiones que se requieren en las zonas cocaleras”, puntualiza. Por eso han fracasado anteriores proyectos de sustitución voluntaria.

Datos versus discurso político

Acabar con una hectárea de coca mediante la sustitución voluntaria vale 36 millones de pesos, que es lo que dará el Estado a cada familia durante los dos años que dura el acompañamiento.

Mientras tanto, erradicar una hectárea de manera forzosa puede terminar costando, por la resiembra, unos 39 millones de pesos, según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia.

Y mediante la aspersión aérea, la erradicación de una hectárea de coca vale entre 200 y 300 millones de pesos, según estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Todo esto sin contar el costo social.

Pero, como la lucha antidrogas está hoy atravesada por los acuerdos de paz con las Farc, y estos polarizan, el debate de los actores políticos hoy no está enfocado en determinar la estrategia más eficiente para acabar con la coca. Más bien, ellos están utilizando el tema para posicionarse de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO@MarisolGmezG

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