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Detectadas más de 4 millones de hectáreas para el posconflicto

Gobierno tiene ubicados los terrenos. El paso a seguir es sumarlos al banco de tierras.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.
Los acuerdos de La Habana en el tema agrario establecen la creación de un banco de tierras para entregárselas a quienes no las tengan o las posean de manera insuficiente. Sobre el papel el Gobierno tiene claro dónde puede conseguir esos terrenos, pero en la práctica la tarea apenas comienza.
En principio, hay un poco más de 4 millones de hectáreas ‘disponibles’ que podrían integrar el nuevo fondo de tierras.
Según lo acordado por Gobierno y Farc, en Cuba, este se alimentaría de las siguientes fuentes: tierras en extinción de dominio, recuperación de baldíos, predios resultantes de procesos de sustracción de reservas forestales y tierras inexplotadas, adquiridas o expropiadas por razones de interés social o donadas.
Las cuentas que hacen las entidades del Estado establecen que, por ahora, ese banco se nutrirá de los baldíos actuales que tiene la Nación (estiman que se puede recuperar más de un millón de hectáreas) y de la recuperación de los predios que fueron despojados al propio Estado (unos 2,5 millones de hectáreas de las que se apropiaron avivatos utilizando diversos mecanismos).
Es por ello que la Corte Constitucional, en la sentencia T-488 de 2013, ordenó recuperar cerca de 2 millones de hectáreas de baldíos de la Nación que fueron mal adjudicadas por jueces. (Lea: El censo agropecuario descubre una Colombia inesperada)
También esperan acudir a los terrenos que tiene decomisados la Sociedad de Activos Especiales (209.000 hectáreas, en procesos de extinción de dominio).
A esto hay que sumar los predios que están dentro de la llamada “sustracción de Ley Segunda” (que antes estaban en zonas de reserva ambiental y forestal), que pueden ser unas 400.000 hectáreas. Esos terrenos están en zonas de Cesar, sur de Bolívar y la región del Catatumbo, principalmente.
Hay que precisar que aún no se sabe por cuántas hectáreas debe quedar constituido el banco de tierras, pues este es uno de los temas que quedó pendiente de negociar luego del acuerdo en el punto uno de la agenda de La Habana.
Visto así, el tema parece fácil. Ahí podría haber más de 4 millones de hectáreas para esa nueva figura. Sin embargo, a la hora de conseguir físicamente la tierra el asunto comienza a presentar retos, en lo que el Gobierno ya ha avanzado.
‘Gran desorden’
El primero es lo que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, llama “el gran desorden” que hay en las tierras en el país.
“Todo esto es un procedimiento dispendioso. Lo más importante es determinar si existen las tierras y ver qué tipo de ocupación tienen”, dijo el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.
De acuerdo con el ministro Iragorri, una parte clave en el problema de las tierras se refleja en la informalidad. Por eso, el primer paso del Gobierno en este propósito será hacer el inventario real de los terrenos.
Según el funcionario, en Colombia hay cerca de 4 millones de predios, pero solo el 21 por ciento tiene títulos, mientras el 59 por ciento es de poseedores. “El resto es de tenedores (los que están en un predio del que no se es señor ni dueño). Es decir la ocupación es de arrendador o de quien tiene tierra de manera irregular”, dijo Iragorri.
El funcionario señaló que entre 1960 y el 2014 se adjudicaron 19 millones de hectáreas de baldíos a 675.469 familias. A esto hay que sumar las tierras entregadas a los indígenas (31 millones de hectáreas, incluida la Amazonia) y a los afros (5,3 millones de hectáreas). Según el Ministro, Colombia tiene alrededor de 114 millones de hectáreas.
Un segundo desafío es que casi cada metro cuadrado de tierra tiene un dueño, en muchos casos informal y en otros ilegal.
Para el Superintendente, el lío con los baldíos es que muchos están con ocupantes de buena fe, por lo que no se les podrá simplemente quitar la tierra. Solo en la altillanura, que prácticamente no tiene titulación, hay 79.000 colonos.
“Ese es un caso que hay que revisar con mucho cuidado porque son poseedores de buena fe que están haciendo producción”, señaló el Superintendente.
En ese sentido, Vélez admitió que el proceso desordenado que se ha visto con la ocupación de los baldíos y su legalización ha generado esa alta informalidad en la tenencia.
Otra tarea para concretar los 4 millones de hectáreas para el banco es la capacidad institucional para recuperar la tierra.
“La apropiación y la ocupación indebida de tierras de la Nación es muy alta y desafortunadamente la capacidad del Estado para recuperarlas es muy débil”, señala el informe ‘Misión para la transformación del campo’, un documento con una serie de recomendaciones al Gobierno con el fin de apoyar “la formulación de una política de ordenamiento social de la propiedad rural”.
El informe muestra como ejemplo el caso de los procesos agrarios de recuperación a cargo del Incoder. Las cifras revelan que de los 1.567 casos que fueron atendidos en el 2012 solamente el 7 por ciento culminó con resolución definitoria (20 por ciento de la meta) y que estos casos habían sido iniciados hace 12 o 13 años atrás.
Además, señala el estudio que no hay una información sobre la disponibilidad real de baldíos de la Nación ni de sus condiciones jurídicas y físicas.
Otras posibles fuentes para conformar el banco también exige esfuerzos.
En lo que tiene que ver con los dos millones de hectáreas de la T-488, el ministro Iragorri dijo que es necesario un proceso, pues “todas están ocupadas”.
Mientras tanto, los procesos en la Sociedad de Activos Especiales (que maneja tierras incautadas especialmente a narcotraficantes) son lentos (tardan entre 9 y 12 años) y tienen líos jurídicos porque muchos de los predios están en manos de testaferros.
Actualmente este organismo maneja 23.000 predios, de los cuales el 27 por ciento son rurales. Pero solo el 11 por ciento de esos inmuebles está en extinción de dominio, mientras el 89 por ciento está pendiente de definición judicial.
En suma, el Gobierno ya tiene ubicado donde está la tierra y está en la tarea de determinar en qué estado se encuentra y en qué condiciones están los que tienen. (Lea: Informalidad en la propiedad, principal problema del campo en el país)
Luego vendrá la tarea de recuperarla, que exigirá grandes costos económicos, pero a la que le apuesta el Gobierno.
Tanto el ministro Iragorri como el superintendente Vélez son conscientes de que el tema de la tierra será un reto, pero que es una decisión del Gobierno.
“Estamos alistando esa tierra. Este es un compromiso del Gobierno y lo vamos a cumplir sin quitarle tierra a nadie que la haya adquirido legalmente. Vamos a seguir garantizando la propiedad privada en Colombia”, dijo Vélez.
Predios que ya están en el banco
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) recibió el pasado mes de manera material las 25.958 hectáreas de los herederos del extinto ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza. Esa es la cuota inicial al banco de tierras.
Aunque la viuda de uno de los hijos de Carranza intentó oponerse, el representante legal de la Ganadería La Cristalina, Hollman Carranza, oficializó la devolución del terreno. Se trata de 27 predios, ubicados en Puerto Gaitán (Meta). Las fincas fueron recuperadas mediante la figura de revocatoria directa.
Claro que parte del éxito se debió a que La Cristalina decidió devolver los terrenos de manera voluntaria, sin acudir a algunas figuras jurídicas a las que todavía tenía derechos.
Incluso Hollman Carranza le envió una carta al Incoder en la que señala que esto lo hizo “apoyando a las autoridades legítimamente constituidas, que en la actualidad propenden por restablecer la paz”.
El Incoder encontró que estos terrenos, otorgados como baldíos en 1992 y 1996 por el antiguo Incora, violaban varias normas sobre baldíos, como la titulación a destinatarios ilegítimos. Además, no eran ocupados por sus adjudicatarios y tampoco se acreditó la ocupación y aprovechamiento de esos terrenos con pastos o ganado.
Así como esta tierra, el Gobierno avanza en este momento en la recuperación en Vichada de 38.000 hectáreas que están en poder del prófugo excongresista Habib Merheg.
También está avanzada la recuperación de unas 280.000 hectáreas de baldíos en San Vicente del Caguán.
Catastro rural se debe actualizar
Parte del lío de la tierra en Colombia se debe a la desactualización catastral “alarmante”. Según el director del Igac, Juan Antonio Nieto, el porcentaje de desactualización es de más del 60 por ciento.
Para él, sin un catastro rural actualizado no será posible alcanzar la paz en el país. “Una de las bases fundamentales para lograr la paz es ordenar el suelo rural a través del catastro”, aseguró.
Este asunto incluso fue abordado en La Habana, donde se acordó iniciar un plan masivo de formalización de predios, la creación de un sistema general de catastro y una normativa municipal para el cobro del impuesto predial. Una nueva jurisdicción agraria, en caso de un acuerdo de paz, complementaría estos cambios.
El Igac, junto con el Departamento de Planeación Nacional (DNP), formularon lo que se ha denominado el Catastro Rural Multipropósito, el cual permitirá que la administración, gestión y gobernanza de la tierra rural parta desde la disposición y conocimiento real de los predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios.
Según Simón Gaviria, director del DNP, el Gobierno pretende ordenar el territorio rural para buscar un mayor acceso a la tierra por parte de los productores del campo sin tierra o con tierra insuficiente, además del uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad.
Actualmente el Igac trabaja la estructuración de un “inventario preliminar de baldíos”.
Dentro de lo que hasta ahora ha hallado se destaca que en el país hay 959.604 predios, con una extensión de 26’473.486 hectáreas, sin matricular.
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.
Subeditor de Política
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JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.
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