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Hay 'campo' para un acuerdo en La Habana

Lo que acerca y distancia al Gobierno y a las Farc en materia de tierras.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Aunque las Farc volvieron a la carga esta semana, al conminar al ministro Juan Camilo Restrepo a ir a La Habana a explicar la ley de desarrollo rural, y al pedir claridad sobre "el juego" del Gobierno, que supuestamente no considera en sus programas agrarios lo que se discute en la mesa de diálogos y lo propuesto por la gente, la distancia entre lo que ellas y el Estado plantean para el campo es hoy menos larga que hace unos años.
Erradicar el latifundio improductivo, una de las propuestas que la guerrilla lanzó esta semana, es ya una meta del presidente Juan Manuel Santos con la ley de desarrollo rural. Y no porque el Gobierno se haya vuelto comunista, sino porque la brecha entre el uso y el potencial de la tierra es real, y acortarla es parte de lo que el país necesita para convertir al campo en eje de crecimiento. (Lea: los mecanismos para refrendar acuerdos de paz).
Las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi indican que de las 21,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, se están usando solo 5 millones. Y que se emplean 38 millones en ganadería, cuando son aptas solo 20 millones.
Hasta el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que se marginó del foro de tierras convocado por el Gobierno y las Farc argumentando que no da discusiones con la guerrilla, admite este problema. "Los ganaderos y el país tienen que hacer un esfuerzo para reconvertir estas tierras a la agricultura, o incluso a la reforestación", le dijo a EL TIEMPO.
Hay diferencias, sin embargo, en los objetivos. Para los dueños del latifundio, las hectáreas reconvertidas a la agricultura deberían rentar para ellos mismos. Desde otros puntos de vista, incluido el de las Farc, debería ser para ubicar población campesina.
Frente al latifundio improductivo, todo debe empezar -como bien dice uno de los estudiosos del problema agrario y consultor de la ONU, Absalón Machado-, por definir qué se considera como tal.
Para erradicarlo, la ley de desarrollo rural contempla figuras jurídicas que ya existen pero que nunca se han aplicado, como la compra o la expropiación con indemnización. Se aplicarían, por ejemplo, a baldíos. "El Gobierno tiene una política audaz, de avanzada, haya o no negociación con las Farc, y la hará respetando la propiedad privada", reitera el Ministro de Agricultura.
En todo caso, muestra de una distancia menos larga hoy con esta guerrilla es que ya no habla de erradicar todo latifundio. Independientemente de lo que busque con los pronunciamientos que hace en La Habana antes de comenzar las sesiones de diálogo con los negociadores del Gobierno -probablemente ratificar a su tropa que no está claudicando-, es claro que ya no pone en cuestión la propiedad privada.
También frente a la propiedad extranjera hay unas Farc más pragmáticas. En su propuesta agraria hablan de ponerle límites.
Precisamente, el proyecto sobre extranjerización de la tierra que el Gobierno presentó al Congreso y que está para primer debate -hay otro, del senador Juan Lozano-, busca que no sea para dejarla engordar, sino para hacerla productiva y generar empleo. Propone un registro que incluya, entre otras cosas, el capital y la tecnología que le invierten.
Claramente en la inversión extranjera, como en el latifundio, una de las tensiones con las Farc está en el tamaño que aceptan. Lo dejaron ver el viernes, cuando le atribuyeron "demagogia" al ministro Restrepo por anunciar control a estos capitales, pero permitir que Cargill, la mayor comercializadora de granos del mundo, esté embarcada en un proyecto de "90 mil hectáreas" en el Meta para producir cereales.
Por otro lado, esta guerrilla acepta hoy la convivencia de distintos modelos de producción, el de pequeños campesinos y empresarios, pero mantiene una profunda desconfianza sobre la asociación de los dos. Cree que el campesino terminará siendo un pobre empleado. Uno de los promotores de las alianzas, el presidente de la SAC, Rafael Mejía, cree que "hay espacios para el diálogo".
En últimas, por lo menos en lo que se ve hasta ahora, la existencia del latifundio, la inversión extranjera y la coexistencia de distintos modos de producción ya no son puntos muertos con las Farc. El diablo, sin embargo, estará en los detalles.
"El Gobierno tiene una política agraria audaz, haya o no negociaciones con las Farc, y se hará respetando la propiedad privada".
Juan Camilo Restrepo
Ministro de agricultura
"Hasta ahora, lo que se ha notificado al pueblo es que ninguna de las opiniones vertidas en los diálogos y espacios de participación será tomada en cuenta".
'Iván Márquez'
Jefe de los negociadores de las Farc
"Se ven coincidencias del Gobierno y las Farc en puntos como el latifundio improductivo, pero no se sabe qué instrumentos proponen".
Absalón Machado
Experto en tierras
"Creo que hay una evolución en los planteamientos nuestros y de las Farc. Hay que escuchar a la contraparte".
Rafael Mejía
Presidente de la SAC
"Aquí hay concentración de tierra ilegal y legal. Esta última tiene que ser protegida por el Gobierno".
José Félix Lafaurie
Presidente de Fedegán
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
margir@eltiempo.com
@margogir
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