Conductores borrachos serían detenidos hasta por 36 horas
Por: REDACCIÓN POLÍTICA |
Representación que hace Prevención Vial para disuadir del uso de licor mientras se conduce.
Foto: Archivo / EL TIEMPOLa propuesta será incluida en la reforma de la justicia, ante caída de proyecto contra borrachos.
Tras el hundimiento del proyecto de ley que castigaba con pena privativa de la libertad a los conductores ebrios y a los que estando bebidos causaran víctimas fatales, este miércoles surgieron nuevas alternativas legales para evitar estos casos que registran altos índices de mortalidad en el país.
El Partido Liberal anunció que tiene un 'plan B', que impulsará a través de la reforma de la justicia. Se trata de darle facultades a la Policía para "conducir" hasta por 36 horas a centros especiales a las personas que se conviertan en un riesgo para sí mismos o para terceros cuando estén bajo el efecto de sustancias alcohólicas o alucinógenos.
El liberal Luis Fernando Velasco aseguró que el tema será incluido en el Código de Policía, a través de una ley reglamentaria que se presentará después de aprobada la reforma judicial. "La medida se aplicará a todo el mundo, incluidos magistrados y congresistas, y no genera un antecedente judicial. Un conductor ebrio debe ir a pasar la borrachera y el guayabo en un calabozo de una estación de Policía", explicó Velasco. (Lea también: Miles de tuiteros piden la renuncia del senador Merlano)
El jefe único del liberalismo, Simón Gaviria, aseguró que esta propuesta es una salida rápida para castigar a quienes manejan bajo el efecto de sustancias alucinógenas o alcohólicas.
La reforma judicial entra a séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara la próxima semana y, hasta el momento, hay acuerdo entre los ponentes para mantener esta medida en el texto.
Prueba sería obligatoria
Por otro lado, la Comisión Sexta de la Cámara está pendiente de darle tercer debate a un proyecto de ley para reformar el Código de Tránsito que, entre otras cosas, hace obligatoria la prueba de alcoholemia cuando es solicitada por la autoridad. Se establece el grado uno de alcoholemia para castigar todos los niveles de alicoramiento.
Juan Lozano, autor de la iniciativa, afirmó que "quienes estén en grado uno de alcoholemia se hacen acreedores a todas las sanciones administrativas y se reduce prácticamente a cero el nivel de tolerancia con el alcohol".
Esto permite que las autoridades puedan inmovilizar el vehículo de quien conduzca en algún grado de embriaguez y ordenar la suspensión inmediata de su licencia de conducción.
Esta iniciativa será abordada la próxima semana y tiene ponencia positiva. De ser aprobada, pasaría a su último debate en la plenaria de la Cámara.
Corte no se oponía a ley
Aunque la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el exceso de leyes que han contribuido al hacinamiento carcelario, nunca ha hecho referencia al proyecto que se hundió en el Congreso. Lo que sí criticó fue la excesiva aprobación de normas que todo lo resuelven con prisión. En una reciente tutela, ese tribunal advirtió que, "así como es elección del Estado impulsar una política de criminalización (...), con esa misma diligencia debe actuar frente a las consecuencias que estas generan".
Cara y sello de iniciativa contra borrachos que se hundió
Germán Navas, del Polo Democrático, votó en contra del proyecto
¿Cuál fue su argumento para oponerse?La propuesta que nos traen implica que después de un procedimiento que puede durar más de seis meses, al contraventor le aplican una multa que puede ser convertida en arresto los fines de semana. Esto no evita lo que los ciudadanos queremos, y es que inmediatamente cojan al conductor ebrio le apliquen la sanción. Para llegar a una sentencia, según lo que estaba en el proyecto, se requiere la acusación de un fiscal, de la policía judicial que hizo los exámenes al principio y la asistencia de un perito para determinar el estado de embriaguez, dictamen que puede ser controvertido. Además, se necesita un juez de garantías y uno de fallo, y este último tendrá que citar una audiencia con un defensor y un acusador. Termina eso y el proceso podrá ser apelado.
¿Su oposición fue jurídica, no filosófica?
Cuando era juez permanente de Bogotá apliqué una gran cantidad de sanciones porque me lo permitía la ley. Encontraba borrachos y les metía hasta 72 horas de cárcel.
¿A los ponentes y a la autora del proyecto les faltó asesoría?
No los critico. En estas situaciones deben aplicarse sanciones breves, pero rápidas.
¿Qué propone?
Montar el sistema de pequeñas causas. Hay que hacer una ley que determine quién será el encargado de aplicar sanciones, que en un procedimiento, que ya no requerirá la presencia de un fiscal, el inspector de Policía haga la acusación inmediata contra la persona que maneja ebria.
Gloria Stella Díaz, del Mira, es la autora del proyecto
¿Por que se hundió el proyecto?
A algunos congresistas les pareció que las penas eran muy altas, y no comparten llevar esto a delito. El otro argumento era que se generaba un antecedente judicial por la pena del arresto, y eso crearía una inhabilidad para acceder a cargos de elección popular.
Navas dice que no hay necesidad de elevar esto a delito y que con una contravención bastaría...
Esa fue una posibilidad que se discutió al final. Él hablaba del hacinamiento carcelario y también le dimos respuesta a eso. Los conductores encontrados bajo los efectos del alcohol no necesariamente tienen que ir a centros penitenciarios, pueden ir a casas-cárceles de centros de integración.
¿Cree que casos como el del senador Merlano, que habría conducido ebrio, influyeron en el hundimiento del proyecto?
Es posible.
Ha dicho que volverá a presentar el proyecto, ¿qué modificaciones le hará?
Estamos dispuestos a dialogar, porque fueron 45 votos en contra y 44 a favor. Incluso con el doctor Navas, que ha sido uno de los grandes opositores del proyecto.
¿Aceptaría que conducir ebrio no sea un delito sino una contravención?
Podríamos hablarlo, pero lo que sí es un punto de honor es que una persona después de haber ingerido licor, sin importar la cantidad, no puede ponerse frente al volante. El tema de si es una nueva conducta penal o una contravención se puede discutir.
REDACCIÓN POLÍTICA
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