'Justicia justa para policías y soldados', pide Paloma Valencia

'Justicia justa para policías y soldados', pide Paloma Valencia

En entrevista con María Isabel Rueda, la senadora uribista defiende las modificaciones a la JEP.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Foto:

Cortesía Pablo Salgado / Revista ‘Bocas’

03 de julio 2018 , 01:16 a.m.

¿Este es un triunfo del gobierno saliente, al haber logrado que el Congreso aprobara el reglamento de la JEP, o una derrota, por cuenta de los cambios introducidos por las nuevas mayorías?

Fue un acuerdo, donde el Gobierno logró aprobar el reglamento de la JEP, pues sin nosotros no hubiera sido posible; y nosotros dimos el mensaje político en torno a las modificaciones que consideramos necesarias frente a la JEP y que fueron presentadas durante la campaña. El presidente electo empieza a trazar un rumbo y a presentarle a la ciudadanía resultados en torno a temas que muchos consideran críticos.

¿Pero por qué los militares no podían acudir a la JEP como estaba diseñada?

Porque no es aceptable que nuestras Fuerzas Armadas vayan a ser juzgadas en un tribunal diseñado por las Farc para las Farc. La Policía y el Ejército requieren una justicia justa. Las Fuerzas Armadas requieren un procedimiento distinto a aquel diseñado para las confesiones de los criminales, y a unos magistrados especialistas en DIH y en los manuales de operaciones de las Fuerzas; jueces escogidos con un procedimiento que garantice imparcialidad. Pero con respecto a su pregunta, hay que dejar de pensar en un país dividido entre el SÍ y el NO y en que un paso determinado signifique un triunfo para un grupo o para otro, y en cambio, en si supone una mejora sustancial a lo que había.

¿Contó su iniciativa con el visto bueno del presidente electo?

Por supuesto, el presidente Duque estaba enterado de todo lo que estábamos haciendo. Es más, muchas de estas propuestas las hizo él durante la campaña. Son temas que venimos manejando desde la campaña del NO. Son centrales para quienes elegimos al presidente Duque, y que vemos en su elección la reivindicación de la victoria del NO, que fue pisoteada por el Gobierno. Entendemos su compromiso de no hacer trizas los acuerdos pero al mismo tiempo de introducir las modificaciones que son absolutamente indispensables. No se les puede obligar a los policías y soldados a confesar crímenes a cambio de la libertad. Eso está bien con criminales, pero equivocado para inocentes. Puede forzar falsas confesiones, para no enfrentar un proceso donde hay que pagar abogado, existen dudas sobre la imparcialidad del juez y pesa una amenaza de cárcel de 20 años. Mientras que la confesión garantice la libertad, pues miles de confesiones –aunque sean falsas– pueden destruir el buen nombre de las Fuerzas.

En una frase: ¿cree que su logro principal consistió en haber congelado por 18 meses los procesos contra los militares hasta crearles una sala de juzgamiento especial?

El logro principal es que ya los colombianos saben que tienen un nuevo presidente: Iván Duque. Saben que ese presidente se la va jugar por buscarles a las Fuerzas Armadas una justicia justa y que no va a tolerar que quienes incumplen los acuerdos por parte de las Farc se refugien en artilugios de la JEP.

¿Va en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional desarticular lo que se suponía era la esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz?

El Gobierno ha insistido siempre en que todo el diseño para el sometimiento judicial de las FF. AA. no hizo parte de la mesa de negociación de La Habana. Lo que se refiere a las Fuerzas Armadas no se negoció allá, sino que fue una decisión unilateral del gobierno Santos. Por lo tanto, un nuevo gobierno, el del presidente electo, tiene la posibilidad de cambiarlo sin que esto signifique modificar los acuerdos. Además, siempre se habló de tratamientos simétricos y simultáneos pero diferenciados; a lo cual cabe hoy preguntarse cuál es la diferencia. El gobierno Santos nunca la buscó. Sometió a las FF. AA. a los jueces escogidos por 5 desconocidos, de los cuáles tres extranjeros que no tienen ninguna responsabilidad en Colombia y que no representan a ningún colombiano.

En materia de extradición: ¿es cierto, como opinan algunos, que se dejó a los magistrados de la JEP más como notarios que como jueces, o sea, como simples constatadores de una fecha?

El trámite de extradición es un procedimiento que parte de la confianza entre dos países. La evaluación de la justicia nacional es formal: la Corte Suprema hace un examen puramente formal: evalúa que se trate de la persona –no un homónimo–, que el delito sea delito en Colombia y que tenga más de cuatro años de cárcel. Jamás recibe pruebas sobre la comisión del hecho, ni las pide salvo para esos temas formales. La JEP no puede convertirse en un refugio para los delincuentes. La fecha de los hechos es la que aparece en la solicitud de extradición. La JEP debe corroborar que sea posterior a la firma de los acuerdos.

¿No tiene que haber alguito de pruebas de todas maneras para constatar una fecha?

No se me ocurre una prueba que no resulte siendo la prueba del hecho. Esa prueba es imposible, pues está bajo reserva por la justicia del país solicitante. Lo grave no es la extradición, lo grave es que después de tantos beneficios, los de las Farc sigan delinquiendo. Eso requiere contundencia del Estado, para que los otros se den cuenta de que no es un chiste burlarse de los acuerdos.

¿Usted sacó adelante las reformas al reglamento asumiendo el riesgo de que la Corte Constitucional declare inconstitucional por lo menos el artículo de los militares?

Defenderemos ante la Corte Constitucional nuestra posición. Además iniciaremos el trámite de modificar los actos legislativos del ‘fast track’. Nosotros consideramos fundamental que haya una nueva sala con nuevos magistrados, con otro procedimiento, que garantice defensa institucional. Como consideramos que quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad tendrán que reparar las víctimas y pagar su pena antes de poder ejercer cargos políticos. Son mínimos, con los que el presidente Duque está comprometido.

Según uno de los diseñadores de la JEP, el rector Juan Carlos Henao, esto en la práctica ‘hace trizas’ el acuerdo al abrir una sala nueva que no se contempló en él. ¿Qué piensa de esa afirmación?

El Gobierno ha insistido en que el tema de las Fuerzas no hace parte de los acuerdos, así que no hay como hacerlo trizas por ese lado. Y no estamos haciendo trizas el acuerdo, fíjese que nuestra voluntad inicial era derogar la JEP. Ahora, siguiendo el lineamiento del presidente electo, reconocemos la JEP, la ayudamos a avanzar aprobando su reglamento (es la primera vez que votamos algo relacionado con los acuerdos), pero haremos modificaciones para nuestro Ejército y Policía en los términos ya explicados. Creo que el doctor Henao tiene que entender que hay un nuevo presidente que fue líder del grupo que venció con el NO, que ellos con el Gobierno desconocieron.

El presidente insiste en que el acuerdo de paz es una política de Estado, y no simplemente de Gobierno. Incluso la Corte dice que lo acordado no se puede modificar en doce años…

El presidente tuvo la oportunidad de hacer una política de Estado y no la hizo. Cuando el NO ganó, y estuvimos dispuestos a negociar, el presidente Santos tomó la decisión de desconocer ese resultado y nuestras peticiones para modificarlo. La debilidad del acuerdo obedece precisamente a que el presidente Santos y su gobierno no quisieron tomarse en serio a medio país. Ahora tenemos una nueva gran oportunidad para reconstituir a la paz como una política de Estado, que represente tanto a los del SÍ, como a los del NO.

Hay muchos militares que ya habían solicitado su ingreso a la JEP porque les iban a aliviar las penas de la justicia ordinaria. ¿No es entonces desordenar lo que ya estaba más o menos ordenado?

Ellos podrán seguir sometiéndose, si así lo quieren. Nuestro interés está dirigido sobretodo a los miembros del Ejército y la Policía que se consideran inocentes y que no encuentran las garantías para demostrar su inocencia. Los beneficios actuales se mantienen.

El ministro de Defensa salió a decir lo contrario, textualmente: ‘continuarán siendo investigados por la Fiscalía y juzgados por la justicia ordinaria, sin posibilidades de acceder a los beneficios de la justicia transicional’. ¿Eso es verdad o es mentira?

El artículo aprobado es absolutamente claro, se pueden seguir sometiendo a la JEP y recibiendo los beneficios. Incluso pueden seguir siendo procesados si así lo expresan, mientras los demás podrán esperar la nueva sala. El problema que tiene el ministro es que no quiere oír lo que las Fuerzas Militares expresan. Ellas obedecen el mandato constitucional de que su comandante en jefe es el presidente Santos, y acatan lo que él orienta. Creo que les ha faltado franqueza en el diálogo con los policías y soldados. En las Fuerzas hay desconfianza sobre la imparcialidad de estos jueces, y con razón. Todos queremos lo mejor para nuestros hombres, creo que el ministro debe confiar en que esta es la prioridad para el nuevo Gobierno. En nuestra opinión hay fallas. Trabajaremos para mejorar sobre lo construido, siempre hay oportunidad de mejora.

¿No quedamos en el peor de los mundos? La JEP no puede investigarlos si los militares no quieren. Y la Fiscalía o la justicia penal militar tampoco, porque ya perdieron la competencia. ¿O acaso la recuperan con este cambio?

De lo que se trata es de darnos un plazo para hacer las modificaciones. No queremos impunidad para nadie. Queremos una justicia con garantías, jueces imparciales, presunción de inocencia. Colombia tiene una deuda con sus Fuerzas que han sido los ejércitos de nuestra democracia y que seguiremos necesitando para defenderla del narcotráfico, las bandas criminales y las disidencias. Nuestras fuerzas no pueden ser una cereza en el pastel de concesiones que se les entregó a las Farc.

He oído la teoría de que la JEP puede inaplicar este artículo acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad. ¿Cree que ella cabe?

Muy grave. La JEP en su corta existencia ya tiene una historia de abusos frente a los colombianos. Vacaciones en Venezuela para el ‘Paisa’, suspensiones de la extradición de Santrich. Ojalá no continúe en esa dirección. La JEP debe someterse a la ley.

Por último: ¿cómo está su bella Amapola? ¿Es cierto que la lleva a las sesiones del Congreso y que hasta le quita a usted el micrófono?

Divina, está en una etapa de imitarlo todo, y de tratar de decirlo todo. Es difícil ser mamá de una bebé y estar en la primera línea política. No hay molde para eso. Son las dificultades que enfrentamos las mujeres. Llevo a Amapola para que esté conmigo para no perderme nada de su crianza y para que tenga a su mamá a su lado, y al mismo tiempo poder cumplir como senadora de oposición y ahora de Gobierno.

Espero de esta manera, contribuir a la construcción de esos modelos de rol y posibilidades de ser en el mundo, con las muchas otras mujeres que se encuentran en situaciones similares en mi campo y en todos los campos de la vida.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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