Gran mayoría de entidades públicas están en alto riesgo de corrupción

Gran mayoría de entidades públicas están en alto riesgo de corrupción

Transparencia por Colombia dice que control de contratos y del empleo público son un problema.

Marcha anticorrupción

Las entidades del Estado, según Transparencia, están necesitando control social para contrarrestar la corrupción.

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Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

26 de abril 2017 , 05:05 a.m.

Ninguna, entre 167 entidades públicas evaluadas por Transparencia por Colombia, clasificó en nivel bajo de riesgo de corrupción.

En el Índice de Transparencia de las entidades públicas correspondiente al periodo 2015-2016, las mejor calificadas quedaron ubicadas en riesgo ‘moderado’.

De acuerdo con el informe de Transparencia, la gran mayoría de las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción ‘alto’ y ‘muy alto’.

Y la prueba es que en este rango quedaron el 60 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas, el 50 por ciento de las 32 contralorías departamentales, el 40 por ciento de las gobernaciones y el 19 por ciento de las entidades nacionales.

Para determinar el riesgo de corrupción en una entidad del Estado, Transparencia valora, según explica Marcela Restrepo, una de las directoras de esta organización, “el secreto y la opacidad, el exceso de discrecionalidad de los gerentes y autoridades públicas y el control que se hace a la gestión administrativa”.

La medición se hace sobre 100 puntos, y mientras más cerca está la entidad de ese valor en la evaluación, menor es su riesgo de corrupción.

Y de acuerdo con esa evaluación de Transparencia, de las entidades nacionales analizadas (75), la que tiene el riesgo más alto de corrupción es la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Su calificación fue de 47,5.

Le sigue en el ranking de mayor riesgo la Fiscalía General. Según Transparencia, la puntuación obtenida por el organismo de investigación es de 50,9, que lo ubica en un nivel de riesgo alto de corrupción. La entidad disminuyó su calificación en 11,6 puntos, en comparación con la medición 2013-2014.

“Para el caso de la Fiscalía, los mayores riesgos de corrupción identificados por el Índice de Transparencia Nacional están relacionados con el Sistema de Atención al Ciudadano”.

También se ve como una de sus “mayores debilidades” la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía a través, por ejemplo, de las líneas telefónicas. En este punto obtuvo una calificación de 0, pues la gente no recibe respuestas por medio de las líneas.

Otras entidades del Estado que se encuentran en riesgo ‘alto’, según Transparencia, son los ministerios de Justicia (59,6) y del Transporte (59,4).

Además, el Senado de la República (55,5), que en la medición 2013-2014 también estaba en ese mismo nivel de riesgo.

Entre las entidades estatales mejor calificadas, o con menor riesgo de corrupción están las superintendencias de Sociedades, con 86,7, y la Financiera, con 85 puntos. También aparecen con una calificación moderada Planeación Nacional, con 80,4, y la Contraloría General, con 80.

Departamentos críticos

En lo que tiene que ver con las gobernaciones, la que tiene el peor índice es la de Chocó, con 30,2. Esta es una zona en la que abundan las denuncias por corrupción.
Enseguida está la gobernación de La Guajira, con una calificación de 41,7. Ese departamento ha estado en los últimos tiempos afectado por detenciones de sus mandatarios, sindicados de corrupción.

También con riesgo muy alto aparece la administración departamental de Guainía, cuya calificación fue de 43.

Y en lo que se refiere a ciudades capitales, Transparencia encontró 8 en riesgo muy alto. Y, en esta clasificación, la que aparece como más propensa a las irregularidades es la administración municipal de Puerto Carreño, en Vichada. Su calificación escasamente llegó al 35,4

Llama la atención que en el estudio, la alcaldía de Santa Marta es la segunda con mayor riesgo de corrupción. Su calificación únicamente alcanzó el 37,7.

El informe igualmente se encargó de medir el índice de transparencia de las contralorías, y allí encontró que seis de ellas están en riesgo muy alto.

La de mayor riesgo es la de Guainía, que solo llegó a 37,8, seguida por la de Amazonas, con 38,8. A estas se suman las de Vichada, Vaupés, Chocó y Cesar.

Oportunidad

Según Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia, “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones”.

En su opinión, la corrupción se expresa en el control sobre los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público.
De hecho, según el informe de la organización, en el nivel nacional, la contratación directa es del 74 por ciento; en el nivel departamental, del 59 y en el municipal, del 41 por ciento.

Y en cuanto al empleo, las entidades del Estado se han llenado de contrataciones sin las garantías y los incentivos laborales que motiven a los servidores públicos. Transparencia considera que un aspecto clave de la lucha contra la corrupción en Colombia es el control social sobre los procesos administrativos de las entidades del Estado en los niveles nacional, departamental y local.

Los resultados de la evaluación a 167 entidades confirman “que los avances e innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública”.

Para Transparencia, el país ha avanzado en normas, pero las prácticas políticas y administrativas no han cambiado.

Hallazgos en frentes de alerta

1. Contratación: de acuerdo con Transparencia, si bien en el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron tres o más proponentes, en el departamental el 59 por ciento de las licitaciones tuvieron un solo proponente, y en las alcaldías esto pasó en el 53 por ciento de los casos.

2. Empleo estatal: los políticos han convertido las entidades públicas en el escenario de su clientelismo (usan puestos públicos para hacer y pagar favores). “Este pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo, pero por la misma razón es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado”, dice el informe.

3. Planes anticorrupción: uno de los mayores problemas que evidenció el estudio a la hora de combatir la corrupción es el poco cumplimiento de las medidas recomendadas contra este flagelo.

Si bien las entidades formulan el plan anticorrupción (casi todas reportaron tenerlo), los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles un seguimiento y financiarlos poco se observan.

4. El control: en el informe se recomienda mayor compromiso para promover la participación ciudadana. En el nivel nacional, los indicadores relacionados con la rendición de cuentas y el control social se encuentran por debajo de 60 puntos sobre 100, y en su mayoría evidencian que las entidades no cuentan con canales adecuados para facilitar el control social.

Las recomendaciones para evitar la corrupción

El informe entrega tres tipos de recomendaciones para disminuir el riesgo de corrupción en las entidades públicas.

La primera de ellas es que los ciudadanos tengan un mayor control social de las actuaciones en los organismos públicos.

En este sentido se pide que haya más disposición a denunciar hechos de corrupción y a participar en los actos de rendición de cuentas.

La segunda recomendación tiene que ver con el empleo público, el cual, según el documento, aún no se ha modernizado.

“Es necesario garantizar condiciones laborales estimulantes y que garanticen los derechos. La presión del clientelismo y el contrato temporal no lo permiten”, indica el informe.

La última de las propuestas consignadas en el estudio es mejorar la eficiencia en la investigación de casos de corrupción.

Para ello, se recomienda “promover una acción integral de los órganos de control para proteger” los recursos públicos.

Alcaldías no divulgan programas sociales

En el Índice de Transparencia 2015 - 2016, ocho alcaldías de las 28 evaluadas (29 por ciento) se encuentran en nivel de riesgo muy alto de corrupción, puesto que obtuvieron calificaciones inferiores a 44,4 sobre 100 puntos.

Dos administraciones municipales nuevas entraron en este rango en comparación con la medición 2013 - 2014.

Según la evaluación, las alcaldías que más disminuyeron su calificación con respecto a la vigencia pasada fueron las de Riohacha, Santa Marta y Arauca. Al comparar la medición actual con la realizada en 2013 – 2014, vieron reducida su calificación en 18, 17,2 y 9,7, puntos, respectivamente.

Mientras tanto, la Alcaldía de Puerto Carreño, en Vichada, fue la entidad municipal que obtuvo el último lugar de las 28 evaluadas, ubicándose en un nivel de riesgo de corrupción muy alto, con una calificación de 35.4.

Esa administración, según el informe, presenta graves deficiencias en cuanto a medidas, estrategias o políticas de lucha contra la corrupción, y en la vigencia 2015-2016 no reportó haber elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La única Alcaldía, de las 28 evaluadas que se ubica en un nivel de riesgo muy alto de corrupción y que pertenece a categoría especial es Cúcuta, la cual además redujo su calificación en comparación a la medición 2013 – 2014, en 7,3.

La divulgación de la oferta de programas sociales de las alcaldías es la mayor debilidad encontrada. Las administraciones de Arauca, Mitú, Mocoa y Puerto Carreño no publican información de listado de beneficiarios y criterios de selección para estos servicios.

POLÍTICA

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