¿Cómo equilibrar la Jurisdicción Especial para la Paz?

¿Cómo equilibrar la Jurisdicción Especial para la Paz? 

‘Esperábamos que llegaran juristas de más recorrido’, afirma Rodrigo Lara, presidente de la Cámara. 

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes

“Si la Jurisdicción Especial para la Paz no es suficientemente estricta, las Farc y sus testaferros seguirán disfrutando de una gigantesca fortuna”, dice Lara.

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Juan Diego Buitrago / Archivo EL TIEMPO

01 de octubre 2017 , 10:00 p.m.

Comienzo por preguntarle: ¿Cómo le pareció el discurso del expresidente Gaviria al tomar posesión de la jefatura liberal, en el cual embiste contra el gobierno Santos?

Paradójico que Gaviria marque una diferencia con Santos, cuando contó con una representación del Partido Liberal cercana a los siete ministerios. Así mismo, el doctor Gaviria fue la voz cantante de toda la estrategia del plebiscito.

¿Qué opina de la presencia en la convención liberal de caballos de ‘la U’ como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti?

Es la prueba patente de lo que he venido afirmando en el sentido de que la reforma política, también conocida como la ‘ley Cristo’, no busca desarrollar los acuerdos de La Habana sino modificar las reglas de juego electorales en beneficio de un sector de la política colombiana. En este caso, se trata de facilitar, modificando la Constitución, una coalición entre el Partido Liberal y el de ‘la U’, para luego intentar arrastrar a estas dos colectividades hacia una coalición de las izquierdas y las exguerrillas.

Vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿No es un error que el Gobierno haya dejado para la última legislatura de este año la discusión de la JEP? Semejante cosa tan grande y compleja como es crear toda una jurisdicción que regirá por lo menos 15 años...

Claro. Es inexplicable que después de haber aprobado el acto legislativo, en el mes de marzo, el Gobierno se tomara casi siete meses para iniciar la discusión de esta importante iniciativa. Recordemos las fechas, o la cronología: el 28 de marzo se aprueba el acto legislativo, y solo el 24 de mayo el Ministerio del Interior radica el primer texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y cuando se iba a empezar la discusión de esta ley, la frenan para evitar que Germán Varón, de Cambio Radical, asumiera la ponencia en la Comisión Primera del Senado.

¿Por qué les daba tanto miedo Varón?

Porque Varón justamente tenía una serie de modificaciones importantes en cuanto a la selección de los magistrados.

¿Por qué cree que está tan cuestionada esa selección?

Porque la tendencia ideológica de un paquete muy importante de ellos es marcada y visiblemente de izquierda. Muchos han militado en organizaciones no gubernamentales donde han asumido posiciones ideológicas radicales y que pueden, por lo tanto, poner en entredicho la imparcialidad y la confianza de los colombianos.

Pero sobre la demora en el segundo semestre, claramente le echan la culpa a usted...

Después de que retiran el proyecto, el 25 de julio, y lo vuelven a presentar, a principios de agosto, durante dos semanas sostuvimos discusiones con el Gobierno; le hicimos una serie de sugerencias al Ministerio del Interior sobre diferentes aspectos de esta ley estatutaria.

El representante Hernán Penagos, hoy ponente en Cámara, es un hombre bastante serio y estudioso. Ha sido un consistente defensor del proceso de paz, pero, cuando leyó la ponencia que le envió el Gobierno, parece que se aterró y dijo que él no podía seguir leyendo eso... y que había que hacerle modificaciones...

El Gobierno tomó la decisión de tener un solo ponente. Vetaron a Germán Varón, asumió Horacio Serpa en Senado y Hernán Penagos, en la Cámara de Representantes. Por fortuna, Hernán Penagos, como usted dice, es un hombre serio, estudioso y que asume posiciones, y lo veo también muy preocupado, en el mismo sentido que el Fiscal General de la Nación, en temas que son delicados y merecen ser revisados en esta ponencia, lo cual nos da tranquilidad.

El texto, como fue radicado por el Gobierno, no considera falta grave el hecho de que guerrilleros de las Farc no señalen las rutas del narcotráfico

Mencióneme uno de los temas que más preocupan...

Por ejemplo, el texto, como fue radicado por el Gobierno, no considera falta grave el hecho de que guerrilleros de las Farc no señalen quiénes son los testaferros de los bienes ilícitos o no señalen las rutas del narcotráfico. Y si no se considera esto una falta grave, pues estas personas permanecerán en la Jurisdicción Especial para la Paz y no irán a la jurisdicción ordinaria. Creemos que el hecho de omitir información sobre bienes ilícitos, sobre testaferros y no denunciar las rutas del narcotráfico debe ser una falta grave y, por ende, debe ir a la jurisdicción ordinaria. Ese es un primer punto que a todos nos dejó atónitos.

¿Por qué a Cambio Radical lo afecta tanto el término ‘terceros’ que van a la Jurisdicción Especial para la Paz?


Bueno, básicamente, los procesos de justicia transicional que han existido en el mundo son para combatientes, para fuerzas que han sido parte de un conflicto. Generalmente no se extienden a terceros, a civiles, porque para ellos está la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en el acuerdo firmado en La Habana se incluyó a terceros no combatientes. En el mes de enero y febrero, yo redacté con mi propia mano un artículo que regula la situación de los terceros no combatientes, para evitar arbitrariedades, cacerías de brujas y que conductas que se explican por una fuerza mayor, por un constreñimiento, como, por ejemplo, el pago de vacunas a paramilitares, terminen en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se extendió de manera muy amplia esta jurisdicción especial para civiles, que poco o nada tenían que ver con este conflicto. Y se establecieron básicamente los siguientes principios: los terceros solo podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz cuando hayan cometido muy graves delitos y cuando se cumplan una serie de exigencias probatorias que establecimos. Esa ha sido la posición de Cambio Radical. Creemos que si los terceros han de concurrir a la Jurisdicción Especial para la Paz, que vayan personas que han cometido verdaderos delitos de lesa humanidad y no se convierta esa jurisdicción en un vector de venganzas, como sí pretenden algunos sectores políticos, como una manera de continuar la lucha armada a través de la guerra jurídica.

Pero, a ver. El ministro del Interior dijo que las consideraciones de Cambio Radical acerca de terceros que irán a la Jurisdicción Especial para la Paz fueron acogidas. Entonces, ¿por qué siguen protestando?

Sí. En efecto, nosotros hicimos aportes importantes. No solamente redactamos ese artículo, que está en el acto legislativo, sino que a la Jurisdicción Especial para la Paz le incluimos tres temas: primero, debe haber dolo directo en la comisión de los delitos graves, que están en el artículo, y la participación activa y determinante de esos terceros no debe ser ni producto de una extorsión ni debe entenderse como actividades que impliquen participación directa en los hechos ilícitos cometidos por paramilitares, por ejemplo. Lo que hicimos fue precisar el nivel de participación de esos terceros.

¿Y en cuanto a los militares?

En el acto legislativo también introdujimos el derecho operacional dentro del marco normativo que investiga y juzga a los militares, de tal forma que los jueces puedan contar con herramientas precisas para determinar en qué casos hubo ‘falsos positivos’ y en cuáles no. Esto es muy importante porque varios sectores políticos han pretendido endilgarles a las Fuerzas Militares como ‘falsos positivos’ cualquier muerte en combate.

Le insisto: si el Gobierno y las Farc (porque ahora todas las aprobaciones son bilaterales) aceptaron sus inquietudes en el tema de terceros, ¿por qué en el comunicado de Cambio Radical del día jueves por la noche se dice que ustedes no van a apoyar esa jurisdicción porque el punto de los terceros está abierto y porque no les gustó la forma como se integró la Jurisdicción Especial para la Paz?

La preocupación más grande tiene que ver con la conformación de los magistrados del tribunal, por el sesgo notorio y palpable de muchos que fueron allí incluidos. Esperábamos que llegaran juristas de más recorrido y que no tuvieran un pasado político o un pasado militante.

En cuanto a la fortuna de las Farc, ¿qué les preocupa?

Si la jurisdicción no es suficientemente estricta, las Farc y sus testaferros seguirán disfrutando de una gigantesca fortuna. Ellos entregaron unos bienes fáciles de rastrear, como fincas –muchas de ellas en baldíos–, pero el lavado de activos que está en manos de testaferros fue omitido. En Villavicencio, Neiva, o Ibagué se conoce muy bien de actividades de lavado ilícito de las Farc, en empresas de construcción, en ferreterías, en empresas de transporte.

¿En el Congreso, el ponente Penagos ya aceptó meter lo de los testaferros?

El ponente ya aceptó –porque me lo manifestó personalmente– considerar la omisión de esa información como falta grave, lo cual implica que esa persona, o ese guerrillero, sale de la JEP y se va para la jurisdicción ordinaria. No se le olvide que con el Fiscal General se introdujo, en la discusión del acto legislativo, una norma que les dio una gabela a las Farc hasta el 15 de agosto para que entregaran sus bienes. Que los jerarcas de la guerrilla entiendan que si no entregan esos bienes, pierden los beneficios de la JEP. De lo contrario, van a preservar inmensas fortunas, con las cuales piensan hacer política y tomarse el poder o contribuir en campañas electorales, lo cual es una amenaza para la democracia colombiana.

Votaremos negativamente este texto, porque esa es la decisión de la bancada. Y como presidente de Cámara, mi rol es de árbitro

¿Qué va a hacer usted ante la decisión de su partido de no votar la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cómo hace el presidente de la Cámara para impulsar, como es su deber, un proyecto por el que no va a votar?

Votaremos negativamente este texto, porque esa es la decisión de la bancada. Y como presidente de Cámara, mi rol es de árbitro. Arbitrar un debate. Garantizar la regla de la mayoría. Garantizar cierta celeridad, pero también garantizar y respetar los derechos de las minorías y la opinión de todos los congresistas. Me corresponde lograr un equilibrio entre estos tres principios rectores. Yo soy un árbitro.

¿Y qué va a pasar con la cuestionada por algunos sectores integración de la JEP? ¿Eso se quedó así? ¿O cómo se hace con las personas que evidentemente están inhabilitadas?

'A priori', digamos que estamos ante un hecho cumplido. Sin embargo, en este momento discutimos justamente la ley que desarrolla el acto legislativo, y yo espero que en esta discusión podamos encontrar alternativas que nos permitan equilibrar la composición de este tribunal. Yo creo que eso es por el bien de Colombia.

¿Cambiando a unas personas de estas?


No me puedo casar con una solución inmediatamente. Pero creo que es necesario hacer un esfuerzo por buscar equilibrios. Es por el bien de esta jurisdicción, por el bien del proceso de paz, e, insisto, para que algo que es positivo, como es la terminación de un conflicto, gracias a la victoria de la Fuerza Pública sobre las Farc, no termine convertido en algo negativo.

A ciertas fuerzas políticas les preocupa que la Jurisdicción Especial para la Paz se comporte como una continuación de la guerra armada, a través de una guerra jurídica...

Así es. Y se escucha también de muchos sectores de izquierda decir que una cosa es la campaña presidencial sin Jurisdicción Especial para la Paz y otra, con ella. Para evitar la tentación de algunos sectores políticos de transgredir normas, de buscar ventajas a través de esta jurisdicción, para ganar la contienda electoral del año entrante, yo sí creo que es necesario buscar equilibrios y controlar los sesgos que, a todas luces, son palpables en un grupo importante de magistrados.

Escuché al ministro del Interior decir que él estaría dispuesto a hablar con ustedes para ver si hay manera de limar las diferencias, pero que si no, él perfectamente puede sacar aprobado todo en el Congreso sin el Centro Democrático y sin Cambio Radical. ¿Usted ve tan fácil que el Gobierno conserve sus mayorías?

Me parece un error. Yo creo que temas tan sensibles como estos deben ser resultado de consensos nacionales. No pueden ser el resultado de una fracción imponiéndose sobre otra, porque este tipo de reformas deben ser en su origen profundamente legítimas. En últimas, es una jurisdicción que va a durar casi 15 años, y si no es el resultado del consenso de todos los sectores de la sociedad colombiana, pues siempre va a cojear y va a tener un sesgo de ilegitimidad.

Tengo en la mente al ministro del Interior. ¿Qué hacer ante una situación como esta, en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, piedra angular del proceso, está tan enredada?

Buscar consensos, convencer a todos los colombianos de que este proyecto va a ser en beneficio de nuestro país y no un vector de venganzas.

Finalmente, ¿qué les contestaría usted a los que dicen que Germán Vargas Lleras nunca quiso la paz y por fin destapó sus cartas?

Yo creo que ese tipo de comentarios son propios de quienes han utilizado la paz como un caballito para hacer política. Y la verdad es que cuando se utiliza el discurso de la paz con cálculos electorales, pierde grandeza y valor. La utilización excesiva del discurso de la paz, todo ese derroche de palabrería que usted observa en ciertos candidatos presidenciales, lo que denota es más una instrumentalización de este proceso en el interés propio que una verdadera preocupación por el bien del país. Pretenden arroparse con la bandera de la paz y cabalgar electoralmente en ella. No le hacen bien a la paz. Fíjese usted, por ejemplo, ahora en todo este proceso de implementación: han presentado proyectos de reforma política con intereses particulares electorales, lo cual le ha hecho mucho mal a todo este proceso.

¿Está de acuerdo con los que dicen que esta posición firme frente a la Jurisdicción Especial para la Paz es la primera gran coincidencia de Cambio Radical con el Centro Democrático, en aras de una futura coalición?

A mí me parece que este tipo de preocupaciones, como las que hemos expresado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, trascienden la política partidista. Muchos sectores de la sociedad colombiana, y no únicamente en Cambio Radical o el Centro Democrático, están preocupados con el tema. Recorro mucho el país y siento que esa percepción de que se les están entregando unas ventajas mortificantes a las Farc existe. Y el miedo a que esta jurisdicción, con magistrados que tienen un sesgo político muy claro, se convierta en una forma de agenciar la lucha política de algunos sectores es manifiesta en muchas regiones, y sobre todo en las que han sido víctimas del conflicto.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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