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Lo que hay tras la puja por la Procuraduría General

Tres razones aumentan el interés por la elección del nuevo jefe del Ministerio Público esta semana.

POLÍTICA
Desde hace tiempo la elección de un alto funcionario del Estado no generaba tanto interés como la de nuevo procurador general, la cual está prevista para el jueves de esta semana, en el Senado.
María Mercedes López, Fernando Carrillo y Jorge Fernando Perdomo han tenido varias semanas para moverse en el Senado tratando de ganarse el favor de los congresistas, los cuales definirán quién reemplazará al exprocurador Alejandro Ordóñez.
El interés en la elección del Procurador se centra en tres razones: la primera es que sucederá a Ordóñez, uno de los funcionarios más polémicos de los últimos años y quien casó varios enfrentamientos con el presidente Juan Manuel Santos, especialmente por sus críticas al proceso de paz con las Farc.
Los cuestionamientos de Ordóñez llegaron al punto de que cuando el Consejo de Estado anuló su elección, en septiembre pasado, el saliente funcionario sentenció: “Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana: la expulsión del Procurador”.
Fueron varios los pronunciamientos de Ordóñez contra lo pactado con la guerrilla, y hoy día, luego de salir de la Procuraduría, se ha convertido en uno de los principales interlocutores con el Gobierno en la búsqueda de un diálogo nacional que le abra espacio político al Acuerdo Final.
Al actual gobierno le quedan menos de dos años de administración, y un procurador como Ordóñez, con sus posiciones abiertamente contrarias al acuerdo con las Farc, posiblemente complicaría su implementación.
Poder real
La segunda razón que hace atractiva la elección de nuevo procurador es el poder real que tendrá quien encabece la entidad, cuya función es disciplinar a los funcionarios públicos.
En la lista de los servidores que fueron sancionados por la Procuraduría en los últimos años están los exalcaldes de Bogotá Samuel Moreno y Gustavo Petro, la exsenadora Piedad Córdoba, los exministros Sabas Pretelt y Andrés Felipe Arias y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, entre otros. Algunas de estas sanciones fueron revocadas posteriormente por el Consejo de Estado.
Según cifras de la Procuraduría, entre el 2009 y el 2015 –periodo de Ordóñez– fueron sancionados 2.876 servidores, entre congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Burocracia
Y la tercera razón es el tema burocrático. La planta de personal de la Procuraduría llega a los 4.300 cargos, y su presupuesto en el 2016 fue de 490.262’630.182 pesos, temas que no son menores y sobre los que seguramente la opinión pública tendrá su ojo vigilante.
Las cuentas no están del todo claras. Cada partido tiene las suyas, pero en casi todas Carrillo tiene cierta ventaja sobre López, quien esta semana fue proclamada como candidata de “la mayoría de la bancada” conservadora, única colectividad en fijar su posición.
Perdomo no logró afincarse en ningún partido y parece que los choques entre la Fiscalía y el Congreso obraron en su contra.
Así las cosas, el jueves el país podría saber quién será el nuevo procurador, el cual ejercerá por 4 años y sin derecho a reelección.
Estos son los candidatos:
María Mercedes López, exmagistrada
Durante varios años se desempeñó como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Es la segunda vez que el Presidente de la República la terna para la Procuraduría. La vez pasada fue en el 2012, cuando presentó su renuncia a esa postulación horas antes de la elección que ganó Alejandro Ordóñez.
Fernando Carrillo, exministro
A Carrillo el país lo conoce desde que impulsó en 1990 la séptima papeleta, la cual derivó en la Constitución de 1991. Se ha desempeñado como ministro de Justicia e Interior y embajador en España. Lideró el empalme entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Se lo considera cercano al expresidente César Gaviria.
Jorge Fernando Perdomo, exvicefiscal
Es experto en política criminal y abogado de la Universidad Externado. Tiene una maestría y un doctorado en Derecho Comparado en Alemania. Entre sus cargos en el sector público está el del viceministro de Justicia. Fue la mano derecha del exfiscal Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación entre el 2012 y el 2016.
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