Reforma política, ¿cortina de humo o remedio contra la corrupción?

Reforma política, ¿cortina de humo o remedio contra la corrupción?

Jaime Castro analiza las propuestas controversiales del Gobierno expuestas por el ministro Cristo.

Plebiscito

Jaime Castro. El exalcade de Bogotá ha asegurado que "no hay que ser uribista para votar 'No' en el plebiscito". Además, afirma que el mecanismo adecuado para refrendar los acuerdos era el referendo.

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Archivo particular

02 de marzo 2017 , 12:10 a.m.

Año de sorpresas. Tras el escándalo de Odebrecht, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sacudió al país poniendo sobre el tapete una atrevida reforma política que nadie esperaba. ¿Cortina de humo o remedio eficaz contra la corrupción? Vehementes argumentos en uno u otro sentido han saltado a la prensa y se han dejado oír en todos los ámbitos políticos, cercanos al Gobierno o a la oposición. De todos modos, las reformas propuestas pueden representar un cambio en las reglas de juego en las elecciones del 2018. Jaime Castro, conocido constitucionalista, analiza los puntos de la reforma.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma política?

Las reformas que propone el Gobierno cambian las reglas de juego para participar en la vida pública y para hacer política. Las cambian cuando ya se empezó a jugar el partido, es decir, cuando ya arrancaron las campañas para la presidencia y el Congreso. Y, por cierto, quien las quiere cambiar es uno de los jugadores del partido, nada menos que el Ministro del Interior, que no procede como ministro, sino como precandidato. Esto es, a mi parecer, completamente ilegítimo o, para decir lo menos, políticamente incorrecto (Lea también:"Otras propuestas de la reforma política, además del voto obligatorio")

¿Por qué?

Porque en los Estados de derecho y en los regímenes democráticos, las reglas de juego son impersonales. No se establecen para favorecer o perjudicar a una persona. No son normas ad hoc. Vale la pena recordar que la elección popular de alcaldes se aprobó a finales del año 85, pero solo tuvo vigencia en el 88. Además, las reformas propuestas contienen temas que se habían debatido en el país, se habían votado y se habían negado, de modo que nos encontramos ante una especie de refrito. En algunos casos, son plagio de propuestas anteriores. Uno se pregunta por qué en los seis años y medio que lleva en el poder, el Gobierno no las presentó ni pidió que se tramitaran. ¿Por qué solo ahora?

¿Qué explica que se presente ahora?

¿Es cortina de humo o mero distractor? La gobernabilidad del Presidente, en la medida en que tiene el sol en las espaldas, es cada día menor. Toda la reforma es hechiza, completamente artificial. Santos se reúne con los jefes de los partidos de su coalición y les dice que el ministro Cristo presenta propuestas que él no comparte. Por ejemplo, el voto obligatorio y el voto a los 16 años. Para él, son ‘micos’ del ministro. En medio de clima de polarización como el que vivimos y de ilegitimidad del sistema político, introducir estas reformas es, como se decía en otras épocas, “inocularle bacilos al régimen”. En todas partes, las reglas de juego se definen para la próxima generación y no para la próxima elección. Tal vez era el decano Georges Vedel quien decía que la Constitución no es balón para hacerle goles al adversario político.

¿Con estos cambios, a qué adversario le estaría metiendo goles el Gobierno?

Dicen que se está sacando el clavo y pasando cuenta de cobro a Germán Vargas Lleras y al expresidente Uribe. Nada de lo que están proponiendo tiene que ver con la situación que vivimos: la ilegitimidad del sistema político, cuyo origen son dos causas. Primera: las elecciones, que, en la mayoría de los casos, incluidas las presidenciales, son producto del fraude, la coacción, la compra de votos, la financiación ilegal. Segunda: la corrupción, que, para utilizar expresión conocida, “hace rato pasó la raya roja de sus justas proporciones”. Las reformas que proponen son ajenas a esa realidad política, que está creando generalizada indignación ciudadana.

Hablemos de puntos concretos: ¿cómo ve la eliminación de la Vicepresidencia?

No soy partidario de volver a la designatura. La Vicepresidencia se aprobó en la Constitución del 91 como instrumento de pluralismo político, que debía promover coaliciones de tipo ideológico o programático y también de carácter regional. La Vicepresidencia tiene, entonces, raíces democráticas propias de un país diverso y de una Colombia heterogénea.

¿Qué razones tiene el Gobierno para proponer este punto?

Dicen que es una manera de declarar tácitamente que la institución no sirvió, que fue inútil y, a lo mejor, dañina. ¿Cuenta de cobro a Vargas Lleras? ¿Busca atajar una fórmula que nadie sabe qué tan cierta sea: Álvaro Uribe se lanzaría como candidato a la Vicepresidencia?

Otro punto: la ampliación a cinco años del periodo presidencial. ¿Cómo lo ve?

Sobre el papel, es válida, pero también están proponiendo la ampliación a cinco años del periodo de alcaldes y gobernadores, cuando hoy la inmensa mayoría de los municipios y los departamentos se han convertido en focos de politiquería y corrupción. Son lo que los ingleses llamaron “feudos podridos”. La mayoría de las entidades territoriales están en manos de mafias políticas y clanes familiares. ¿Cómo es posible que pretendan ampliar a 5 años el periodo de alcaldes y gobernadores, sin haber hecho las reformas políticas que requiere la descentralización, cuando ahí está, en buena medida, el origen de la corrupción? (Lea también: "Otras propuestas de la reforma política, además del voto obligatorio").

¿No cree usted que las listas cerradas para el Congreso, propuestas en la reforma, eliminan tales “feudos podridos”?

Sobre el papel, es propuesta válida. Pero no hay ni peligro de que el Congreso apruebe algo que incluso se ha negado a debatir en ocasiones anteriores. Las listas cerradas exigen partidos democráticos que, gracias a genuina participación ciudadana, reflejen la verdadera voluntad de sus militantes. Pero nuestros partidos son meras empresas electorales que se limitan a entregar avales a candidatos que son sus dueños y han decidido previamente quiénes tienen ‘derecho’ a esos avales.

¿Qué validez tiene para usted la financiación estatal de las campañas?

Es engaño comparable a la venta del sofá. La financiación ilegal no está en las cuentas públicas de las campañas, que en adelante registrarían los ingresos oficiales que reciban del Estado. Está en los recursos que no se declaran, porque se reciben por debajo de la mesa, se manejan por fuera de tales cuentas y son producto de conductas indebidas e ilegales: narcotráfico, contrabando, minería ilegal, ‘donaciones’ de los contratistas. Parece increíble, pero es cierto: hoy, el Estado financia, por lo menos parcialmente, muchas compañas: las licoreras y las loterías son la caja negra de esa turbia financiación a nivel regional, y los llamados cupos indicativos de los presupuestos nacionales se vuelven ‘mermelada’ que, igualmente, cumple el mismo propósito.

¿Qué opina del voto obligatorio?

La pregunta debe ser otra: ¿qué sanción se establecería para quien no vote? Sin sanción, sería canto a la bandera. Obviamente, no se lo puede arrestar. Sería absurdo, ridículo, a más de imposible en la práctica. Tampoco se lo puede castigar económicamente con una multa, ni negar derechos civiles fundamentales, como firmar una escritura o abrir una cuenta bancaria. No han dicho por ello cuál sería la sanción, ni tampoco cómo se aplicaría. Además, el voto obligatorio solo produciría incremento apreciable de los votos en blanco y votos nulos, porque quienes acudan forzados a las urnas no vacilarían en depositar en las urnas tarjetones no marcados, anulables porque marcaron varios partidos o candidatos o, en vez de marcar una preferencia, escribieron leyendas ofensivas al sistema, los partidos o los candidatos.

¿Considera relevante el voto desde los 16 años de edad?

Está probado porcentualmente que quienes menos votan son los menores de 25 años. Son abstencionistas por naturaleza. En ocasiones anteriores se ha debatido el tema, y el Congreso ha llegado a la conclusión de que tal reducción de edad no dinamiza el sistema político ni le da mayor representatividad. Para proponer este cambio, seguramente Cristo no actúa como ministro sino como precandidato: el día que se retire espera invitar a los jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años a votar por él, argumentando que fue quien les concedió el derecho a votar.

¿Debe modificarse la circunscripción nacional para elegir senadores, como propone la reforma política?

Es necesario hacerlo. La circunscripción nacional fue error de la Constitución del 91. Ha producido dos efectos perversos. Corrompió aún más la política. Si alguien de la Costa aspira al Senado, puede comprar votos en Putumayo o en Nariño, o lo contrario. Cuentan que hoy, una curul al Senado cuesta entre tres mil y cinco mil millones de pesos, entre otras razones porque hay que hacer campaña nacional. Y el Senado ha perdido representatividad regional. Hay departamentos que no logran acceder al Senado con candidato propio. Así les ha ocurrido al Quindío, Chocó, Casanare y, sobre todo, a departamentos limítrofes como Arauca, Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas y Putumayo. En los países bicamerales, el Senado o la corporación que le es comparable tiene origen y raíces regionales. Inclusive, sobrerrepresenta las regiones fronterizas. Nosotros hacemos todo lo contrario. La idea del Gobierno es válida, pero sus mayorías no la aprobarán, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Buen número de senadores ya se sienten ‘nacionales’, y los que no lo son aspiran a serlo algún día.

¿Cómo juzga la aplicación del ‘fast track’ a esta reforma?

No soy partidario de ese procedimiento para estas propuestas, ni para ninguna otra. La forma como debe trabajar el Congreso, el número de debates, con qué mayorías se aprueban leyes y reformas constitucionales son temas que están reglados en la Constitución porque no son asuntos meramente formales o procesales, sino reglas sustantivas que garantizan principios, derechos y libertades. Por eso no los definen las mesas directivas de las cámaras ni el Gobierno por decreto, ni los acuerdos de los partidos. Son parte fundamental de las reglas de juego que no pueden tratarse en función de la coyuntura o de las necesidades políticas del gobierno de turno o las mayorías que lo apoyen. Improvisan tanto con la que llaman macrorreforma que ni siquiera han podido decidir cuáles de sus propuestas se tramitarían con el hechizo fast track.

¿Qué efecto tendrá esta reforma en los partidos? ¿Los fortalece, los debilita?

Tanto los tradicionales como los nuevos no tienen hoy ninguna importancia política ni ideológica. Parece que sufrieran de una especie de fatiga acumulada, de menopausia política, porque no conciben una idea, una propuesta, un proyecto. Son paraguas electorales que viven de los recursos cuantiosos que les da el Estado y del privilegio monopólico que tienen para otorgar avales. Las reformas que ahora proponen, en caso de que se aprobaran, ni les quitan ni les ponen. Por mucho tiempo seguirán como están. Lo único que los obligará a cambiar será una gran reforma político-institucional.

¿Incluyendo el Centro Democrático?

Lo observo desde fuera, porque no soy uno de sus militantes. Creo que el Centro Democrático tiene su prueba de fuego en las próximas elecciones. Debe decidir si sigue con la fórmula de lista cerrada, que le ha permitido llevar gente valiosa al Congreso y contar con bancadas disciplinadas. Si, por el contrario, opta por abrir sus listas, puede tener los mismos problemas de los otros partidos.

¿Qué solución, entonces, para corregir las fallas de nuestro mundo político?

Es necesario que la gran reforma político-institucional que relegitime el sistema político vuelva política de Estado el proceso de paz con las Farc y le dé verdadera estabilidad jurídica a su implementación; no se podrá hacer con los mecanismos hoy vigentes, que se gastaron por el deterioro de la vida política, sino mediante procedimiento excepcional, comparable, por ejemplo, al plebiscito refrendatorio de 1957 o la Constituyente de 1991. El fast track de ahora y la docilidad del Congreso y la constitucional están comprometiendo la estabilidad jurídica del acuerdo suscrito con las Farc y la viabilidad misma del proceso de paz en curso.

PLINIO A. MENDOZA
Especial para EL TIEMPO

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