Aunque la iniciativa tiene mayorías aseguradas, la polémica que desata puede dilatar los debates.

No solo son las voces críticas por su contenido y alcances la única a amenaza que tiene el marco jurídico para la paz, prioridad del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino también lo apretado de los tiempos que le quedan para que quede totalmente aprobado antes del 20 de junio.

Para la tarde de este lunes está prevista su votación en el séptimo de ocho debates que debe surtir por ser una reforma constitucional, y deberá esperar 8 días calendario para poder ser abordado en la plenaria del Senado para su última prueba.

Esto quiere decir que se estará votando entre el 12 y el 13 de junio en último debate, pero aún le faltaría ir a conciliación con la Cámara por las modificaciones que se hicieron a lo largo del trámite, lo cual se haría entre el 19 y 20 de junio.

Es por esto que la iniciativa no da espera y debe votarse en séptimo debate este lunes, a más tardar martes, para evitar que se pueda hundir por tiempos. 

Pero los tiempos no son la única amenaza. Aunque tiene aseguradas las mayorías, su contenido genera polémica en diversos sectores. Por ejemplo, la posibilidad de que tengan vocería política los desmovilizados de grupos ilegales que entren en una negociación con el Estado ha generado un gran debate en el Congreso y en estamentos internacionales.

De hecho, el autor de la iniciativa, senador (‘la U’) Roy Barreras, estuvo el viernes en Washington dialogando con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, para explicar los alcances de esa medida y, además, asegurarle que los máximos responsables de delitos atroces, sin importar su jerarquía militar en el grupo ilegal, responderán por los hechos.

Uno de los cambios que le introducirán a la iniciativa es precisamente que se investigarán todos los delitos atroces y se condenará a todos los responsables, lo cual implica que no solo se juzgarán cabecillas sino también mandos medios e integrantes rasos, lo cual cumple con el principio de priorización de casos que incluye e proyecto.

El expresidente Álvaro Uribe dijo este domingo que así como se evita que las bandas criminales estén cobijadas por este marco, se debe incluir una salvaguarda que impida que narcotraficantes puedan verse beneficiados.

Una petición de Uribe que ya atendieron los ponentes del marco para la paz es que los miembros de la Fuerza Pública tengan un trato diferente al de los integrantes de los grupos ilegales, pero para evitar que se cobijen casos como los falsos positivos se incluirá un ítem que diga que solo habrá beneficios para las quienes hayan cometido irregularidades en el marco del conflicto armado y con ocasión del servicio.

REDACCIÓN POLÍTICA