Así lo expresó el magistrado del Consejo de la Judicatura, Angelino Lizcano.

Dos batallas le quedan al Consejo Superior de la Judicatura para tratar de mantener la vida institucional en el Estado colombiano.

Serán en las dos últimas votaciones del proyecto de reforma a la Justicia que hace trámite en el Congreso de la República
Sus magistrados parecen dispuestos a dar la pelea. Eso es lo que dejan entrever las declaraciones del presidente de la Sala Disciplinaria de ese alto tribunal, magistrado Angelino Lizcano, quien asegura sin rodeos que con el proyecto de reforma la a Justicia, "pareciera que le quisieran pasar una cuenta de cobro a una institución que viene haciendo la tarea".

"La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura resquebraja el Estado Social de Derecho y no garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia", añadió Lizcano al ser consultado.

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura ha estado latente en los últimos 10 años. Primero, fue una propuesta de campaña del expresidente Álvaro Uribe, que no se concretó.

Y luego ha sido una propuesta que aparece y desaparece en el proyecto de reforma a la Justicia que el Gobierno presentó el año pasado.

El último argumentó que le ha servido de motor al Gobierno para proponer su eliminación fue la denuncia del fiscal General, Eduardo Montealegre, sobre el uso irregular de actas para posesionar a magistrados y funcionarios, que después habrían obtenido el beneficio de jugosas pensiones.

Frente a esta artillería de argumentos, en los que también se incluyen los escándalos del magistrado José Alfredo Escobar con el polémico Giorgo Sale, y algunas tutelas polémicas en los casos de la 'yidispolítica' y la 'parapolítica'; Lizcano asegura que en 20 años de vida jurídica esta institución "nunca ha tenido la apertura formal de una investigación por corrupción, a pesar de que maneja todo el presupuesto de la rama judicial".

Para el Gobierno, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura podría ser un punto de honor. En el último año, el Ejecutivo y su aplanadora en el Congreso han logrado remover obstáculos que fueron inamovibles para otras administraciones, como la aprobación de una Ley Orgánica de Desarrollo Territorial y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.

Frente a esa coyuntura, Lizcano propone un debate basado en las cifras: "Las estadísticas y los resultados que tenemos en el Consejo Superior de la Judicatura no mienten. ¡Revísemos!". Los datos indican que mientras en 1992 se tramitaron 702 procesos contra abogados y funcionarios, en el 2011 fueron 8.268.

"Lo más grave es que si en la actualidad tenemos falencias en la Justicia, cómo será si se elimina esta institución que sí tiene resultados", dice el magistrado.

La visión del Gobierno es diferente y por eso propone la creación de un Consejo Nacional de Administración Judicial, encargado de administrar la rama, y un Consejo Nacional de Disciplina Judicial, encargado de investigar disciplinariamente a magistrados, jueces y empleados judiciales.

Incluso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, amenazó con abandonar el último debate de la reforma a la Justicia, si la plenaria del Senado no aprobaba la eliminación del Consejo de la Judicatura, como en efecto ocurrió.

"No entiendo la postura del Ministro. La respeto, pero no la entiendo. En la primera vuelta del proyecto, el doctor Esguerra entendió que nosotros hacíamos un trabajo importante desde hace muchos años para la rama judicial. No sé por qué en la segunda vuelta cambió de posición. La verdad, en esta propuesta está improvisando", dijo Lizcano.