Dos son los ases que tiene el Ejecutivo para que esta iniciativa no entre en vigencia.

Las fuentes consultadas por ELTIEMPO.COM después de que se produjo la alocución presidencial indicaron que durante todo el día el equipo del presidente Juan Manuel Santos estuvo explorando las salidas jurídicas a la crisis que desató la aprobación de esta cuestionada reforma de la Justicia. (Lea también: 'Cambios que se le hicieron a reforma de la justicia son inaceptables')
 
Un equipo liderado por el exministro Fernando Carillo y por otros altos funcionarios del Estado, entre los que podrían estar al menos dos jefes de los organismos de control, se encargaron de dibujar el sendero jurídico que seguirá el Gobierno.
 
El primer as que se jugará el Gobierno será una jurisprudencia de la Corte, contenida en una sentencia que se podría revelar este viernes, que señala lo siguiente: en caso de que se presenten vacíos en las reformas constitucionales, como en esta reforma de la justicia, se podrán aplicar por analogía normas y procedimientos de las normas ordinarias.
 
Sería esta jurisprudencia la que habría llevado al presidente Juan Manuel Santos a devolver el texto del proyecto alegando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, como ocurre con un proyecto de ley ordinaria, algo que no había pasado antes en la historia jurídica de este país.
 
La otra carta que se estaría jugando el Presidente, según las mismas fuentes consultadas, es que la reforma de la Justicia aún no está vigente. Para que esto ocurra se necesita de un acto de promulgación que consiste en la publicación de la reforma en el Diario Oficial.
 
Dicho acto debe estar a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien oficialmente en la alocución dijo que no promulgará la reforma hasta que esta se ajuste, y del presidente del Congreso, senador Juan Manuel Corzo.
 
Un escenario pesimista es que el senador Corzo entre en rebeldía y decida por su propia cuenta ordenar la publicación, en el Diario Oficial de la reforma de la Justicia para que esta entre en vigencia.
 
Pero los cálculos políticos del Gobierno indican que Corzo no entraría a desafiar la autoridad presidencial y a jugar con la indignación que ha provocado este acto legislativo en este país.
 
Aseguran las fuentes consultadas que Corzo tendría como mejor opción el decir que el Congreso se encuentra en receso y que solo hasta el 20 de julio se podrían definir las objeciones presidenciales y las tesis jurídicas que rodean este caso.
 
En ese entonces, aseguran los consultados, el nuevo presidente del Congreso, senador Roy Barreras, podría darle un manejo más certero y cercano a los intereses del Gobierno.
 
¿Acertará el Gobierno? El debate apenas comienza.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM