Santos recibió esta semana herramientas legales para intentar poner fin al conflicto armado interno.

Si la expectativa de un proceso para acabar con el conflicto colombiano pudiera compararse con un partido de fútbol, a juicio de expertos el juego comenzó esta semana, con la aprobación del marco jurídico para la paz, una serie de herramientas legales que le permiten al presidente de la República, Juan Manuel Santos, crear condiciones para negociar con los grupos armados.

Para el 'director técnico' del equipo oficial -Santos, todo un apostador-, la pregunta no es si va a jugar, sino en qué momento comienza a usar esas herramientas. El asunto es de táctica y estrategia. Se deben utilizar la política y la fuerza, pero para poner en práctica la primera faltaban reglas de juego claras, que son las que se acaban de aprobar y le permiten al mandatario replantear la estrategia.

Como ya se dijo, Santos no está pensando si juega o no, sino en qué momento utiliza las nuevas reglas. Hay quienes creen que en lo que le queda del primer tiempo debería arreciar la acción militar hasta fatigar al "enemigo". Y emprender una acción por la paz apenas iniciado el segundo tiempo, el 7 de agosto del 2014, si logra la reelección.

Quienes miran el partido desde las graderías creen que Santos está intensificando la defensa para evitar los goles de contragolpe en lo que resta del primer tiempo. Por eso se le oye ordenar a sus generales: "¡Más plomo, más plomo contra las Farc!".

El apoyo de Santos a la ley aprobada deja de paso menos dudas sobre su decisión de ir por un segundo mandato: no habría resuelto ir a un juego que no se puede ganar solo en un primer tiempo.

Para mejorar el juego

La norma, precisamente, da un plazo de cuatro años para su implementación a partir de que el Gobierno lleve al Congreso la primera ley reglamentaria. Santos podría estar pensando en echar a correr el cronómetro para el segundo tiempo del partido de la paz en el momento en que comience su segundo mandato. Son varias las nuevas herramientas con las que el Presidente cuenta para "facilitar la terminación del conflicto". Una de esas es que pone al Congreso de árbitro para decidir qué castigos aplicar a los grupos armados ilegales que se sienten a negociar, con la expedición de leyes de su iniciativa.

Otra cosa que podrá hacer es diferenciar a los actores armados para que, como en una cancha, se pueda identificar quiénes hacen parte de uno u otro equipo. "Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto (...) y también para los agentes del Estado", dice la norma.

El Presidente tendrá la facultad de establecer estrategias para determinar quiénes son los "máximos responsables" de los casos atroces: "Podrá, mediante ley estatutaria, determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática". Esta es la regla que más preocupa a varias ONG internacionales, que la ven como una vía a la impunidad.

El Congreso, por iniciativa del Presidente, podrá determinar también si los jugadores que violaron la ley deben ser encarcelados o no. O sea que se podrán "establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena", es decir, podrían no ir prisión.

Y para que los jugadores del equipo ilegal puedan opinar y proponer fórmulas de cómo enfrentar nuevos partidos, desde la democracia, se dispuso que podrán ser voceros políticos o elegidos, pero solo quienes no sean responsables de "crímenes de lesa humanidad y genocidio".

En todo caso el partido es largo y de pronóstico reservado, pues como dijo Santos el viernes: "Esta reforma no desencadena (por sí sola) ningún proceso".

Durante el Acuerdo para la Prosperidad que se hizo ayer en Buga (Valle), el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el marco para la paz es "un paso importantísimo", pero que "no desencadena ningún proceso de paz". "Aquí no se le está dando carta blanca a nadie (...) Nuestro objetivo es terminar el conflicto por las buenas o por las malas", dijo. Reconoció que el "terrorismo ha aumentado y posiblemente siga aumentando por lo que hemos estado haciendo", pero explicó que se debe a que "los estamos sacando de sus madrigueras, (a que) están desesperados".

Entrevista
'No es para narcos ni para bandas criminales'

Federico Renjifo Vélez, ministro del lnterior

¿Qué quiere el Gobierno con este marco para la paz?

Tener un instrumento para que, el día que exista la posibilidad de encontrar una paz estable y verdadera, haya una justicia que permita encontrar la verdad mediante la selección y priorización de los hechos punibles.

¿Hay un proceso de paz en curso?

Esto no es un proceso de paz, pero en el futuro debería poder contener un proceso de paz. Es un proyecto que le genera a este o a cualquier gobierno la posibilidad de concretar un proceso de paz, que nos merecemos todos, utilizando los instrumentos de la justicia transicional.

¿Utilizarlos con quién?

No es para narcos ni para bandas criminales, es para las partes del conflicto. Están las guerrillas y, de alguna manera, es con ellas con quienes podríamos hacer la paz, porque no habría otra persona con quien hacer la paz, pero eso lo dirá una ley estatutaria.

EDULFO PEÑA Y DANIEL VALERO
Redacción Política