Paula Gaviria Betancur explica cómo funcionarán los registros y los controles.

La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas le explicó a EL TIEMPO cómo desempeñará sus funciones.

¿A qué horas se hizo cargo de semejante chicharrón?

Creo que desde siempre. Desde muy joven trabajo el tema de los derechos humanos. Intervine de cerca en las discusiones sobre la ley de víctimas y volví el tema un ejercicio de discusión. Mi trabajo ha consistido en acercar a las víctimas al Estado, a sus instituciones y al Congreso.

¿Cómo salió el fin de semana lo de Necoclí? Veo al Gobierno muy empeñado en la apuesta de la ley de víctimas y tierras...

Mejor de lo que esperábamos. Fueron casi 36.000 personas, de las cuales 20.000 eran víctimas que venían de municipios de Chocó, Córdoba y Antioquia. Atendimos a más de mil con orientación. Y enviamos un mensaje muy claro sobre una apuesta más estratégica para el Urabá: el Estado estuvo allá para quedarse.

El presidente de la Corte Constitucional, doctor Juan Carlos Henao, dice que víctimas no solo son las propias víctimas, sus padres, hijos y hermanos, sino hasta no familiares que pudieran haberse visto afectados...

Son estándares mundiales y tienen que ver con el concepto de la vida en relación. Víctimas son las personas que tenían relación con la persona a la cual le sucedió el hecho.

¿Pero no resulta infinito? ¡Todos aquí seríamos víctimas!

Puede llegar a ser infinito, y por eso el magistrado dijo que tenía que demostrarse el daño efectivo. Y esa es una carga que me toca a mí en la valoración que hará la Unidad. Pero me parece perversa la generalización de que todos somos víctimas. El Estado ha resuelto hacer una política sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Estamos en un contexto de persistencia del conflicto, donde imperan la pobreza y la inequidad. La oferta del Estado es para una población clara.

El temor es de dónde vamos a sacar la plata, no solo por la definición de quién es víctima, sino por los posibles colados...

Si se le cuela al sistema una persona que no es víctima, existen todos los mecanismos para identificarla y sacarla.

Pero si en Colombia se cuela una persona en una fila de cine, ¿será ingenuo no calcular que se colarán cientos en un programa que va a dar plata?

Le he dicho al presidente Santos que es algo que no podemos evitar, porque es finalmente un incentivo que estamos dando a un reconocimiento que el Estado hace.

¿Qué es lo que no podemos evitar? ¿Que se traten de colar, o que se cuelen unos avivatos?

Lo primero. Es una oferta nueva para una población vulnerable. Por eso hay que generar veedurías para que se vuelva una norma que los recursos para las víctimas son sagrados. El abuso de la condición o la suplantación es un delito, y eso es perseguible, sentenciable y debe ser repudiado por la sociedad.

Le insisto en el filtro. ¿Cómo sabe si una víctima es auténtica o no?

La entrada de la persona que ha sufrido un hecho victimizante a este proceso es a través de Ministerio Público: Procuraduría, Defensoría, Personería. Ellos reciben la declaración a través de un formulario de cuatro páginas que llenan, y en mi oficina hacemos esa valoración.

¿Qué tipos de victimización contempla el cuestionario?

Acto terrorista, atentado, combate, amenaza, delito contra la libertad e integridad sexual, desaparición o desplazamiento forzado, homicidio, masacre, minas, secuestro, torturas, vinculación de niños, despojo, abandono de tierras, pero puede ser otro.

¿Son víctimas por ejemplo las de la era Pablo Escobar?

Eso se discutió en el Congreso y la ley trae la exclusión de la delincuencia común. Fue una insistencia del Gobierno.

¿Se excluyen víctimas de la delincuencia común?

Sí.

Muchas de las bacrim de hoy tuvieron origen en guerrilla o en paramilitarismo. Por ejemplo, los 'Urabeños'... ¿Sus víctimas son "víctimas"?

Según el artículo 3, sobre el cual hay diez demandas actualmente, no estarían en el marco de la Ley 1448.

Con todo respeto, estamos hablando de un país que tiene unos recursos limitados y no podemos regalarle una plata a todo el que toque y diga: soy víctima...

Lo que toca comprender es que el esfuerzo de esta unidad para la atención de las víctimas es insuficiente. Mi función es diseñar un formulario, capacitar a un equipo para que haga las evaluaciones.

¿Cuánta gente tiene para eso?

Para el registro único, 250 personas que apenas estamos reclutando. Son valoradores. Recibo el formulario y tengo 60 días para definir si la persona entra al registro o no. Esa valoración no es caprichosa. El derecho internacional ha establecido unos estándares.

¿Qué aparato tiene usted para comprobar si ocurrió un hecho alegado por una víctima?

Esto se cruza con una apuesta de la ley que es esencial, y que son los sistemas de información, que están en crisis en este país. Los que vienen operando son tres o cuatro sistemas, pero en total hay unas 25 bases de datos de información sobre víctimas. Mi objetivo es cruzar todas esas bases de datos y obtener una información certera. Es un reto.

¿Si el Estado no tiene cómo probar un hecho alegado por una víctima, no se atiende?

Se atiende. El Ministerio Público tiene la obligación de recibir a todas las personas que se sientan víctimas. En la valoración hay unos criterios que yo contrasto con sistemas de información, para ubicar a la persona y saber si estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos. Esto se basa en la búsqueda de la verdad, yo complemento eso y construyo un contexto para saber si la persona dice la verdad o no.

Una persona va a su oficina y dice: me violaron en tal vereda. ¿Cómo sabe usted si es cierto?

Hay un estándar que la Corte nos ha fijado, consistente en que es preferible la catalogación de esa persona como víctima basado en la confianza. Se despliega la capacidad investigativa del Estado, y si es mentira, se la excluye.

¿Y si ya le pagaron?

Se inicia un proceso a través de la Fiscalía por fraude.

¿Cómo hará para que esto no se vuelva un negocio de unas oficinas especializadas en víctimas, que empiecen a cobrar porcentaje sobre los reclamos o se los inventen?

Hay que hacer una campaña enorme de capacitación para que las víctimas entiendan que, como en la tutela, aquí tampoco se requiere abogado.

¿Cuánta plata hay para resarcir a las víctimas?

Una apuesta aplicada al tiempo que dura la ley, que son diez años, son 54 billones de pesos. Los recursos vendrán de varias fuente. Una reparación administrativa que sale del presupuesto nacional, y de los bienes de los victimarios y multas impuestas a los miembros de grupos armados, por la ruta judicial. Una gestión que tengo que hacer es atraer contribuciones particulares de gobiernos, organizaciones internacionales, sumas recaudadas en cajeros automáticos, donaciones, aportes voluntarios por Internet, almacenes de cadena... Los colombianos debemos entender que las víctimas que ha producido este país nos tienen que doler a todos.

¿Desde qué año se cobija a una víctima?

La ley definió desde el año 85 para víctimas de casi todos los hechos victimizantes, y el 91 para víctimas de despojo.

¿Y hasta cuándo?

Hasta el 2021.

¿O sea que hasta el 2021 pueden seguirse produciendo víctimas en Colombia?

Ojalá que no. La ley de víctimas tiene un sentido preventivo. No hubiera asumido nunca este cargo si me dicen que me tengo que pasar atendiendo víctimas y reparándolas indefinidamente en el tiempo.

Pero un plazo tan largo ¿no es un estímulo a que siga ocurriendo?

Eso tiene un acotamiento. Para reclamar solo hay dos años después del hecho victimizante.

¿Unas personas que se vienen a la ciudad porque consideran el campo inseguro pueden alegar que son víctimas?

La amenaza concreta produce víctimas. El clima de inseguridad no. La respuesta del Estado es para las personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, una pregunta que tengo que hacerle. Usted es nieta del expresidente Belisario Betancur. El Tribunal de Bogotá acaba de pedirle a la CPI que lo llame a juicio. ¿Qué piensa al respecto?

La veía venir. Pensé que no me la iba a hacer...

¿Pero cómo se le ocurre que no? Usted está trabajando para las víctimas, para los desaparecidos, para este fenómeno de la violencia en Colombia. Y resulta que a su abuelo quieren cobrarle unos desaparecidos...

Soy abogada, trabajé varios años en la Corte Constitucional y respeto profundamente los fallos judiciales. En eso coincido con el comunicado de mi abuelo. Esa es la premisa principal. Lo segundo es que desde que me acuerdo, desde que decidí estudiar Derecho, tengo una obsesión por la igualdad, la defensa de los derechos humanos. Siento un dolor profundo, entrañable, y una consideración muy especial por las víctimas de la desaparición forzada. Ellas son parte de las víctimas por las cuales yo tengo que trabajar y he decidido asumir este reto. Y no me pregunte más, porque voy a llorar.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO