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La estructura que creó el 'zar' de la chatarra para evadir impuestos

Utilizó empresas fachada para cobrarle a la Dian el IVA por el material exportado.

JUSTICIA
Una casa de cambio y dos comercializadoras de chatarra en Cúcuta habrían sido claves para que la organización del prófugo ‘zar’ de la chatarra James Francisco Arias Vásquez lograra amasar millonarias utilidades por más de 250.000 millones de pesos.
Este miércoles, una comisión de la Dijín y la Fiscalía iniciaron la primera fase de ocupación de los bienes comprados con los recursos ilegales a nombre de integrantes de la organización y familiares de Arias Vásquez. En esta primera etapa se ocuparon 384 inmuebles avaluados en más de 275.000 millones de pesos.
En el expediente, realizado por la Fiscalía y la Dijín, se lee que la organización logró millonarias utilidades entre el 2006 y el 2013, cuando ilegalmente ingresó chatarra desde Venezuela que exportó a mercados de Panamá, Ecuador, China, España y Grecia.
Según las cuentas de los peritos, la red ingresó chatarra que costaba alrededor de 150 pesos el kilo y luego la exportó en cerca de 2.400 pesos cada kilo.
La Fiscalía calcula que Arias Vásquez movió 35.000 toneladas de chatarra, que supuestamente se produjeron en Colombia.
Además de la utilidad de las exportaciones, la organización creó empresas fachada para cobrarle a la Dian el IVA por la chatarra exportada.
También establecieron que gran parte de los bienes comprados con dinero proveniente de recursos ilegales fueron puestos a nombre de la sociedad Grupo Aliados, propiedad de Arias Vásquez, quien a pesar de que a través de sus abogados ha buscado acercamientos para entregarse, está prófugo desde marzo.
Los investigadores tienen en su poder la declaración de Blanca Jazmín Becerra, quien dijo que asesoró a varias de las empresas enredadas en la investigación y que por instrucciones suyas se crearon 25 empresas el mismo día con el fin de justificar las exportaciones ilegales.
En contra del empresario también está el testimonio de Jesús María Vergel, quien aparecía como representante legal de dos importadoras que supuestamente le vendían chatarra a las empresas de Arias Vásquez, pero reconoció que solo prestó su nombre para conformar esas firmas y que a cambio de eso recibía 200.000 pesos semanales.
Otro de los hallazgos de la Dijín y la Fiscalía tiene que ver con el ciudadano venezolano José Enrique Sánchez, señalado de haber legalizado mercancías de contrabando provenientes del vecino país a través de una empresa fachada a nombre de un adulto mayor de Soledad (Atlántico).
Las autoridades realizan acercamientos con autoridades de países vecinos para establecer el paradero de tres de los vinculados a la investigación que están prófugos, entre ellos Arias Vásquez y Rosa María Barón Báez.
A esta última, la Fiscalía ya le imputó cargos, pero no fue cobijada con medida de aseguramiento por un juez de Cúcuta y, cuando esa decisión fue revocada en segunda instancia, la mujer ya había huido.
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