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Caída de viceministro Ferro profundiza el escándalo en la Policía

Proceso contra Palomino indaga su eventual responsabilidad en caso de 'comunidad del anillo'.

EL TIEMPO
Un video de una cruda conversación íntima, cuya revelación forzó la renuncia fulminante del viceministro del Interior, Carlos Ferro, sería –según la Procuraduría– prueba de la existencia de la supuesta red de prostitución homosexual en la Policía conocida como ‘comunidad del anillo’.
En ese video, grabado subrepticiamente en el 2008, aparecen Ferro (entonces senador) y el capitán Ányelo Palacios Montero sosteniendo una conversación explícitamente sexual. Las razones de Palacios para realizar ese video, y para revelarlo casi ocho años después, son algunos de los cabos sueltos en el polémico caso.
La red, señala la Procuraduría, supuestamente fue promovida por altos mandos de la Policía y tuvo entre sus usuarios a miembros del Congreso de la República: “Esa práctica, conforme a lo dicho por el declarante, pudo haber ocurrido entre los años 2004 y 2008, periodo en el cual algunos policías serían obligados a llevar una bandera (a las sesiones legislativas) para que algunos congresistas pudieran escoger a aquellos uniformados que fueran de su agrado o de su gusto, con el fin de satisfacer sus deseos sexuales”. El coronel Jerson Castellanos, quien fue jefe de seguridad del Parlamento, aparece señalado en varias denuncias como supuesto cerebro de la ‘comunidad’. (Lea: Las preguntas que deja el video revelado sobre Carlos Ferro)
Basado en el testimonio de Palacios y en el video, el Ministerio Público considera que Palomino debe demostrar que no tuvo responsabilidad en “la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina”. La investigación disciplinaria abarca también las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, así como por interceptaciones ('chuzadas') y seguimientos ilegales contra periodistas que han revelado escándalos en la Policía.
En los expedientes disciplinario y penal aparecen varios testimonios contra el general Palomino, pero no hay, a la fecha, pruebas que corroboren su veracidad. Esa situación explica la decisión del Gobierno de respaldar, hasta ahora, su continuidad en el cargo, a pesar de la escalada de señalamientos de los últimos meses. Este martes, Palomino acompañó al presidente Juan Manuel Santos en su visita a Santa Marta. (Conozca la trayectoria política de Ferro)
Según la declaración de Ányelo Palacios, que se presentó como víctima de la red y quien hasta hace pocas semanas estuvo asignado a la Policía de Florencia (Caquetá), la pertenencia a la ‘comunidad’ era supuestamente una ventaja para lograr ascensos y otros beneficios internos en la institución. Y la supuesta oferta de servicios sexuales a congresistas les representaba a las cabezas de la red la posibilidad de incidir en ascensos y otras decisiones claves que pasan por el Parlamento.
La Procuraduría considera que hay elementos que demostrarían conductas como “proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas por parte de miembros de la Policía Nacional”. En el caso de Ferro, precisó que no puede asumir ninguna actuación disciplinaria en su contra y de otros miembros del Congreso porque, al haber transcurrido más de cinco años, las posibles faltas ya prescribieron.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo este martes en el anuncio de la investigación contra Palomino que, a pesar de la “heterogeneidad de las conductas”, existen indicios de que hay conexión entre ellas y por tanto deben llevarse dentro de un mismo proceso. Tanto el video como la ampliación de versión de Palacios fueron remitidos a la Fiscalía para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes.
¿En qué va la Fiscalía?
El caso de la supuesta red de prostitución en la Policía lo lleva por asignación especial un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos. En ese expediente, en el que ayer se tomó de nuevo el testimonio del capitán Palacios, aparecen también las versiones de otros oficiales de la Policía –Jeison Andrés Arbeláez, Mauricio Vélez Bedoya, Jhon Freddy Cifuentes Lozano, Cristian Camilo Marín y Andrés Felipe Cortez Azuero– que han dicho que la ‘comunidad’ en efecto existía.
El coronel Castellanos, ya retirado de la institución, y el mayor Wílmer Torres Orjuela aparecen como indiciados en un proceso por presunta inducción a la prostitución, delito que tiene una pena de 10 a 22 años. Para la época de los hechos no estaba tipificado el acoso sexual y tampoco se ve claro, según los investigadores, que se pueda tipificar el delito de trata de personas.
En contra de Castellanos, que fue gobernador encargado del Casanare en el 2013, hay señalamientos de supuestos ofrecimientos y presiones para que uniformados accedieran a prestar favores sexuales. Palacios sostiene que, hace más de una década, el coronel lo drogó y lo violó.
La Fiscalía tiene presupuestado llamar a los señalados a un nuevo interrogatorio antes de definir si pide audiencia de imputación de cargos.
Amarrada a la denuncia de la supuesta red se investiga la muerte en el 2006 de la alférez Lina Maritza Zapata, cuyo aparente suicidio ha sido puesto en tela de juicio por sus familiares. Ellos sostienen que fue asesinada porque se enteró de la ‘comunidad’, pero la Fiscalía sostiene que aún no tiene evidencias que conecten los dos casos.
'Chuzadas' y enriquecimiento ilícito, los otros cargos contra el general Palomino
Además de la supuesta participación del general Palomino en la ‘comunidad del anillo’, la apertura de la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría detalla otros dos hechos: los seguimientos e interceptaciones ilegales que habría cometido contra periodistas y el presunto incremento injustificado de su patrimonio.
El primero de ellos tiene fundamento en las denuncias hechas por el periodista Daniel Coronell acerca de la persecución de la que estarían siendo víctimas la periodista Vicky Dávila y su equipo. Y el segundo se refiere a los predios que adquirió el alto oficial en Fusagasugá, supuestamente a un precio inferior al comercial.
El Ministerio Público determinó que se realizará un estudio para evaluar la diferencia entre el patrimonio declarado por el general en 2004 y el de 2015, lo que ayudaría a determinar si “existen incrementos patrimoniales injustificados”. El documento de la Procuraduría precisa que dentro de los próximos 20 días hábiles estará listo un informe sobre este tema.
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