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Las víctimas de violencia sexual siguen esperando reparación

38 mujeres fueron las primeras en ser indemnizadas, pero dicen que no recibieron atención completa.

EL TIEMPOmayo 21 de 2016, 06:25 P.M.

“Fui reclutada, luego me violaron y tuve que desplazarme de Putumayo con mi mamá. Llegamos a Bogotá, en donde declaramos como víctimas. Teníamos muchas deudas, necesitábamos pagar el arriendo, comer, así que cuando nos dieron los 18 millones de pesos por la indemnización, esa plata se volvió dinero de bolsillo. Yo solo gano un mínimo que, en su mayoría, uso para pagar el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual que me quedó tras el abuso. Esos 18 millones es lo único que recibí del Estado”.

Hace cuatro años ella y otras 37 mujeres se convirtieron en las primeras sobrevivientes de delitos de violencia sexual en ser indemnizadas por el Estado por los abusos que sufrieron en medio del conflicto armado. Cada una recibió 18 millones de pesos como indemnización. Y aunque el dinero les ayudó por un tiempo –en muchos de los casos para recuperarse temporalmente de desplazamientos forzados–, su situación hoy sigue siendo precaria y la promesa de reparación integral de sus vidas está lejos de cumplirse.

Todas están enfermas. Incluso dos de ellas tienen un cáncer terminal. Solo tres han logrado conseguir una vivienda por sus propios medios, y en las calles de Bogotá luchan en el día a día para poder llevarles a sus hijos un plato de comida o costearles los gastos escolares.

Las 38 mujeres hacen parte de la Fundación Caminos de Fe, que les da acompañamiento psicológico y las asesora en la búsqueda de sus derechos. Como ellas hay otras 14.460 mujeres que sufrieron delitos de violencia sexual y que han sido reconocidas por la Unidad de Víctimas, cifra que, según la ONG, sigue teniendo un amplio subregistro.

Por sus casos y los de miles de víctimas más, este 25 de mayo se conmemorará por segundo año el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.

Luz Marina Díaz, quien dirige esta fundación desde hace 20 años, conoce bien sus dificultades. Díaz comenzó su trabajo como defensora de derechos humanos en Casanare, en donde, para amedrentarla y callar sus denuncias sobre el reclutamiento de niños, los paramilitares abusaron de ella en el 2004. Se desplazó con su familia, y en Bogotá siguió con su trabajo como líder social.

Aunque hace dos años el Congreso tramitó una ley para garantizar la justicia y la atención de estas víctimas, y a pesar de que el Gobierno asegura que 5.000 de estas mujeres han recibido la indemnización administrativa, Díaz dice que falta un acompañamiento en todos los frentes. “La reparación es más que entregar un dinero, porque unos pesos no resarcen el daño. Las mujeres aceptaron la plata, saciaron sus necesidades inmediatas, pero hoy están igual o peor que antes. Faltó acompañarlas para que invirtieran el dinero en proyectos productivos sostenibles”.

Eso mismo piensa Martha, de quien abusaron guerrilleros y quedó en embarazo y hoy responde por dos mellizos. “Yo me gano la vida lavando articulados de TransMilenio de 9 de la noche a 6 de la mañana. Lo único que quisiera es tener un lugar seguro, mío, donde meter mi cabeza y la de mis hijos. Pero el Estado se ha negado a darme un subsidio de vivienda”.

Y mientras la atención en salud que prometió la ley, la educación y los subsidios de vivienda cojean, la justicia tampoco llega. El 97 por ciento de todos los casos siguen en la impunidad. Las mujeres sienten que las garantías de seguridad tampoco se han cumplido. Díaz, por ejemplo, ha recibido constantes amenazas por su trabajo. Hace 15 días le enviaron un ramo de flores con una bala y una nota firmada por el bloque Capital Águilas Negras.

‘El Estado dice que ya no los necesito’

Llevaba varios días sin saber de su hijo, hasta que un día hombres de las Farc la llamaron y le dijeron que como el muchacho sufría de convulsiones, se lo iban a devolver porque no servía para la guerra. La citaron en zona rural de San Juan de Rioseco (Cundinamarca), hasta que en el pico de una montaña se encontró con los guerrilleros. “Parecía un vegetal, yo creí que estaba muerto. Entonces empezaron a tocarme y me violaron delante de él. Fueron siete hombres los que abusaron de mí, diciéndome que si no me dejaba, mataban a mi hija y que no me devolvían a mi niño. Ese día pisotearon mi dignidad, y las autoridades lo han seguido haciendo aquí en Bogotá”, asegura.

La mujer cuenta que se le diagnosticó una enfermedad terminal por la que no puede trabajar, lo que la obliga a depender de la caridad en las calles. Dice que desde el 2014 no recibe una ayuda humanitaria del Estado y asegura que aunque recibió la indemnización de 18 millones, ese mismo día se la robaron cuando salía de un banco.

“Debo cinco meses de arriendo y me van a sacar, pero no sé qué hacer. Como mi hija mayor trabaja, gana un mínimo, entonces el Estado me dice que yo ya estoy bien y que no los necesito. No tienen en cuenta que ella ya responde por dos hijos”.

‘Mis hijos y yo fuimos abusados’

Cuando tenía 16 años, en 1990, la guerrilla llegó a su rancho para reclutarla. Como ella se negó, los hombres decidieron violarla y asesinar a uno de sus hermanos. Tuvo que desplazarse de Palestina (Huila) junto con sus papás y su familia. Llegó a Bogotá, en donde, años después, tuvo dos hijos. Como no veía ninguna posibilidad de trabajo, decidió devolverse para el campo, sin sospechar que la violencia volvería a alcanzarla.

Un día, cuando dejó a sus hijos solos mientras ella trabajaba en los cultivos, guerrilleros entraron a su casa y violaron a los dos menores. “Yo no pensé que ellos iban a pasar lo mismo que yo viví. Eso me destruyó. Nos devolvimos para Bogotá, pero ellos nunca han querido declarar lo que sufrieron, no pueden aceptarlo”, relata.

La mujer recibió una indemnización económica del Estado, pero afirma que el Gobierno los ha “mantenido abandonados desde entonces”, pues nunca ha recibido atención para la enfermedad crónica respiratoria que tiene; ni sus hijos, que ya son mayores, han visto un psicólogo. “Ni ellos ni yo tenemos un compañero sentimental. El daño que nos hicieron nos quitó las ganas de enamorarnos, de pensar en una familia”.

‘No me han indemnizado’

La han desplazado tres veces, y la última, en el 2011, sucedió en el Tolima. Tenía 4 meses de embarazo cuando varios hombres de bandas criminales tomaron la finca que ella cuidaba con su esposo. Tumbaron la puerta de su cuarto, la arrastraron del cabello y la violaron. “Hoy vivimos en un lote de invasión, en Soacha. Mi esposo es analfabeta, pero hace lo que puede en Corabastos. Yo plancho, lavo, me rebusco por todos lados”. Afirma que está esperando la indemnización desde el 2013 y que el Estado tampoco la ha ayudado con su hijo, quien tiene múltiples complicaciones de salud por el abuso durante su gestación.

EL TIEMPO

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