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Nadie responde por locales ocupados en acción contra robo de celulares

Los 66 almacenes intervenidos serían entregados a vendedores informales. SAE e Ipes se contradicen.

JUSTICIA
Abandonados y debiendo más de 90 millones de pesos por concepto de administración y servicios. Esa es la situación en la que se encuentran los 66 locales del centro comercial Las Avenidas (calle 13 con Caracas), ocupados por fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio y la Policía en octubre del año pasado, en la primera gran operación contra redes de venta de celulares robados en Bogotá.
En su momento, la ocupación con fines de extinción de dominio de los locales, avaluados en cuatro mil millones de pesos, fue presentada por las autoridades como la primera de varias etapas de una ofensiva contra estas mafias, que se han convertido en el azote de los ciudadanos.
Fuentes de la Fiscalía, que prendieron la alerta sobre la situación de abandono de los locales, señalaron que sin una intervención inmediata a los almacenes las deudas harán que sea muy complicado recuperarlos.
Aunque en su momento la Secretaría de Gobierno anunció que los locales serían entregados a vendedores ambulantes de la ciudad, hoy siguen con las cortinas abajo, y mientras que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –encargada de la administración de los bienes– dice que ya los entregó al Instituto para la Economía Social (Ipes), en esa dependencia distrital niegan tal versión.
Consultada por EL TIEMPO, la SAE señaló que los locales están en manos del Ipes, que no ha “desarrollado ningún programa para los que fueron solicitados, pues hoy se encuentran desocupados y sus pasivos administrativos continúan en aumento”.
De hecho, advirtieron que están a la espera de que la Alcaldía y el Ipes desistan formalmente del manejo de los bienes para poder arrendarlos directamente o entregarlos a otro depositario, “quien se encargaría de volverlos productivos y así atender las obligaciones que a la fecha se han generado y que no han sido atendidas por el Distrito”. Sin embargo, Camilo Gómez Castro, director del Ipes, le dijo a este diario que los locales no han sido entregados a la entidad y que siguen bajo competencia de la SAE.
Agregó que se han realizado cuatro reuniones con delegados del nivel central para acordar los términos de la entrega, y que el próximo mes se definirá el tema. “No ha habido negligencia, el proceso es complejo y tenemos que garantizar reglas claras para entregar los locales”, indicó Gómez Castro.
Argumentó que una de las talanqueras para recibir los locales es la falta de garantías para que los vendedores –quienes recibirían los predios– y que ya están en capacitación, los tengan a su cargo por al menos dos años.
“Si no se cumple con ese tiempo sería muy difícil que funcione el programa social para atender a esa población”, señaló.
Al borde de la quiebra
El administrador del centro comercial, Jaime Orlando Duarte, dijo que el establecimiento está al borde de la quiebra por culpa de las deudas de esos 66 locales decomisados. “Hace un año cada uno valía entre 150 y 200 millones de pesos, según su ubicación, y hoy no valen nada”, afirmó.
Según Duarte, ya tuvieron que empezar a despedir personal del área de servicios del centro comercial y ya se gastaron la plata que tenían en los bancos y que estaba destinada para arreglos locativos.
“Si esto sigue así, no vamos a tener otra opción que cerrar el lugar. El otro problema va a ser que quienes tienen sus locales legalmente funcionando van a terminar poniendo demandas y la administración va a terminar pagando por una situación ajena a sus funciones y responsabilidades”, añadió.
Sumada al enredo en la firma de los convenios, hay otra preocupación para la entrega de los locales y es el riesgo que correrían las personas a quienes se los entreguen. El director del Ipes denunció que se han recibido amenazas para no continuar con el proceso e incluso un grupo de funcionarios que realizaba una revisión del estado de los almacenes fue atacado por varias personas.
“Tenemos que garantizar que los que lleguen puedan trabajar sin ningún temor y sin ningún riesgo”, añadió Gómez Castro.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Humberto Guatibonza, sostuvo que esas denuncias ya están siendo investigadas por hombres de la Sijín y la Fiscalía.
“Se ha recibido esa información y sabemos que no ha sido fácil el proceso de adjudicación de esos negocios”, aseveró el oficial.
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