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Procurador demandó acuerdo firmado entre Gobierno y Farc

Ordóñez pidió al Consejo de Estado tumbar los puntos cinco y seis de lo pactado en mayo pasado.

JUSTICIA
Por considerar que la refrendación de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla debe ser un paso que anteceda cualquier pacto entre ambas partes, el procurador general, Alejandro Ordóñez, presentó una demanda ante el Consejo de Estado para pedir que se tumbe el acuerdo firmado en La Habana en mayo pasado.
Ordóñez asegura que cualquier acuerdo que se firme antes de ser refrendado es contrario a la Constitución. Por eso, dice, pidió anular los puntos 5 y 6 del documento acordado el 12 de mayo, en los que se definió que el acuerdo final de la terminación del conflicto se presentará, una vez firmado, "ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra". (Además: Proponen artículo en la Constitución para blindar acuerdos de paz)
Este acuerdo fijó además que luego de la aprobación del mismo, el Estado colombiano pedirá al Secretario General de la ONU que genere un documento oficial en el que se anexe la resolución del acuerdo final. (Lea también Once respuestas sobre el mecanismo para blindar los acuerdos de paz). Lo que quiere decir, según Ordóñez que con la sola firma del acuerdo final habrá implicaciones a nivel internacional.
El pacto que se dio a conocer a través del comunicado 69 desde La Habana pretendió blindar jurídicamente el acuerdo final; sin embargo Ordóñez asegura que la inclusión de los acuerdos en el ordenamiento jurídico del país es contrario a las leyes colombianas.
Ordóñez señala que si bien es cierto que está demandando un acto político del poder Ejecutivo, en Colombia no puede existir ningún acto del Gobierno que esté por fuera del control de los jueces. El Procurador resaltó que la Corte Constitucional en su decisión reciente sobre el plebiscito calificó el acuerdo de paz final entre el Gobierno y las Farc como un acto político, por lo que no queda vinculado en él todo el Estado y "para que pueda tener efectos en el ordenamiento jurídico debe surtir todos los trámites internos que sean necesarios".
"Al darle categoría de acuerdo especial al acuerdo final se está desconociendo el artículo tres común a los Convenios de Ginebra, pues desborda el contenido y alcance de los acuerdos especiales en los términos de esta norma, la cual ratificada por Colombia", dice el documento del Procurador.
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