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Consejo de Estado condena a la Nación por toma de las Farc en 2002

El alto tribunal señaló que la población civil debe ser excluida del conflicto armado.

JUSTICIA
El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a varias familias que se vieron afectadas durante la incursión de las Farc, el 20 de febrero de 2002, en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar (Cesar).
El fallo obliga al pago de más de 1.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
Según los hechos, durante la toma se registró la muerte de una señora, la destrucción de su vivienda, heridas a un menor de edad y a 14 personas entre ellas tres integrantes de una banda de mariachis cuando se desplazaban en un vehículo.
En su defensa, la Policía Nacional afirmó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”.
Aunque el Tribunal Administrativo del Cesar había negado las pretensiones de la demanda al considerar que el daño fue causado por un tercero, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que el deber del Estado es proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”.
En caso de que esto no sea posible, debe reparar los derechos e intereses afectados, pues “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación”.
En la decisión se resalta que la Policía conocía el riesgo que enfrentaba dicha población, pues ya se había registrado un hostigamiento a la localidad en 1996 y que, el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del lugar solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002. Llas autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, señala el fallo.
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