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Ponencia en la Corte Constitucional deja viva a la Judicatura

Magistrado argumentó que existe una supuesta afectación de la autonomía de la justicia.

JUSTICIA
El Consejo de Gobierno Judicial, creado por la reforma de Equilibrio de Poderes para ‘gerenciar’ la Rama, arranca con ponencia negativa en la Corte Constitucional.
El magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien es ponente de una de las tres demandas contra la trascendental reforma, presentó un documento en el que expone los lineamientos que tendrá su proyecto de fallo, que aún está pendiente de los detalles finales.
En esencia, según varias fuentes de la Corte, lo que plantea Guerrero es declarar inexequible la figura del Consejo de Gobierno Judicial. Esto, en la práctica, revive al desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo de Gobierno reemplazaba directamente a la Sala Administrativa de la Judicatura como órgano de gobierno de la Rama Judicial. El principal argumento es que habría existido una supuesta suplantación de la Constitución porque este nuevo organismo afectaría la autonomía de la justicia y su capacidad de autogobierno.
El magistrado también se manifiesta en contra de la designación de tres miembros permanentes para integrar el Consejo (en total son 9 integrantes), pues sostiene que son personas externas a la Rama, que no conocen su funcionamiento, que tienen un perfil técnico y, además, que no son abogados.
Y agrega que por razones de cargas laborales los miembros permanentes tendrán más tiempo en la administración de la Rama que los mismos presidentes de las altas cortes, lo que estaría generando una “asimetría en la información” en el manejo de la justicia.
En ese sentido, señala que ese Consejo no tendría la idoneidad para elaborar las listas de candidatos de las que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado eligen a sus miembros.
En este momento, el Consejo de Gobierno está en el congelador por dos medidas cautelares dictadas por el Consejo de Estado. Esto, en la práctica, ha frenado todos los efectos de la reforma, pues el nuevo órgano debía haber puesto ya en marcha los procesos de meritocracia para integrar el nuevo tribunal de aforados (que reemplazará a la polémica Comisión de Acusación) y al Consejo Disciplinario Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
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