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Juzgados de Bogotá y Pasto siguen cerrados

Cerca de 183 despachos de esas dos ciudades no están atendiendo al público.

JUSTICIA
Aunque el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura anunciaron el pasado viernes sanciones y el no pago de salarios para los funcionarios de la Rama Judicial que continúen en cese de actividades, los juzgados civiles y de familia de Bogotá y Pasto aún no operan con normalidad.
Desde el pasado 13 de enero, cerca de 183 despachos de esas dos ciudades no están atendiendo al público y han dejado de tramitar 300 procesos aproximadamente en cada uno de ellos.
La magistrada civil Aída Mónica Rosero, presidenta del Tribunal Superior de Pasto y de la Asociación de Servidores Judiciales del Sur, indicó que seguirán en asambleas permanentes hasta que una comisión del Gobierno llegue a la zona.
Rosero alega que “no hay las condiciones mínimas” para que entre en vigencia el acuerdo 10392, con el que se implementa el Código General del Proceso y piden que se aplace. “Se carecen de salas de audiencias y es insuficiente para implementar la oralidad”, advirtió.
Añade que hay congestión por 16.000 procesos nuevos que se repartieron a los juzgados civiles municipales de Pasto.
En Bogotá, la situación es diferente. Se creó un sindicato alterno a Asonal que se opone al acuerdo alcanzado con el Gobierno, el 22 de enero, para la creación de mesas de trabajo con el fin de modificar la resolución 10445 del 16 de diciembre, que implementa los centros de servicios judiciales, paso clave para instaurar el sistema oral.
Este nuevo sindicato, conformado por 250 personas, señaló que no está conforme con que el acuerdo 10445 solo se haya aplazado y exigen que se revoque. “No les tenemos miedo a las amenazas del Gobierno. Primero están el derecho al ciudadano y las garantías de empleo para todos los funcionarios. Asonal traicionó a las bases porque en las asambleas se pidió que se revocara la medida”.
En Bogotá solo se están atendiendo tutelas y la entrega de títulos.
Además del no pago de salarios, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció que se iniciarán investigaciones disciplinarias a quienes se negaron a atender a la ciudadanía.
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