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Los 'pecados' que van empujando al Inpec hacia su liquidación

Fallida fuga del asesino de cuatro niños en Caquetá revive el debate sobre el futuro de la entidad.

EL TIEMPO
Desde su creación, en 1992, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ha tenido más de 50 directores. Son, en promedio, dos directores al año y la estadística refleja la inestabilidad que caracteriza a la autoridad encargada de controlar las cárceles del país.
La breve fuga, hace una semana, de Cristopher Chávez Cuéllar, el asesino de 4 niños en Caquetá, es la más reciente anotación en una larga lista de escándalos en los que la corrupción, el desgobierno y los problemas estructurales han sido la constante.
La guardia de la cárcel Las Heliconias, de Florencia, asegura que las fallas en el fluido eléctrico ocasionadas por una tormenta fueron claves para la evasión del asesino, que tras su recaptura a manos de la Policía fue enviado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
Esa versión no explica, sin embargo, cómo Chávez Cuéllar atravesó dos puertas blindadas sin que nadie lo viera ni cómo se hizo a un cortafríos, con el que rompió una última malla antes de salir de la prisión, ni cómo consiguió el teléfono celular desde el que hizo la llamada que permitió ubicarlo de nuevo.
La investigación se centra en dos hipótesis, cada una más preocupante. Por un lado, la existencia evidente de una red de corrupción en ese penal, en el que están recluidos decenas de miembros de las Farc y, por el otro, que se haya tratado de un complot tendiente a poner en jaque al actual director del Inpec, general Jorge Ramírez. Como lo reveló este diario, el oficial fue amenazado recientemente por el presidente de uno de los 59 sindicatos de la entidad.
“El Inpec como entidad no está funcionando: el control disciplinario sobre la guardia se ve limitada por la conformación de sindicatos”, dijo, en el Congreso, el senador Roy Barreras, uno de los que se han atrevido a hablar públicamente de la liquidación de la entidad.
Barreras ha planteado la creación de una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Defensa cuyos miembros estarían sujetos al mismo régimen de la Fuerza Pública, con lo que se evitaría el cuadro que existe hoy: la existencia de sindicatos armados cuyas reivindicaciones gremiales, como ocurrió el año pasado, llevan al cierre de cárceles y a la violación de derechos de los internos.
En el alto gobierno, desde hace años, hay consenso en que se necesita una cirugía de fondo que, incluso, podría llegar hasta la liquidación, como ocurrió con otras entidades cuestionadas como el DAS y está a punto de pasar con el Consejo Superior de la Judicatura. Pero la decisión final se enfrenta a dificultades logísticas, políticas y hasta de orden público, por el carácter armado del cuerpo que sería reformado.
El analista Hugo Acero asegura que urge un proceso de modernización que pasa por la depuración del Inpec y la construcción de nueva infraestructura carcelaria. A Acero no le suena que la Policía asuma la función de custodiar las cárceles, la solución que se ha planteado en varios escenarios. En ese sentido, el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dice que “si se liquida el Inpec se deberá creer un nuevo instituto”, por lo que la mejor opción sería “una reingeniería a profundidad”.
Mientras en las cárceles sigue el “estado de cosas inconstitucional” que la Corte Constitucional declaró en 1998, a corto plazo no se ve una salida para una crisis que se refleja en el creciente hacinamiento y en las millonarias condenas contra la Nación por lo que pasa en las cárceles. Entre 2010 y 2014, el Inpec fue condenado 730 veces por un valor de 77.000 millones de pesos. Nueve de cada diez condenas tienen que ver con asesinatos y lesiones provocadas por la guardia.
Algunas facetas de la crisis en las cárceles
1. La corrupción campea
Una de las medidas de choque contra la extorsión, el bloqueo de señales de las llamadas desde las cárceles, ha sido saboteada en varios penales del país por miembros de la guardia. En las cárceles se cobra por todo: desde el patio en el que se quiere estar hasta por los cupos en los programas de estudio y trabajo, que dan derecho a rebajas de penas. Hay negocio con la venta de armas, droga y teléfonos celulares.
2. Sindicatos, blindaje indebido
El sistema carcelario tiene 59 sindicatos y, en la práctica, la existencia de estas organizaciones blinda con el fuero sindical a guardianes cuestionados por corrupción y otros delitos. Edwin Guzmán, fiscal de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), dice que los sindicatos han sido estigmatizados y que la solución no está en acabar con el Inpec. “El verdadero problema es la falta de presupuesto. Una nueva institución va a encontrar los mismos problemas”, dice.
3. La infraestructura es arcaica
En tecnología el sistema carcelario presenta notables deficiencias. De los 138 centros de reclusión en el país solo 58 tienen sistemas de cámaras de seguridad. Así, hay 80 cárceles que no cuentan con vigilancia electrónica. En cada turno de vigilancia hay 20 presos por cada guardia. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dice que en muchas cárceles los presos no se fugan “porque no quieren”.
4. Falta decisión política
La creación de nuevos tipos penales en los últimos años se refleja en el aumento de la población carcelaria, que hoy supera las 117.000 personas. La urgencia de reformar o de liquidar el Inpec está sobrediagnosticada. De hecho, al instituto le quitaron la facultad de contratar por claros indicios de corrupción. Pero hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a dar pasos definitivos.
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