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General Montoya promovió política de 'falsos positivos': Fiscalía

El excomandante del Ejército y el general Torres podrían pagar hasta 40 años de prisión.

JUSTICIAmarzo 28 de 2016, 10:16 P.M.

Como comandante del Ejército a mediados de la década pasada, el general Mario Montoya Uribe no solo no tomó las medidas para evitar que sus hombres cometieran ‘falsos positivos’, sino que habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.

Esa es la tesis con la que la Fiscalía sustenta el llamado a imputación de cargos por al menos diez casos de homicidio en persona protegida por los que Montoya, uno de los militares más polémicos de los últimos años, se arriesga a una pena de 40 años de cárcel. Esa diligencia se cumplirá el 31 de mayo próximo en un juzgado de Bogotá.

Además de Montoya, este lunes la Fiscalía vinculó directamente a otro general a los episodios de ejecuciones extrajudiciales de la década pasada. Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de varias divisiones, quedó preso desde este lunes para responder por la muerte de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que a Montoya Uribe, también exembajador, le imputarán responsabilidad en varias muertes en falsos combates ocurridas entre el 2006 y el 2007. En ese grupo está una de las víctimas de ‘falsos positivos’ que fueron reclutadas en Soacha y cuyo caso destapó el escándalo. (Lea también: ¿Quiénes son los generales investigados por 'falsos positivos'?)

Aunque los ‘falsos positivos’ investigados durante la comandancia de Montoya superan los 2.000, la Fiscalía definió una decena que, considera, demostrarían que se trató de una práctica criminal sistemática que se extendió por todo el territorio nacional.

El modus operandi y el perfil de algunas de las víctimas –desmovilizados, personas con antecedentes judiciales, consumidores de drogas– refuerzan la hipótesis de que pudo haber una estrategia promovida o tolerada por altos mandos para mostrar mejores resultados operacionales.

Señalaron que se le imputará ese delito teniendo en cuenta la Convención de Ginebra sobre la obligación que tenía el oficial de proteger a las víctimas que fueron presentadas como bajas en combate.

Los fiscales del caso consideran que Montoya, como comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008, no dio instrucciones para poner controles y restricciones a la política de premios, condecoraciones y permisos que se daban a las unidades militares que más bajas producían. Y que además fue uno de los principales promotores para que se privilegiaran las bajas en combate sobre la capturas (el llamado body count). (También: Las investigaciones que esperan al general (r.) Montoya)

Según los investigadores, hubo alertas de ONG y de oficiales que supuestamente no fueron tenidas en cuenta por el general. En el expediente hay reportes sobre denuncias de supuestos ‘falsos positivos’ cuya incidencia se habría disparado durante la comandancia de Montoya Uribe, llegando a 1.161 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en el 2007.

La Fiscalía también le da crédito a un cable de WikiLeaks del 2009 en el que el entonces inspector general del Ejército, Carlos Alberto Suárez, advertía sobre las presiones que ejercía Montoya sobre los comandantes de división y brigadas para que reportaran muertes en combate como fórmula para demostrar que estaban propinando duros golpes, sobre todo a la guerrilla.

Escalante, preso en guarnición

El testimonio del teniente del Ejército Marco Fabián García Céspedes, condenado a 22 años de prisión por su responsabilidad en ‘falsos positivos’ cometidos en Casanare, fue clave en la investigación que llevó a la expedición de una orden de captura contra el general Henry William Torres Escalante.

El teniente García les dijo a los investigadores que el entonces coronel Torres Escalante, quien era comandante de la Brigada 16, con sede en Yopal, estaba enterado de los ‘falsos positivos’ que se venían cometiendo en su jurisdicción, por lo que un juez de Paz de Ariporo compulsó copias para que se investigara al alto oficial.

La Fiscalía, que desde hacía más de dos años venía investigando el caso, dictó orden de captura y este lunes mismo el general Torres se entregó en el búnker de la Fiscalía y fue trasladado a la Escuela de Infantería. El general debe explicar dos muertes: las de Daniel Torres Arciniegas y la de su hijo, Roque Julio Torres.

En marzo del 2007, los campesinos fueron presentados como integrantes de la guerrilla que supuestamente habían muerto en un combate con uniformados del batallón de Contraguerrilla número 65 de la Brigada XVI en zona rural de Aguazul (Casanare).

Roque Julio Torres había denunciado y era testigo en otro caso de ejecución extrajudicial cometida en la misma zona, y la tesis de los investigadores es que su muerte se dio para frenar sus denuncias.

Torres Escalante es el único de los 22 generales vinculados a investigaciones de ‘falsos positivos’ que seguía en servicio activo.

El Comando del Ejército expidió este lunes un comunicado en el que señala que sigue colaborando en las investigaciones y pide que se garanticen los derechos fundamentales del oficial.

“Esta difícil y compleja situación que aflige a los hombres y mujeres de nuestra institución la respetamos y la acatamos, confiando en que las providencias de las autoridades competentes para estos casos se enmarcan en las premisas fundamentales de la verdad, el derecho y la justicia”, señaló el Ejército.

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