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La millonaria compra que enreda a exdirector de Fondo del Ahorro

Domingo 4 de diciembre de 2016
Justicia

La millonaria compra que enreda a exdirector de Fondo del Ahorro

Fiscalía le imputará cargos a Ricardo Arias. Contraloría investiga detrimento de $ 35.937 millones.

Por:  JUSTICIA | 

A Ricardo Arias la Fiscalía le imputará dos delitos.

Foto: Archivo particular

A Ricardo Arias la Fiscalía le imputará dos delitos.

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Por presuntas irregularidades en la compra de la sede en la que hoy funciona el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tendrá que responder el expresidente de esa entidad Ricardo Arias Mora.

La Fiscalía lo citó a imputación de cargos por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación penal se suma a una auditoría de la Contraloría que concluyó que en la compra del nuevo edificio del FNA –que se realizó en el 2012, durante la administración de Arias– se habrían pagado 35.937 millones de pesos de más a una fiduciaria que le vendió el inmueble.

El Fondo realizó tres avalúos del bien para ajustar su contabilidad a los estándares de la Normas Internacionales de la Información Financiera (Niif), y encontró que el precio del edificio estaba muy por debajo de lo que la administración de Mora pagó.

La Contraloría solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que hiciera un nuevo avalúo retroactivo para verificar el valor real del bien, ubicado en Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. En ese trámite se encontró que mientras el edificio fue comprado por el Fondo por 70.713 millones de pesos, en realidad costaba 34.775 millones, lo que habría generado el detrimento. Esa presunta pérdida afecta los gastos de administración del Fondo y no los dineros misionales de la entidad, provenientes de las cesantías de los colombianos.

La Contraloría asegura que “el daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable”.

Además, según fuentes del organismo, el precio que fijó la firma que realizó el avalúo, Valor S. A., se basó en bienes que no podían compararse con el que adquirió el Fondo, como el centro comercial Gran Estación II. Esto hizo que al comparar varios edificios para la compra se fallara en el “proceso de homogenización de la muestra de mercado inmobiliario”, lo que habría terminado en direccionar la compra. “Para la Contraloría es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración del deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del inmueble”, señala el organismo de control.

Arias le dijo a EL TIEMPO que aunque ha estado dispuesto a dar las explicaciones necesarias a la Contraloría, aún no ha sido llamado. También dijo que le pidió más tiempo a la Fiscalía para la imputación, ya que está reuniendo las pruebas para su defensa. Dijo que la diferencia en los avalúos “es un tema de las nuevas normas de contabilidad financiera”, por lo que insistió en que no incurrió en irregularidades.

La sombra de Aroch

Fuentes que conocen el proceso aseguran que la fiducia a la que el Fondo le compró el inmueble estaba manejando en la época un patrimonio autónomo en el que estaba incluido el predio de Puente Aranda.

Allí aparecían dos firmas: Inversiones Dartas S. A. S., cuyo gerente es Alberto Preciado Arbeláez, y Modas Sofisticadas S. A. S., cuyo representante legal es el empresario Alberto Aroch Mugrabri, quien hoy responde en un proceso penal por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Según la investigación de la Fiscalía, Aroch realizó triangulación de operaciones de empresas en China, Venezuela y Estados Unidos para dar apariencia de legalidad a plata de operaciones ilegales.

Aroch es uno de los socios del edificio en el que funcionaba en arriendo la Contraloría General, contrato que también tiene un capítulo penal.

JUSTICIA

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