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Hasta autores de falsos positivos se lucraron de tráfico de pensiones

Fraude con pensiones e indemnizaciones irregulares en FF. MM. supera los 25.000 millones de pesos.

JUSTICIA
Volantes en los que ofrecían “asesorías para el trámite de pensiones”, repartidos a la entrada del Batallón de Sanidad del Ejército en Bogotá, eran uno de los ‘ganchos’ de la red de corrupción que habría defraudado en más de 25.000 millones de pesos el sistema de retiro de las Fuerzas Militares. (Vea también: Cifras del pago que hizo el Ejercito por falsas pensiones e indemnizaciones)
Con un papel de esos en la mano, un agente encubierto de la Dijín de la Policía que se hizo pasar como militar retirado empezó el trámite con el que consiguió que le pagaran una jugosa indemnización a la que no tenía derecho.
Logró que le avalaran una falsa historia clínica que aseguraba que tenía problemas psiquiátricos y disminución de la visión por causas asociadas al servicio.
Uniformados activos, entre ellos oficiales y suboficiales, médicos y empleados de recursos humanos, estamparon su firma para que el agente infiltrado obtuviera el pago de 45 millones de pesos como indemnización. Eso a pesar de que su visión está perfecta y de que su salud mental no presenta problemas.
Este viernes, el mismo Ejército dio a conocer los resultados de la investigación, que fue adelantada por la Dijín y la Fiscalía y que llevó a la captura de 35 personas.
En la redada cayeron 14 militares activos, 15 retirados, un contratista y 5 expertos en temas de salud que operaban en varias regiones del país. En la lista de beneficiarios por las pensiones e indemnizaciones fraudulentas aparecen hasta condenados por los ‘falsos positivos’. El teniente Fernando Murcia Peña, que paga 19 años por el asesinato de un campesino en Putumayo; y el suboficial Otoniel Aguirre Correa, que purga 23 años por un caso similar en Sucre, fueron notificados de una nueva orden de captura en su contra por el fraude.
Sobre estos dos uniformados en el expediente de la Fiscalía dice que “estaban realizando el proceso de junta medica para lo obtención de indemnización de manera fraudulenta, la cual influye directamente en la alteración de los conceptos médicos emitidos por especialistas de la dirección de sanidad”.
El agente encubierto hizo todo el proceso, según los datos que aparecían en el volante. Contactó telefónicamente a una persona a quien llamaban ‘Profe’, quien resultó ser un sargento segundo retirado identificó como Julio César Zapata Zapata.
El ‘Profe’ se comprometió con todo el trámite para el pago de la indemnización. Para ello, le dijo, tenía que mover sus fichas en Sanidad y “eso costaba una platica”. Hubo un primer pago de 2 millones de pesos y se acordó que una vez recibiera el desembolso debía pagar otros 20 millones de pesos. Según dijo, a cada médico había que darle de a 5 millones, pero la ‘inversión’ se recuperaba con la diferencia frente a la indemnización y el reconocimiento de la pensión de invalidez.
A los tres días –revela la investigación–, el agente encubierto ya tenía su primera cita con la psiquiatra, la teniente coronel Rosse Mary Garzón Porras, quien en un primer examen avaló su discapacidad. Luego, la teniente coronel Íngrid Cristina Guzmán Torres, otra médica psiquiatra, avaló también la historia clínica. Hubo también un examen de un médico ortopedista y traumatólogo, el mayor del Ejército, Javier Jiménez Báez, quien también emitió su concepto favorable para la declaración de incapacidad.
Por último, el capitán Carlos Andrés Pino Flórez, de la oficina de Prestaciones Sociales agilizó el pago del desembolso, es decir, los $ 45 millones.
Estas personas hacen parte de la lista de capturados en el ahora llamado ‘carrusel de Sanidad’. Las capturas se hicieron efectivas en Bogotá, Fusagasugá, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Yopal y Medellín.
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo que en los próximos días se realizarán nuevas capturas en una segunda fase de la investigación. Indicó que el fraude relacionado con las indemnizaciones llega a los 20.000 millones de pesos y por reclamaciones pensionales cinco mil millones.
“En la investigación encontramos que incluso la red le hizo ‘conejo’ a algunas de las personas que les pagaron fuertes sumas de dinero y que aún están esperando que les cumplan con el pacto ilegal”, señaló Perdomo.
Entre los aprehendidos están varios militares retirados, quienes fueron sorprendidos en flagrancia cuando realizaban el trámite para cobro ilegal de indemnizaciones.
Todos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y fraude procesal.
La investigación arrojó, además, que esta red facilitaba el pago de elevadas pensiones, a personas que no reunían las semanas de servicio. Estos pagos superaban los cien millones de pesos. Por este trámite, dijo el Ejército, los integrantes de este ‘carrusel’ cobraban hasta 40 millones de pesos.
El seguimiento a la red estableció la existencia de al menos 200 casos de personas que recibieron millonarios pagos indebidos.
La investigación arrancó desde julio del 2013, cuando la Dirección de Sanidad del Ejército, luego de una auditoría descubrió un déficit presupuestal que no aparecía soportado en sus sistemas centrales. Entonces solicitó a la Fiscalía que se estableciera una investigación.
La organización tenía en las regiones varios médicos que certificaban, de manera externa, las supuestas dolencias que permitían las pensiones. Eso pasó con un fonoaudiólogo de Neiva que certificó varias discapacidades que en realidad no existían.
Este viernes en la noche la Fiscalía trasladó los capturados a Bogotá para presentarlos ante un juez de control de garantías de Paloquemao.
Abogado repartía el dinero
En la investigación de la Fiscalía se lee que el abogado José Ovidio Reyes Reyes era clave para la organización, pues se encargaba de asesorar legalmente a los uniformados que pretendían aumentar irregularmente su pensión o dictamen de invalidez.
Según el expediente, el abogado era quien recibía en efectivo el dinero de los uniformados, muchos de los cuales se endeudaron con el mismo fondo del Ejército para hacer los pagos, y luego lo repartía en sobres entre todos los integrantes de la red desmantelada este viernes.
Otros líos del sistema de sanidad militar
La Contraloría General ha advertido que las deudas que hoy tiene el sistema de Sanidad Militar con las instituciones prestadoras de salud y el Hospital Militar, que superan los 100.000 millones de pesos, junto con la deficiente atención a los uniformados que a veces tienen que esperar hasta seis meses para una cita, “hacen que este sistema sea insostenible”.
Pese este déficit, según la Contraloría, persiste la falta de control en algunos contratos. Es el caso de un negocio del 28 de noviembre del 2012 entre la Dirección General de Sanidad Militar con Medisán por 133.942 millones de pesos, y que debía tener una duración de 19 meses. El objeto del negocio era centralizar la compra, suministro y control de medicamentos que se les entregan a los uniformados heridos o enfermos. El órgano de control asegura que en el negocio hubo un mal manejo del anticipo que fue de 14.647 millones de pesos, y un sobrecosto de 1.189 millones de pesos. Como la firma incumplió, el Ejército le impuso una multa de 3.500 millones de pesos y el contrato fue cedido.
Otra mala práctica se estaría dando en negocios del Hospital Militar en donde la Contraloría asegura que, supuestamente, los representantes legales de las firmas a través de las que se contratan especialistas “tienen vínculos con la Fuerza Pública, especialmente con el Ejército”. El organismo de control también ha advertido que pese a que hay pocos especialistas, los que tienen estos títulos son “subutilizados en cargos administrativos”.
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¿Cómo se lucraban?
Los miembros de la red cobraban 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados con altos índices de discapacidad, que permitieran mayor reconocimiento de indemnizaciones, y 40 millones de pesos por obtener altas pensiones. Adicionalmente violaban otras normas y hacían intercambios irregulares de dinero.
¿Cuál es la lectura del Ejército ante estos hechos?
El comando del Ejército condena estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción en el que se encuentre vinculado alguno de sus integrantes. Asimismo, estamos tomando nuevas medidas anticorrupción y vamos a aplicar reformas profundas al sistema de salud, con el propósito de garantizar el acceso real a la provisión de servicios oportunos y de buena calidad para todos los usuarios de la Sanidad Militar.
¿Qué medidas se asumirán para mejorar el sistema de salud militar?
Mayores controles a los conceptos médicos. Se incrementarán las auditorías en todos los centros de salud militar. La capacitación de los jefes de dispensario y personal de control interno. Reducción del déficit fiscal, mediante la implementación de medidas de controles en todos los niveles para un mejor servicio.
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