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Se desata guerra por el chance de 'la Gata' en el Magdalena

Denuncian que nueva licitación, por 13.000 millones de pesos, ya tendría dueño.

Mientras Enilse López, ‘la Gata’, estaba postrada en una cama de un hospital, procesada por homicidio, la gobernación del Magdalena le entregó a su empresa Aposmar S.A., el negocio del chance hasta el 2018. La asignación se hizo en diciembre de 2012 y nadie dijo nada, a pesar de que López tenía prisión domiciliaria, sus hijos estaban bajo la lupa de la Fiscalía y Aposmar fue la única firma en presentarse a la licitación convocada por la administración de Luis Miguel Cotes.
Sin embargo, el mismo gobernador acaba de tomar la decisión de iniciar un proceso para caducar el contrato, tasado en más de 13.000 millones de pesos.
En plenas fiestas navideñas, Cotes firmó una resolución en la que argumenta, entre otros puntos, que no considera moral ni ético sostener un contrato con esa chancera. Además, advierte que, aunque la Fiscalía no le ha solicitado caducar la concesión, no quiere verse inmerso en una sanción disciplinaria ya que la Procuraduría le solicitó que revisara el contrato debido a que Aposmar aparece desde hace siete meses en un proceso por lavado de activos del clan López.
A varias autoridades, sin embargo, les ha llamado la atención que solo hasta ahora Cotes considere inmoral y antiético tener un contrato con Aposmar, si los nexos de esa firma con ‘la Gata’ datan de hace de 30 años y los procesos que se le sigue al clan son anteriores a la asignación de la concesión. Además, no entienden por qué tomó la decisión después de que la chancera quedara bajo la administración del Estado.
“Desde julio, Aposmar está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la vieja Dirección Nacional de Estupefacientes. Se relevaron a todos los socios vinculados con los López, se removieron gerentes y todas las acciones están en cabeza del Estado”, explicó un investigador judicial.
Efectivamente, la administración de la firma le fue entregada a Herles Rodrigo Ariza, oficial (r.) de la Policía, exedecán del presidente César Gaviria y experto en lucha antinarcóticos. Y aunque Ariza dijo que no está autorizado para hablar de la decisión de Cotes, este martes, en audiencia pública, dará a conocer su argumentación jurídica y la de la SAE para oponerse a la caducidad.
Posición oficial
En reuniones con directivos de esa entidad concluyeron que la decisión de Cotes carece de sustento jurídico, al no soportar legalmente las razones que justificarían la medida. Además, que el propio Gobernador admite en su resolución que Aposmar ha cumplido con lo pactado. Además, no ha violado ninguna de las causales especiales que él mismo menciona.
Y aunque el mandatario se refiere directamente a los inconvenientes de la investigación por lavado contra Aposmar, aún no hay ningún fallo en firme que afecte a la chancera por blanqueo de capitales. Incluso, de darse una terminación unilateral del contrato –otro término que usa Cotes–, la gobernación tendría que prepararse para indemnizar a la chancera.
Aparentemente, el tema se resolverá en el campo jurídico. Pero hay denuncias según las cuales exgerentes de Aposmar les han pedido a sus empleados que saboteen su operación con la promesa de que la firma que se gane la nueva licitación los mantendrá en sus cargos, en una especie de alianza con los López.
Se llamó a Cotes para conocer su opinión sobre la postura de la SAE y sobre las denuncias sobre el supuesto direccionamiento de la próxima licitación, pero al cierre de esta edición no había respondido. Y el representante de la firma que, según las denuncias, se quedaría con el chance del Magdalena, dijo que por ahora no está interesado y que nadie de la Gobernación lo ha contactado.
Las razones de Cotes
El martes inicia el proceso de caducidad
A pesar de que el gobernador Cotes no respondió las llamadas de EL TIEMPO, la resolución que firmó el 16 de diciembre dice que, si bien el depositario ha cumplido con el contrato, se debe cancelar con el fin de “salvaguardar la ética social en la contratación” y se apoya en el hecho de que los integrantes del clan de Enilse López enfrentan un proceso por lavado de activos. Dice Cotes que, según la ley, es causal de caducidad “la colaboración del contratista con grupos al margen de la ley”. También advierte que en Aposmar hay “una mezcla de capital lícito e ilícito”.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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