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Gobierno vota por la no reestructuración de la polémica Friogán

Dice que el acuerdo para pagar $ 70.000 millones abusa de los acreedores y es ilegal.

UNIDAD INVESTIGATIVA
El futuro de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán) se está enredando. La Superintendencia de Sociedades anunció este lunes que el proceso de reorganización de la compañía –que agrupa a cinco poderosos frigoríficos del país– queda congelado, al menos hasta el 26 de mayo próximo.
Según la Súper, se espera que dentro de ese plazo se finiquite el acuerdo de negociación con los acreedores a quienes se les debe más de 70.000 millones de pesos. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que dicho acuerdo parece estar más lejos que nunca.
Así consta en una carta, radicada hace cuatro días, en la que el viceministro de Agricultura y presidente de la junta del Fondo Nacional del Ganado, Juan Pablo Pineda, anuncia el voto negativo del Gobierno.
“Por medio de la presente manifiesto que voto negativamente la propuesta de respaldar o aprobar el proyecto de acuerdo de reorganización con el que socios de Friogán creen que la empresa se salvaría sin problema (ver recuadro)”.
Y, a reglón seguido, Pineda esgrime tres argumentos de fondo.
El primero de ellos es que, una vez conocido el borrador del proyecto para el pago de acreedores, “se observa que este viola las prelaciones legales, ya que pretende pagar simultáneamente a los acreedores fiscales con los demás acreedores con menor preferencia”.
Y si bien, el artículo 41 de la Ley 1116 del 2006, señala que se puede hacer esa excepción, exige que el acuerdo haya sido votado por más del 60 por ciento de los acreedores, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
¿‘Conejo’ a bancos?
De hecho, para Pineda, el Acuerdo de Acreedores no contempla un escenario para que sea aprobado por la mitad más uno de los acreedores y sea votado por al menos de 3 categorías, según establece el artículo 31 de la Ley 1116.
“El Gobierno no puede acompañar la intención y el propósito de la propuesta de imponer un acuerdo abusando de las mayorías sin tener en consideración la opinión de otros acreedores, como son las entidades financieras que de buena fe y oportunamente prestaron sus recursos y ahora ante la imposibilidad de Friogán de honrar sus obligaciones, excluirlas de cualquier fórmula de arreglo”, dice la constancia del Viceministro.
Y asegura que la fórmula de pagos “pretende ser impuesta a los acreedores financieros para que queden obligados a estudiar qué parte de sus acreencias las capitalicen y reciban acciones”.
Además de no compartir ese mecanismo, que califica como unilateral, el Viceministro también advierte que votó negativamente y ejerció el derecho de veto sobre la solicitud de suspender la reorganización.
Según él, ese plazo –inicialmente era de cuatro meses– irá en contra de los activos de Friogán “dado su avanzado estado de deterioro, que se ha visto agravado porque no ha cumplido con el pago puntual de lo que se conoce como gastos de administración”.
Sin embargo, tanto el promotor de la sociedad, Pablo Muñoz, como varios acreedores –entre ellos el BBVA y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea)–, pidieron el plazo en busca de un acuerdo para el que tienen algo más de un mes. Si este no prospera, como cree el Gobierno, la liquidación de Friogán sería inminente.
¿Qué propone el acuerdo?
El documento de acuerdo de pago propone, entre otras cosas, que las acreencias se paguen a 10 años, mediante abonos trimestrales. También prevé la no repartición de dividendos hasta que se salden las deudas y la venta de las plantas ubicadas en Cúcuta y de Valparaíso para respaldar varias de las acreencias. Este último punto lo objetó también el viceministro Pineda tras señalar que ni siquiera se ha hecho un estimativo del costo y conveniencia de esas ventas.
Unidad Investigativa
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