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Gobernador (e) de Cundinamarca ordena revisar contrato de Álvaro Cruz

Procuraduría y Fiscalía indagan sobre la celeridad con la que se estructuró y entregó la licitación.

UNIDAD INVESTIGATIVA
Guillermo Rivera, el gobernador encargado de Cundinamarca, ordenó la revisión inmediata de la adjudicación del contrato de concesión para manejar el sistema de información de tránsito a cargo del departamento.
La decisión se tomó 24 horas después de que EL TIEMPO reveló que el contrato fue adjudicado por la Secretaría de Transporte y Movilidad, en tiempo récord: el 24 de agosto, seis días después de la renuncia de su antecesor Álvaro Cruz, involucrado en el ‘carrusel’ de la contratación.
Además, los ganadores son los mismos a los que Cruz les entregó ese contrato hace 13 años, cuando fue gobernador de Cundinamarca por primera vez. Se trata del consorcio Circulemos Cundinamarca 2015, el único que se presentó a la licitación.
El consorcio está compuesto por las firmas CGA Technologies (con el 25 por ciento) y Data Tools (con el 75 por ciento).
“Debido a un supuesto detrimento patrimonial en el marco de la contratación para la adquisición de un software de tránsito, les solicito enviarme un informe detallado sobre el mencionado proceso contractual así como todos y cada uno de los conceptos que hayan sido emitidos por la Unidad de Contratación y la Secretaría de Movilidad”, les escribió Rivera a las cabezas de esas dependencias.
El Gobernador le explicó a EL TIEMPO que le está empezando a llegar la información y que una vez analice los documentos tomará decisiones.
“Apenas vi la publicación de EL TIEMPO me interesé en el tema. Quiero saber cómo se adjudicó y a quiénes, antes de un pronunciamiento oficial”, le dijo Rivera a este diario.
¿Montos falsos?
Si bien el contrato de concesión aparece por un monto de 2.467 millones de pesos, la concesión compromete millonarios recursos.
Andrés Díaz, secretario de Transporte, le dijo a este diario que no superaba los 23.000 millones de pesos. Pero EL TIEMPO tiene en su poder un análisis económico que indica que el contratista obtendrá como mínimo 41.800 millones de pesos por la operación de la concesión.
De hecho, Policía Judicial ya tiene ese documento en su poder –con sellos, firmas y membretes– e indaga por qué el monto se duplica y por qué la Gobernación da una versión diferente sobre los ingresos del contratista.
También se indaga por qué, en la gobernación de Pablo Ardila, Data Tools logró que se le ampliara la concesión en un cien por ciento, a pesar de que la norma indica se puede tan solo en un 60 por ciento.
“El gobernador Cruz me llamó a su despacho y me delegó directamente todo el proceso porque mi oficina era la que lo conocía. Todo se hizo de manera transparente”, le dijo Díaz a este diario.
Y si bien la Gobernación dice que siguió parámetros legales para esta contratación, a los organismos de control les llama la atención la celeridad con la que se estructuró y entregó la licitación.
Para la estructuración del proceso se contrató, el 22 de diciembre del 2014, a la firma Asesorías y Consultorías Integrales de Proyectos (Proyecta S. A. S.).
Documentos demuestran que se le dio un plazo inicial de ocho días para elaborar la estructuración, y otro de dos meses y 22 días para armar el proceso licitatorio.
En criterio de los investigadores, también se registró una inusitada celeridad en los plazos de la licitación, que explicaría por qué varias empresas se abstuvieron de participar.
Finalmente, la licitación se cerró el 3 de agosto y se adjudicó 21 días después.
Para blindar otras contrataciones que, como estas, se firmen durante su encargo, el gobernador Rivera les envió una directriz a todos los secretarios del despacho, a los directores de unidades administrativas especiales y a los directores y gerentes de entidades descentralizadas en las que les dicta parámetros de transparencia en la contratación.
Entre otros, les advierte que deben publicar los expedientes completos en la página web y verificar dos veces las observaciones a través de la Unidad de Contratación. Además, dejar los documentos dispuestos para una revisión de control interno.
Por ahora, Procuraduría y Fiscalía indagan si las otras firmas interesadas en la millonaria concesión vieron vulnerados sus derechos por esa premura.
Además, si hubo alguna ventaja por el hecho de que Data Tools viniera ejecutando el mismo contrato.
Hace una semana, EL TIEMPO buscó a los representantes de Data Tools para conocer su opinión sobre los reparos al contrato que se ganan por segunda vez, pero no han respondido los mensajes.
Cruz, quien prepara su defensa por su participación en el ‘carrusel’ de la contratación, tampoco se ha pronunciado sobre el polémico contrato que dejó listo para firmar.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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