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'Mantener fumigaciones sería condenar a muerte a miles de colombianos'

Fiscal explica por qué le dará voto positivo a suspensión del glifosato en los cultivos ilegales.

JUSTICIA
El fiscal Eduardo Montealegre afirma que la suspensión del uso del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos no puede posponerse y le dice al procurador Alejandro Ordóñez, abierto opositor de esa posibilidad, que tome el debate “con seriedad” y que no invente “fantasmas inexistentes”.
¿Qué argumentos va a llevar contra el uso del glifosato al Consejo de Estupefacientes del 14 de mayo?
Las dudas sobre la inocuidad de la aspersión con glifosato no son nuevas. Varios estudios han advertido sobre esos riesgos y ahora, con más razones, el Estado no puede hacerse el de la vista gorda cuando se hacen tan serias advertencias. En aplicación del principio constitucional de precaución, tiene la obligación de cesar inmediatamente la aspersión aérea de esta sustancia. En el Consejo daré un respaldo rotundo, sin salvedades ni asteriscos, a la solicitud del Ministerio de Salud, pues considero que hacer oídos sordos a las advertencias de la OMS sería equivalente a condenar a la muerte o a la grave enfermedad a millares de colombianos.
Varios sectores advierten que frenar las fumigaciones sería un duro golpe a la lucha contra la droga...
No es cierto que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato suponga una claudicación o un repliegue del Estado en la lucha contra las drogas. Varios estudios han mostrado que su efectividad es mucho menor de lo que se tiende a pensar. Investigaciones tan serias como la del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes han mostrado cómo la política contra las drogas basada en la persecución de los cultivos ilícitos ha sido un rotundo fracaso, y sugieren reorientar los esfuerzos no tanto hacia la erradicación de cultivos sino más hacia la incautación de cargamentos y la destrucción de laboratorios. Es mentira que con la suspensión de la aspersión ceda siquiera un milímetro en la batalla contra el narcotráfico. Es momento de repensar de una vez por todas la estrategia del Estado en la lucha contra las drogas. Lo cual, de hecho, estamos en mora de hacer hace décadas.
¿Qué alternativas hay?
La lucha contra las drogas no puede darse a expensas de la vida y la salud de los colombianos. Cualquier medida que se pretenda adoptar debe ser resultado de un ejercicio de ponderación entre el interés público de combatir el narcotráfico, por un lado, y el derecho a la vida y a un medio ambiente sano de los colombianos, por el otro, ante lo cual debe preferirse siempre esto último. Sin ser desde luego un experto, temo mucho que el uso aéreo y a gran escala de herbicidas con componentes similares a los del glifosato pueda resultar dañino tal como ha ocurrido con la aspersión aérea con glifosato. Frente a la erradicación manual, aunque es una medida interesante, y más en un contexto de postconflicto, lastimosamente las evidencias muestran que es una alternativa muy costosa en términos de vidas, pues miles de hectáreas de cultivos de coca están cercadas por minas antipersonales.
¿Cree que se vienen demandas contra el Estado?
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han realizado ya importantes pronunciamientos para proteger a los ciudadanos frente a la fumigación con glifosato. Esos parámetros fijados por las altas cortes no entrarían en conflicto con el pronunciamiento de la OMS, sino que por el contrario vendrían a fortalecerse en sus fundamentos técnicos. Sería inaceptable querer esconder, soslayar o minimizar las serias evidencias sobre los efectos nocivos para la salud humana derivados del uso de glifosato por el temor de eventuales demandas contra el Estado como consecuencia de la política de aspersión. La actitud más inteligente y responsable es, en cambio, cesar inmediatamente la fumigación y con ello evitar que en el futuro el Estado continúe siendo condenado.
Hay quienes dicen que esta sería una decisión amarrada al proceso de paz...
Es delirante y fantasioso llegar a creer que existe alguna relación entre los recientes hallazgos de la comunidad médica sobre la probabilidad cancerígena del glifosato y los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en torno al punto de drogas y cultivos ilícitos. Cualquier coincidencia sustantiva entre estas dos circunstancias es totalmente fortuita. Suponer que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer –que, recordemos, es un centro de investigación de la mayor seriedad y respetabilidad– publica resultados de índole técnica al compás de lo que sucede en La Habana sencillamente se cae de su propio peso. Le hago una invitación muy respetuosa al señor Procurador para que asuma este debate con seriedad y no siga creando ante el país y ante la comunidad internacional fantasmas inexistentes, tal y como ha hecho en muchísimas ocasiones frente al proceso de paz de La Habana. Mi llamado es a que “desideologicemos” el debate, a que la discusión se dé en un plano eminentemente técnico, sin maniqueísmos.
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