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'Exparas' de 'clan Castaño', en lista de falsos reclamantes de tierras

Seis desmovilizados que trabajaron para hermanastra de los Castaño fueron capturados.

JUSTICIA
Desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová, que en la triste época de los paramilitares fueron claves para que Sor Teresa Gómez, hermanastra de los Castaño, pusiera en marcha el mayor despojo de tierras en Córdoba, aparecen en la lista de los falsos reclamantes capturados.
Uno de ellos, de acuerdo con el expediente, es Marciano Antonio Galeano, quien figura como uno de los antiguos hombres de confianza de Gómez (hoy capturada) y su trabajador en la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), la ONG de fachada de los Castaño con la que les arrebataron miles de hectáreas a campesinos en lo que mostraron como una ‘reforma agraria’ en los 90.
En la investigación, realizada por la Policía Judicial de la Dirección de Carabineros con la Fiscalía y la Unidad de Restitución de Tierras, se estableció que Galeano y otros cinco desmovilizados pretendían acceder a predios en la hacienda Santa Paula, en el corregimiento Leticia, cercano a Montería.
Además, se presentaron como víctimas para que el Estado les entregara tierras en Las Tangas, Cedro Cocido, Palma de Vino y Pasto Revuelto. Todas hacen parte de procesos en los que el Tribunal de Antioquia ha restituido derechos a campesinos.
La Policía de Carabineros investiga versiones que señalan que detrás de estos falsos reclamantes estarían los últimos propietarios que en su momento habría prestado sus nombres a las Auc y que hoy se resisten a devolverlos. En el caso de Santa Paula, adonde algunos legítimos dueños ya han retornado, señalan a un hombre al que llaman 'Porky'.
Lupa a notarios
El general Luis Eduardo Martínez, director de la Policía de Carabineros, señaló que “las capturas han develado intereses de algunos grandes terratenientes, de gamonales, de estafar al Estado con reclamaciones y acciones ilegales”.
Agrega que en esa estrategia criminal los falsos reclamantes incluso presentaron ante las autoridades documentos avalados por notarios que en su momento legalizaron ventas y traspasos de propiedad cuando el vendedor había fallecido.
Así se detectó en el caso Factor Antonio Durango, quien, de acuerdo con la Policía, fue asesinado por negarse a vender sus tierras en Córdoba, y luego aparecía firmando la venta en una notaría. El rol que cumplieron en las notarías, especialmente de dos (una en Urabá y otra en Córdoba), hace parte de una nueva operación que la Policía realizará contra los saboteadores del proceso de restitución. Allí figuran ganaderos y líderes de víctimas que con engaños pretenden acceder a tierras. Uno de ellos fue capturado en el Urabá antioqueño la semana pasada. Se trata de Jesús Aníbal Hinestroza, un desmovilizado del Epl que consiguió reclutar a por lo menos 50 falsos reclamantes para acceder a predios de La Leona, en Turbo.
La historia de esa hacienda está marcada por la violencia del Epl, las Farc y los paramilitares de alias el Alemán, hoy libre tras pagar la pena alternativa de Justicia y Paz, y de alias HH., extraditado y preso en una cárcel de Estados Unidos. “A los propietarios los obligaron a vender sus predios por un millón de pesos, y los que se resistieron fueron asesinados”, dice un oficial que lideró la investigación.
Añade que varias de esas personas que prestaron sus nombres, firmas y huellas a los paramilitares para hacer el traspaso de los bienes hacían parte de los 31 capturados por reclamar irregularmente tierras.
También aparecen campesinos a los que Aníbal Hinestroza les habría entregado libretos de las versiones que debían narrar a la hora de hacer las reclamaciones. La Unidad de Tierras detectó las irregularidades cuando en el 2013 en los procesos de documentación de los casos ninguno pudo reconocer sus tierras.
En este proceso, la Policía y la Fiscalía también documentaron que en Cesar nueve personas (dos de las cuales ya fueron capturadas) pretendían quedarse con predios de las fincas La Ilusión y Leticia. Las autoridades indagan la posible relación de uno de los capturados con una campaña política.
JUSTICIA
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