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'Necesitamos una cruzada para recuperar la fe en la Corte'

Mininterior dice que un retiro temporal del magistrado Jorge Pretelt sería muy grave.

YAMID AMAT
El Gobierno decidió enfrentar de lleno los problemas de credibilidad que afectan a la Corte Constitucional y pidió que el retiro del magistrado Jorge Pretelt sea definitivo. Decidió además introducir modificaciones en la reforma sobre el equilibrio de poderes, que empieza su segunda vuelta en el Congreso.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, revela en el siguiente reportaje las enmiendas y anuncia que presentará un proyecto de ley estatutaria para que las listas de candidatos a las corporaciones públicas sean elegidas por consulta o elecciones internas de los partidos, y no por señalamiento de las directivas, o sea, con el ‘bolígrafo’.
Se abre el diálogo con la agenda que llevará al Congreso la semana entrante:
“Hay unas iniciativas prioritarias que vienen del anterior periodo y otras nuevas que se incluirán en la agenda legislativa. Dentro de las primeras está la reforma del equilibrio de poderes, la reforma del fuero penal militar y la ley anticontrabando”.
¿Y nuevos proyectos para el periodo legislativo que comienza el martes próximo?
El Plan Nacional de Desarrollo, que es el más importante; la ley de acceso a la tierra y la reforma del Código de Policía.
¿En qué consiste el proyecto de ley de acceso a la tierra?
Se propone la creación de las zonas de interés de desarrollo regional estratégico (Zidres), que fomentarían las asociaciones de campesinos sin tierra y empresarios, para utilizar estas zonas en proyectos productivos.
¿Y la reforma del Código de Policía qué pretende?
El código actual de Policía rige hace casi 50 años. Está obsoleto y queremos uno nuevo para estimular la convivencia y la seguridad. El presidente Santos está comprometido con el combate a nuevas modalidades delictivas que están afectando la seguridad ciudadana en los principales centros urbanos. Hay microtráfico, microextorsión, atraco callejero, robo de celulares, y necesitamos legislación para enfrentarlos; darle más instrumentos a la Policía para combatirlos.
¿Cómo se combate esa pequeña extorsión?
Primero, con inteligencia; segundo, desarticulando bandas; tercero, con nuevos instrumentos a nuestra policía, para combatir eficientemente a estos delincuentes. Vamos a terminar con eso de que más demora un policía en detener a un atracador que el juez en ordenar su libertad, precisamente por el cumplimiento de leyes que deben reformarse. ¿Sabe usted que casi todos los ladrones de celulares o atracadores callejeros son reincidentes? Por eso, para la reincidencia habrá penas muy fuertes.
¿Cómo se combate el robo de celulares y los atracos? No parece posible tener un policía en cada esquina de las ciudades…
Será un combate integral. El delito está mutando en Colombia. Frente al cambio de la modalidad del delito, tenemos que diseñar nuevas estrategias legales para combatir sus nuevos esquemas. Habrá nuevas medidas operativas de la Policía y de la Fiscalía, controles a la organización de delitos desde las cárceles y una agresiva estrategia para lograr cobertura plena con cámaras de seguridad en todas las capitales. Las cámaras son herramientas muy útiles para prevenir el delito, perseguir al delincuente y judicializarlo. Cada cámara hace el trabajo de tres policías si es bien manejada.
¿En qué consiste el proyecto de acceso a la tierra?
Es la antigua idea de estimular el desarrollo agropecuario en zonas atrasadas. Fijará una serie de condiciones y requisitos que deberán cumplir quienes quieran invertir en la tierra en esas zonas. Se busca generar alianzas entre propietarios y campesinos para proyectos agropecuarios. Se trata de generar unas reglas de juego claras para esa inversión, que es fundamental. Hoy, esa inversión está paralizada por la incertidumbre que hay.
El proyecto no toca para nada decisiones jurídicas ya tomadas ni los procesos que están en marcha. Lo que hace es fijar un marco legal para la inversión en esas tierras hacia el futuro.
¿Con qué objetivo?
Para lograr el desarrollo productivo y la mejora en las condiciones de vida de nuestros campesinos en zonas en las que hoy, pese al gran potencial, no se está sembrando ni generando empleo. Todo esto, en un marco jurídico claro.
¿Se busca estimular o frenar el ingreso de grandes capitales a la Orinoquia?
Se trata de definir las reglas para que los inversionistas sepan a qué atenerse y los campesinos y pequeños propietarios puedan contar con los instrumentos y el capital para desarrollarse. Hoy solo hay una gran incertidumbre que tiene frenado el desarrollo agropecuario de las zonas de mayor potencial agrícola.
¿En qué condiciones podrán intervenir los inversionistas?
Fundamentalmente, normas que dan total trasparencia a esas operaciones, con el establecimiento de condiciones, obligaciones y derechos claros. El proyecto que se presentará fija las condiciones para crear las Zidres. Son zonas apartadas de los centros de consumo; zonas en donde se necesita una gran inversión de capital en la tierra para ser productiva. El Conpes determinará hasta dónde se puede llegar en materia de UAF (unidad agrícola familiar) si se cumplen determinadas condiciones. El espíritu de la ley es brindar seguridad jurídica a los inversionistas y posibilidades de desarrollo a los campesinos.
La ley no se ocupa del pasado sino del futuro. Será el marco jurídico para la inversión en esas zonas. Y, ojo, los baldíos que quedan sin adjudicar no volverán a titularse sino que se usarán para impulsar alianzas entre empresas y campesinos bajo modalidades distintas a la entrega de propiedad.
¿El Gobierno introducirá cambios en los proyectos que inician segunda vuelta en el Congreso?
Sí. El eje central del proyecto de equilibrio de poderes ya se conoce. Pero estamos avanzando en generar un acuerdo, no solamente en la coalición de gobierno sino también con la Alianza Verde, el Centro Democrático y el Polo, para introducir modificaciones que mejoren la iniciativa. Nos afecta un serio problema de credibilidad. En el Gobierno compartimos la preocupación ciudadana por la forma como funcionan las instituciones.
Pero me dijo usted que habrá modificaciones…
Sí. En el Gobierno no estamos satisfechos con la forma como funcionan los partidos y el Congreso; tampoco con la situación de la justicia. La reelección presidencial genera concentración de poder y peligro de que se abuse de él. Hay que hacer reformas para recuperar la confianza de la gente, especialmente ahora para la etapa del posconflicto.
Pero no me ha concretado las modificaciones…
Primero: condicionamos la eliminación del voto preferente, que es el peor veneno que se le ha inyectado a la democracia colombiana, a la aprobación de una ley estatutaria que garantice la democracia interna en los partidos y evite el regreso del odioso ‘bolígrafo’. Entonces, la aplicación de la lista cerrada quedará condicionada a la aprobación de una ley estatutaria que definirá mecanismos de democracia interna de los partidos, nuevos mecanismos de financiación estatal de las campañas y participación equitativa de la mujer en las listas. Es decir, una ley estatutaria que garantice esa democracia interna de los partidos antes de que entre en vigencia la norma constitucional.
¿Es decir, el voto preferente ya no existirá en las elecciones del 2018?
No, claro, si el Congreso aprueba esa reforma y la ley estatutaria.
Entonces, ¿cómo se harán las listas de los candidatos a corporaciones públicas?
Lo define el proyecto de ley estatutaria que vamos a presentar. El Congreso decidirá si se integran las listas por una consulta interna de los partidos con militantes carnetizados; si lo hace por una consulta abierta, por ejemplo, con una colegiatura de los concejales de cada partido en todo el país, que defina el orden de su lista. Hay distintos mecanismos que utilizan las democracias modernas.
¿Les van a quitar a los directorios de los partidos la facultad de integrar las listas?
Exactamente. Se formarán esas listas cerradas con consulta a afiliados, con los concejales, con los distintos mecanismos que defina la ley estatutaria.
¿Todo será a través de consultas?
Sí. Se trata de tener más democracia interna en los partidos.
¿Y el tema del fuero militar?
Tengo instrucciones precisas del presidente Santos de garantizar que en el proyecto de fuero penal militar quede claro que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, los llamados ‘falsos positivos’ que viene investigando la justicia ordinaria vuelvan a la penal militar. Si para ello se requieren modificaciones al texto aprobado, se introducirán.
Si los guerrilleros van a tener una justicia transicional, ¿no la deben tener los militares también?
Por supuesto. ¿Cómo se va a aplicar esa justicia transicional tanto a unos como a otros? Lo dirán los acuerdos, que se tendrán que ver reflejados en una ley que definirá su alcance tanto para unos como para otros. Esa ley definirá si hay cárcel o no para los guerrilleros, cómo serán las penas y cómo se aplicarán a integrantes tanto de los grupos violentos como de las fuerzas militares. Hace parte de esta etapa final de las negociaciones en La Habana.
Pero, le insisto: ¿habrá justicia transicional para militares?
Sí. Una justicia transicional que no signifique impunidad para ellos ni para los guerrilleros. Puede haber castigos o condiciones de reclusión especiales; todo lo que establecerá la ley estatutaria que desarrolle el Marco Jurídico para la Paz.
El Ministro de Justicia y usted han pedido la renuncia definitiva del magistrado Jorge Pretelt a la Corte Constitucional. ¿Eso no es meterse en otro poder y violar el principio de derecho a la defensa?
La Corte Constitucional generaba hasta este episodio una enorme confianza en el país. Ni siquiera se dudaba de los criterios con los cuales la Corte decidía qué tutelas seleccionaba para su consideración y por qué lo hacía. Hoy está muy afectada esa credibilidad. Para el país es necesario recuperar la confianza en su Corte y en la tutela. Eso es lo que pedimos.
¿El magistrado Pretelt no tiene derecho a la defensa?
Sin duda. Y lo puede ejercer plenamente en el retiro temporal que ha solicitado. Él debe meditar si no le haría un gran favor a la justicia con un retiro definitivo, para que la Corte pueda seguir funcionando sin fracturas y recupere su prestigio.
¿Qué tan grave podría ser el daño que el magistrado Pretelt le haría a la Corte Constitucional si insiste en mantenerse en ella después de su retiro temporal?
Muy grave porque cualquier decisión que tome la Corte Constitucional, en uno u otro sentido, estará siendo cuestionada. La tutela es una conquista que el país no puede ni debe perder. La Corte debe hacer todo lo que le corresponda y esté a su alcance para salvar la tutela y para protegerla, cuidarla y blindarla.
La tutela es patrimonio de credibilidad ante los colombianos y se ve afectada. En el Gobierno, todos estamos defendiendo la Corte. Necesitamos una cruzada para recuperar la fe en la Corte, en la tutela y en la justicia en general. La debilidad del Congreso, como la debilidad de las cortes y la justicia, es muy dañina para nuestro sistema democrático.
En la segunda vuelta del proyecto de equilibrio de poderes vamos a fortalecer medidas en ese sentido, medidas de consenso para tener éxito en esta cruzada que convocará a todas las fuerzas, a la justicia, a los partidos políticos, a las cortes, a los jueces, a los tribunales. Se trata de trabajar todos juntos para superar estas circunstancias tan críticas y salvar la institucionalidad del país. Tanto a la Corte como a la tutela hay que salvarlas a toda costa. Volvamos a sus orígenes: la tutela es para la defensa de los derechos de los más débiles en la sociedad. La tutela no es para los poderosos. Es para trabajadores, minorías, campesinos, víctimas, no para Fidupetrol y otros de la misma especie.
YAMID AMAT
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