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Falsos positivos siempre están ligados al conflicto: Jorge Perdomo

Martes 31 de mayo de 2016
Justicia

Falsos positivos siempre están ligados al conflicto: Jorge Perdomo

Vicefiscal dice que justicia transicional no debe ser voluntaria para civiles y agentes del Estado.

Por:  JUSTICIA | 

El vicefiscal, Jorge Perdomo, anunció control especial a los nuevos alcaldes y gobernadores.

Foto: Mauricio León

El vicefiscal, Jorge Perdomo, anunció control especial a los nuevos alcaldes y gobernadores.

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A dos meses largos de que termine la Fiscalía de Eduardo Montealegre, su segundo a bordo, Jorge Fernando Perdomo, reitera el apoyo de esa institución al modelo de justicia acordado con las Farc en La Habana, pero advierte que para los que participaron en el conflicto la jurisdicción de la nueva justicia para la paz no debía ser voluntaria, sino obligatoria. Perdomo dice que el país debe estar tranquilo sobre el proceso de sucesión del Fiscal, que según algunos sectores podría dar espacio para el regreso de la interinidad al organismo investigador, como ocurrió entre el 2009 y el 2010. De hecho, su nombre suena con fuerza como fiscal interino.

¿Tienen piso las versiones de que cuando se vaya su jefe, la Corte Suprema va a dejar un fiscal encargado?

No debería existir ninguna preocupación sobre lo que va a pasar cuando termine el periodo de Eduardo Montealegre. Hay un sistema de elección consagrado en la Constitución y en la ley que es claro, el cual debe respetarse y al que tenemos que atenernos. Serán el Presidente de la República y la Corte Suprema los que, en los tiempos que consideren convenientes, lleven a cabo el trámite de elección. Lo ideal es que no haya largas interinidades y que se escoja el nuevo Fiscal General lo más pronto posible. En cualquier caso, la ley prevé mecanismos para que no se presenten vacíos institucionales.

Revelado el acuerdo sobre víctimas y justicia en la mesa de La Habana, ¿cuáles cree que serán los puntos más complejos de blindar tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional?

Lo más importante de lo que conocemos de estos modelos es que pretenden abarcar a todos los actores del conflicto; es decir, habrá justicia transicional para las Farc, agentes del Estado y civiles. El diseño de estos modelos es, sin embargo, un gran desafío. En lo que concierne a la justicia transicional para las Farc, el país ha venido discutiendo desde hace ya varios años arduamente sobre esto y ya entendimos que el modelo maximalista de justicia, esto es, juzgar a todos, por todo y con penas privativas de la libertad, es expresión de un derecho penal no apto para procesos de paz, pues nadie va a negociar para podrirse en la cárcel. Ahora, frente a los agentes del Estado, celebro que se haya hecho claridad sobre varias cosas, por ejemplo, sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario como ordenamiento rector de la guerra, pues por 8 años se negó el conflicto armado y esto, paradójicamente, a quienes más desprotegió jurídicamente fue a los militares. Algo también de resaltar es que se deje claro que por el solo hecho de la jerarquía en el mando no se pueden deducir responsabilidades de superiores. Lo que veo con más dificultades es la justicia transicional para los civiles.

¿En qué sentido?

Deberán establecerse los criterios para saber cuándo se contribuyó como civil de forma determinante a los graves atentados a los derechos humanos. Los demás, quienes no estén en esa categoría, pero que hayan “colaborado” de alguna forma, en todo caso menor, recibirán un trato más benigno que puede ir hasta la no persecución penal. Aquí es donde veo el mayor desafío en el diseño de los modelos, entre otras cosas porque muchos colombianos que colaboraron con grupos armados ilegales económica y políticamente deberán quedar al descubierto. Este es el precio de la reconciliación y frente a ellos seguramente también nos tendremos que tragar algunos sapos. Y la gran pregunta es si la participación de los agentes del Estado y los civiles en la justicia transicional es voluntaria o no. Yo pienso que aquí debe primar el criterio de que aun sin quererlo deberán participar.

¿Estos modelos de justicia están blindados ante la comunidad internacional?

Pienso que sí. Lo que se diseñe va a ser único en el mundo, de Colombia y para solucionar el conflicto colombiano. Este proceso de paz ha sido el primero liderado por un Estado después de la vigencia y reconocimiento del Estatuto de Roma, y eso, a diferencia de lo que muchos piensan, tal vez ha sido muy conveniente, ya que se tienen claras las obligaciones internacionales del país. La consecución de la paz debe verse como el fin último de cualquier instrumento jurídico, y si eso se logra, se tendrá un derecho que ningún Estado o instancia internacional estará en capacidad de cuestionar.

Las Farc dicen que no tienen bienes para reparar...

En esta tarea (encontrar las fortunas ocultas de la guerrilla) no hemos dependido ni dependeremos de lo que digan las Farc. El reto lo asumimos desde el comienzo y por eso hoy tenemos más de 1.100 bienes de ese grupo que están siendo objeto de extinción de dominio. Solo 500 de ellos representan una cuantía de más de 68.000 millones de pesos. También se identificaron cerca de 300.000 hectáreas de terrenos baldíos que estaban siendo objeto de ocupación por parte de las Farc y que se están recuperando en colaboración con otras entidades del Estado.

¿Los ‘falsos positivos’ deben ir todos a la nueva Justicia de Paz?

Lo que llamamos ‘falsos positivos’ hace parte de un concepto más genérico denominado ejecuciones extrajudiciales. Hay quienes consideran que los ‘falsos positivos’ siempre están ligados al conflicto. Otros creen que se deben definir criterios para determinar caso por caso cuándo un ‘falso positivo’ está enlazado al conflicto. Yo me inclino por la primera posición.

¿Cuál es el alcance del acuerdo entre la Fiscalía y las Fuerzas Militares para poder bombardear a las bandas criminales?

Desde el despacho del Fiscal se emitió una directiva que da los lineamientos para que los fiscales investiguen correctamente los hechos que revistan las características de un crimen de guerra aclarando conceptos como el uso de la fuerza letal.

¿Cuáles son las pautas?

Se aclara que el Derecho Internacional Humanitario es el derecho de los conflictos armados no internacionales, que aplica cuando se está frente a un grupo con un alto nivel de organización y un umbral alto o suficiente de hostilidad. Si un grupo cumple con esas características se activa el DIH, lo que permite realizar operaciones usando fuerza letal, pero siempre respetando los principios de precaución, distinción, proporcionalidad y humanidad. Esas operaciones son legítimas y no pueden ser objeto de persecución penal.

¿Qué puede esperar el país en el año 2016 de la Fiscalía?

La Fiscalía estará concentrada en lo relacionado con la judicialización del conflicto. Para este año hicimos una gran estrategia de priorización en regiones donde es previsible que las actividades delincuenciales que abandonen las Farc por el acuerdo de paz, sean cooptadas por otras organizaciones criminales. Son básicamente 5 regiones que comprenden: la región del Catatumbo, la zona del Pacífico que comprende desde Buenaventura hasta Tumaco, el bajo Cauca antioqueño y los departamentos del Meta y La Guajira. A estas regiones la Fiscalía deberá entrar con toda su capacidad.

Se intervendrán las zonas con problemas de violencia de género. Se continuará golpeando organizaciones dedicadas a quitarles la tranquilidad a los ciudadanos. El Fiscal General y yo tenemos el firme deseo de que todas estas políticas, ideas y modelos se consoliden por el bien de la institución y del país. Desde las aulas de clase europeas estaremos cruzando los dedos para que sea así.

El caso de las supuestas chuzadas

En las denuncias de chuzadas contra periodistas, ¿qué pruebas existirían de que se habrían cometido esos delitos desde la Policía?

Hemos adelantado labores investigativas como entrevistas e inspecciones y seguimos investigando.

La actuación está en la etapa preliminar. En esta clase de delitos en los que se utilizan medios informáticos siempre quedan rastros, por eso estamos trabajando con los expertos en la obtención de la prueba técnica que nos permita probar el delito.

Los hechos denunciados son muy graves, y nuestra primera hipótesis es que integrantes de la Policía podrían estar haciendo interceptaciones y seguimientos ilegales.

Sin embargo, no permitiremos que la administración de justicia sea instrumentalizada por un sector de la misma institución para agitar pugnas internas. Por eso, en esta investigación actuaremos con prudencia, ecuanimidad y, al mismo tiempo, con celeridad.

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