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¿Por qué no hemos oído al Presidente rechazando la constituyente?

Yesid Reyes, MinJusticia, asegura que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta del Fiscal.

Ministro: se ha hecho una asociación inevitable, que tal vez es injusta: la prohibición de asperjar con glifosato con una vieja aspiración de las Farc en el mismo sentido…
No solo injusta. Descabellada.
¿Por qué le parece tan descabellada?
Porque la decisión del Gobierno está basada en dos premisas: la primera, una decisión de la Corte Constitucional de marzo del 2014, que dice que por muy eficiente que sea un mecanismo en la lucha contra el delito, no puede nunca estar por encima del respeto por la integridad o la salud de las personas. ¿Qué tiene que ver esa orden de marzo de 2014 con las Farc? Salvo que a alguien se le ocurra que fue empujada en la Corte Constitucional por la guerrilla.
¿Qué otra prueba indicaría que esto no fue para darles gusto a las Farc?
Que la Organización Mundial de la Salud subió de rango al glifosato. Ahora ya no lo clasifica como posiblemente perjudicial para la salud, sino como probablemente dañino. Eso tampoco tiene nada que ver con las Farc, salvo que a alguien se le ocurra que ellas están detrás de ese estudio de la OMS. La Corte Constitucional produjo una decisión judicial, y no cumplirla constituye un delito que se llama fraude a resolución judicial, independientemente del momento, que puede ser lo que genera las suspicacias.
La Corte Constitucional está hoy altamente cuestionada. ¿Qué certeza podemos tener de que fallos como este son los que más le convienen al país?
De acuerdo en que hay cuestionamientos a la Corte Constitucional y, en general, a la administración de justicia. Pero, en un Estado de derecho, uno no puede decidir qué decisiones de las cortes o de los jueces cumple y cuáles no.
Me tiene que aceptar que ese principio incontrovertible tiene que tener una correspondencia: que haya credibilidad en la justicia, para que el ciudadano no dude en cumplir sus decisiones. Y eso se está rompiendo…
Absolutamente cierto. Pero eso a lo que tiene que llevar es a reformas en la administración de justicia y no a darles carta blanca a los ciudadanos para que decidan cuándo cumplen una decisión judicial y cuándo no.
Además de la del glifosato, otra asociación que necesariamente se hace con los deseos de las Farc es la de convocar a una asamblea constituyente.
Esa no es una propuesta del Gobierno sino del Fiscal. El escenario natural para discutir una reforma de la administración de justicia es el Congreso de la República, y no podemos saltárnoslo. Plantear en este momento una asamblea constituyente equivale a decirle al ciudadano que la Comisión de Acusaciones seguirá funcionando como está, que el Consejo Superior de la Judicatura lo mismo, que no se acabarán ni la puerta giratoria ni el ‘yo te elijo tú me elijes’. Que nos esperemos un par de años más, mientras queda lista la firma de la paz.
¿O sea que definitivamente usted no comparte la propuesta del Fiscal?
No, definitivamente no.
Otra cosa es la postura crítica de las cortes sobre la reforma. Están en su derecho…
Y tampoco es que en las cortes haya un consenso contra la reforma. Parece que estuvieran de acuerdo en los puntos de discusión, y no es cierto. La semana pasada estuvimos reunidos 12 horas seguidas del mismo día hablando con los interesados en la reforma de la justicia, y por ejemplo ante temas como el colegio de abogados, a un presidente de una corte le parece estupenda idea, y al del lado, pésima.
Vamos a lo de fondo, que es el Tribunal de Aforados, lo que más mortifica al Fiscal y al magistrado Bustos.
Sobre ese punto hay observaciones interesantes de las cortes. Una, que haya una segunda instancia en temas de aforados. Eso es razonable. Históricamente no la ha habido porque se ha considerado que se cambia la garantía de la segunda instancia por la importancia del juez.
Para que eso parezca razonable y se acoja, ¡no hay necesidad de proponer una constituyente!
Pues, después de esa discusión, el Gobierno concluyó que quizás sea más garantista una segunda instancia, y la propondremos para séptimo debate.
Según el jurista Rodrigo Uprimny, esta reforma les está entregando a las cortes el manejo de la justicia en la peor crisis de la rama. ¿No terminaremos peor que antes?
Lo que hay hoy es un órgano de gobierno judicial compuesto de manera exclusiva por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Pero si bien hay consenso en ampliar su composición para darles cabida a otros actores, hay diferencia en cuanto a la amplitud que debe tener ese organismo. Unos sugieren que debe tener entre 15 y 20 integrantes, mientras que otros creen que lo haría inoperante.
¿Qué propone el Gobierno?
Aumentar los integrantes permanentes y dejar abierta la posibilidad de que la ley estatutaria reglamente en qué temas deben participar otros actores como el Ministro de Hacienda, la academia o los litigantes.
¿Después de esta reforma, las cortes van a quedar de enemigas del Congreso?
Desde luego que no. Las cortes han dejado en claro que no son enemigas del Congreso, y aceptan que sea este el que tome la decisión final sobre los puntos en los que no hay acuerdo.
Muy distinta a la posición del Fiscal, que quiere despojar al Congreso de su función legislativa. Hasta dice que si sale aprobada la reforma, la demandará….
No me preocupa que el Fiscal anuncie la posibilidad de demandar una reforma constitucional. Dudo mucho de que en Colombia haya una ley que no esté demandada… Se demora más el Congreso en aprobar una ley que un ciudadano en demandarla. Me preocupa más que se quiera desconocer al Congreso como escenario natural para dar estos debates.
Ha propuesto una constituyente absolutamente inoportuna, que solo les interesa a las Farc, para castigar al Gobierno y al Congreso por tener la iniciativa en esta reforma…
Me parece absolutamente inconveniente.
¿Qué es lo que le parece inconveniente, la propuesta del Fiscal?
Sí. Creo que el Fiscal y el magistrado Bustos se equivocan. Es inconveniente pedir el hundimiento de la reforma de la justicia y sustituirla por una asamblea nacional constituyente, por tres razones. Una, no podemos saltarnos al Congreso. Dos, supone aplazar unas reformas urgentes de la justicia. Y tres, una constituyente es un salto al vacío. Uno sabe cómo comienza esto, pero jamás sabe cómo termina.
La propuesta tiene un problema adicional. Que el Fiscal General sugiere trasladar a la asamblea constituyente temas que hoy se están discutiendo en La Habana. ¿Entonces, por qué no nos traemos de vuelta a los negociadores, si la propuesta es pasarle por encima a la Constitución?
Esas son opiniones personales del Fiscal General.
¿Cómo así que el Fiscal General tiene opiniones personales?
Cuando digo personales, lo que quiero significar es que no tienen nada que ver con el Gobierno.
La opinión pública asocia fuertemente al Fiscal con el Gobierno. De pronto por eso el Presidente baja tanto en las encuestas…
Quizá la expresión “personal” no sea la correcta. Es una posición individual del Fiscal General. Eso ni está consultado ni está avalado por el Gobierno.
El ministro Cristo se la pasa diciendo que “por ahora” no habrá constituyente. ¿Será que el Presidente mandó al Fiscal “de sonda”?
No, en ningún caso. Le repito que las afirmaciones del Fiscal corresponden a una posición individual de él como Fiscal General de la Nación.
¿Por qué no hemos escuchado al Presidente rechazando la constituyente?
El Ministro de Justicia le está diciendo en esta entrevista que el Gobierno no está de acuerdo con esa constituyente que el señor Fiscal está proponiendo.
¿Con tantas propuestas, quién es el que diseña la política criminal del país?
Sí creo que en materia de política criminal tienen que intervenir muchas personas, porque no es un asunto de pura represión. Supone sobre todo trabajar en materia de prevención de delitos. Eso lleva a que el Consejo de Política Criminal esté compuesto por personas como los ministros de Justicia, Salud, Defensa, Educación, etcétera. El problema es que sesiona muy esporádicamente. Hay que ver cómo logramos un funcionamiento más armónico en materia de política criminal en el Estado.
¿Cómo enderezar la política criminal? En una misma semana amenazan con 20 años al ladrón de un libro, le dan 3 años por el cartel de la contratación a Emilio Tapia y el propio Fiscal dice que los genocidas de las Farc no deben pagar ni un día de cárcel…
El gran problema es que la política criminal en Colombia no ha tenido en los últimos años un rumbo fijo. En el 2000 se expidió un nuevo código penal impulsado por el fiscal de la época, Alfonso Gómez Méndez, que traía una construcción del ordenamiento de los delitos de más grave a menos grave, que era técnicamente correcta.
¿Cómo se desordenó eso?
De ahí en adelante ha habido un promedio de dos o tres modificaciones por año, y cada una de ellas le ha hecho un aporte al código penal que no consulta su estructura original. Por eso hoy tiene tal desproporción de penas. La tendencia es creer que cualquier problema social se resuelva directamente modificando el código penal. Eso ha llevado a semejante desorganización en materia de política criminal.
Yo le agregaría un elemento, que es el principio de oportunidad y los beneficios por colaboración, que ha creado además un cartel de falsos testigos.
Sí, el principio de oportunidad tiene muchísimos problemas. En los pocos casos en que funciona ha generado complicaciones como la que menciona de los falsos testigos, y se ha perdido también un poco la idea original de que las personas de más abajo en una cadena criminal delaten a los de más arriba.
Lo vi muy activo apoyando la ampliación de los beneficios judiciales por colaboración a las personas condenadas. Ante una pena severa ya proferida, una persona dirá cualquier cosa en su desesperación…
La norma que permite eso ha existido siempre en Colombia. Por alguna razón, al expedirse el actual Código de Procedimiento Penal del 2004, esa norma desapareció y no he podido encontrar una razón para que se hubiera perdido.
El problema de revivirla precisamente en este momento es que parece hecha para que María del Pilar Hurtado delate a Álvaro Uribe…
La asociación es factible de hacer, pero la norma que apoya el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con un caso particular. Desde luego que si se revive, habrá que aplicarla inmediatamente, caso en el cual personas como María del Pilar Hurtado podrían beneficiarse.
Hay mucha confusión sobre el significado de “justicia alternativa” para las Farc. En un foro promovido la semana pasada por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, le entendí claramente al vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, que no se podrá suspender la pena contra los miembros de la guerrilla de las Farc que hayan cometido delitos de lesa humanidad…
Es muy claro. El Vicefiscal de la CPI dice que, según los parámetros internacionales, se necesitará imponer una pena real, proporcional y efectiva contra los máximos responsables de los máximos delitos.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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