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Ecopetrol ha denunciado otros cobros a contratistas

EL TIEMPO encontró el rastro de tractomulas que políticos les han alquilado a contratistas.

Ahorcada por la falta de liquidez financiera, una prestigiosa empresa de perforación se acercó a las instalaciones de Ecopetrol a preguntar por el pago de una factura de 3 millones de dólares que estaba inusualmente demorada. Uno de los empleados de tesorería informó que si quería el cheque para los próximos días, le tenían que desembolsar una comisión, a través de un contrato ficticio de transporte a nombre de una pariente.
La beneficiaria de la comisión era supuestamente Cleopatra Rivera, hermana de Alexánder Rivera, sindicalista asignado al área de ‘pronto pago’ de la petrolera que sigue vinculado a la empresa y a una investigación judicial.
En un caso similar está involucrado uno de los líderes de convenios y contratos de la estatal. Al destacado profesional lo señalan de hacer un millonario cobro para borrarle una multa a un contratista. (Lea también: Sobornos en Ecopetrol, Fiscalía indaga a más implicados y contratos)
Voceros de la petrolera advirtieron que ellos mismos denunciaron a Alexánder Rivera, quien estaría pidiendo 5 millones de pesos por agilizar el pago, y que si bien sigue en la empresa, es porque goza de fuero sindical y se está esperando que la justicia tome decisiones de fondo.
Sobre el otro incidente, manifestaron que la información fue tan sólida que decidieron retirar al funcionario de inmediato, después de más de una década en la empresa. (Lea: Ecopetrol pide aclarar si hay más empleados vinculados en soborno)
Y aunque recalcaron que son casos aislados, señalaron que también han retirado a empleados, a quienes les han perdido la confianza. De hecho, algunos de esos casos son parte de las 18 denuncias que han presentado ante la Fiscalía.
Al respecto, contratistas le aseguraron a EL TIEMPO que, a pesar de que han denunciado casos, les ha tocado ver cómo empresas que no cumplen requisitos se quedan con jugosos contratos. Aunque admitieron que nunca de la dimensión del que tiene enredados penalmente a David Durán Flórez, funcionario de Ecopetrol por más de 20 años, y a ejecutivos de la multinacional Petrotiger.
Mulas y políticos
Los contratos a los que se refieren son de transporte de líquidos, en los que la estatal invierte, cada tres años, 2 billones de pesos para mover crudo y sus derivados por todo el país. EL TIEMPO estableció que firmas que salieron favorecidas en la contratación 2011-2014 echaron mano de tractomulas de terceros, incumpliendo los términos de referencia, que exigen tener equipos propios.
Por cada tractomula, Ecopetrol paga 39 millones al mes, cargue o no.
Entre las personas que alquilaron vehículos y que aparecen mencionadas en investigaciones de Ecopetrol está el polémico exsenador santandereano y excandidato a la Contraloría Carlos Ardila Ballesteros.
También, OPL Trailers, gerenciada por Juan Manuel Barco Soto, cuyo nombre salió a relucir en el 2006, dentro del escándalo del tráfico de notarías, por el que fue condenado el senador santandereano Alirio Villamizar. El suplente de Barco Soto en OPL es Juan Felipe Montoya, hijo del exgobernador de Santander y exalcalde de Bucaramanga Alberto Montoya Puyana.
Este diario estableció que el presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez sancionó, hace apenas tres meses, al funcionario Edinson Rafael González Nieto, por no verificar que 7 de las 33 tractomulas de la firma Transportes Líquidos de Colombia no eran de su propiedad, como se requería.
“Y en la ejecución del contrato nos percatamos de que seguían usando carros de terceros, y se hizo efectiva una cláusula por 595 millones de pesos. Pero esa inconsistencia no inhabilita a los contratistas y, para la Contraloría, no hubo detrimento patrimonial”, dijo un vocero de la petrolera.
Pero denunciantes insisten en que otro funcionario de Ecopetrol habría favorecido a algunas empresas sabiendo que no tenían las tractomulas exigidas. Sobre ese punto, la estatal respondió que ese empleado no participó en la contratación de mulas y que la Fiscalía no halló mérito para indagarlo.
EL TIEMPO confrontó al exsenador Ardila Ballesteros, quien dijo que él tan solo compró y luego alquiló tres tractomulas, cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral. Dijo, además, que no estaba inhabilitado, que resultó ser un mal negocio y que hasta le quedaron debiendo plata.
De hecho, afirmó que “es conocido en el sector que funcionarios crearon empresas para quedarse con los millonarios contratos”.
Por su parte, el apoderado de Transportes Líquidos de Colombia S. A. informó que apeló la multa y que esta se debió a la mora en la presentación de requisitos y no al tema de las mulas alquiladas.
Cuando se le preguntó por Ardila y empresas cercanas a políticos, el apoderado dijo que no reconocen que hayan tenido vinculación con ellos.
En OPL, otra de las firmas mencionadas en las indagaciones de Ecopetrol, informaron que Juan Manuel Barco estaba incapacitado y no podía responder.
En más de 20 oportunidades, EL TIEMPO intentó hablar con Alexánder Rivera, señalado en una de las denuncias, para conocer su versión. Pero no se encontraba en su oficina.
Así va el caso Petrotiger
Después de que EL TIEMPO reveló que la Fiscalía indaga otros contratos y personas vinculadas al pago de un soborno por la multinacional Petrotiger, el miércoles se presentó a la Fiscalía David Orlando Durán Flórez, exfuncionario de Ecopetrol vinculado al caso.
El hombre se puso a disposición de las autoridades y manifestó que ya tuvo reuniones con el FBI para hablar del tema. “Los 333.000 dólares que el señor Durán aparece recibiendo, para direccionar un contrato de 39,6 millones de dólares que benefició a Petrotiger, equivalen exactamente a la tercera parte de un millón de dólares. Eso significaría que falta ubicar a los que recibieron los otros 666.000”, le dijo a este diario un investigador.
De hecho, en las pesquisas del FBI, testigos aseguran que tres personas cercanas a la estatal petrolera están involucradas. Al respecto, el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, pidió celeridad en la investigación y recalcó que la estatal colabora ampliamente con las autoridades y acompañó en la denuncia a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en enero del 2014. Por su parte, Petrotiger advirtió que ellos pusieron las primeras denuncias y que el FBI solo investiga a tres exejecutivos involucrados y no a la firma, ni a su junta directiva.
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