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No cuadran las cuentas de la Fiscalía y la SAE sobre bienes incautados

Fiscalía reporta que confiscó 6.396 propiedades pero Sociedad de Activos Especiales ha recibido 605.

JUSTICIA
Aunque este año está marcando récords en materia de incautación de bienes de la mafia – 6.398 bienes avaluados en 4,8 billones de pesos–, esa cifra está lejos de coincidir con las propiedades que hoy tiene la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En esta cifra no se incluyen los baldíos.
Este organismo, que reemplazó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), es el encargado de administrar los bienes del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
Según los registros de la Sociedad, en lo corrido del año, con corte a septiembre pasado, ha recibido de la Fiscalía 605 activos especiales, después de las diligencias de incautación.
Esto significa que de lo que la Fiscalía General ha incautado en el 2016, la Sociedad de Activos Especiales solo tiene en sus manos el nueve por ciento.
A pesar de esas cifras, fuentes de la Fiscalía aseguran que este organismo le ha transferido a la SAE la custodia de al menos el 90 por ciento de propiedades incautadas. De hecho, el organismo reporta que este año se han realizado 211 diligencias de entrega.
El ente acusador también afirma que a la SAE le ha entregado propiedades como las incautadas a James Arias, el ‘zar de la chatarra’, por 1,8 billones de pesos, o las que le fueron incautadas al empresario Alberto Aroch Mugrabi por un billón de pesos.
Pero la SAE sostiene que los bienes recibidos este año son 221 inmuebles avaluados en 10.570 millones de pesos, 59 sociedades con un valor de 19.491 millones, 210 medios de transporte, 99 registros de sustancias ilícitas y 16 materializaciones de dinero representadas en 1.101 millones de pesos, más 6,7 millones de dólares (unos 21.377 millones de pesos).
Y desde julio del 2014, mes en el que entró en vigencia el actual Código de Extinción de Dominio, la Sociedad ha recibido en total 2023 bienes. Según el avalúo catastral, esas propiedades suman 97.000 millones de pesos. Los bienes, según la SAE, están divididos en 138 sociedades, 840 medios de transporte y 1.045 inmuebles en los que ya se han designado depositarios provisionales para su administración.
El nuevo reglamento establece que los depositarios son seleccionados a través de convocatorias públicas para que “administren, custodien y trabajen por la productividad de estos bienes”, ya que el dinero que se reciba por su arrendamiento o por su venta (cuando ya tienen extinto el dominio) sirve para financiar programas para la justicia y las víctimas.
Expertos afirman que si bien es cierto que el nuevo Código no le da a la Fiscalía un plazo para la entrega de los bienes para su administración, lo cierto es que sí determina que es la SAE la entidad que será “el secuestre o depositario de los bienes muebles e inmuebles, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares, los cuales quedarán de inmediato a su disposición”. También sobre los que ya tengan extinto su dominio.
Y un decreto que reglamentó la administración de estos bienes, expedido el año pasado, dice que la Fiscalía debe reportarle a la SAE “con la adecuada antelación” las diligencias en las que se aprehenderán los predios.
¿Por qué el desajuste?
La Fiscalía asegura que la diferencia entre las cifras se podría explicar porque para establecer el precio, el órgano acusador toma los valores comerciales (establecidos por la Policía Judicial según el precio de cada metro cuadrado), mientras que la SAE lo hace a través del avalúo catastral, que arroja cifras inferiores.
Mientras el avalúo comercial sirve para conocer el valor real de una propiedad, pues toma las condiciones del mercado y el precio que puede obtenerse con su venta, los avalúos catastrales generalmente sirven para determinar cuánto se cobrará de impuesto predial en el año.
La Fiscalía también afirma que no todos los bienes incautados y con medidas cautelares deben quedar bajo la administración de la SAE. De hecho, hay varios que se le incautan a grupos armados que van a la Unidad de Tierras.
“Solo se entregan los que tienen medidas cautelares. Estos son los casos en los que se saca del comercio y del titular del bien”, asegura.
Solo un bien ya es del Estado
Aunque el Nuevo Código de Extinción de Dominio que rige en el país desde el 2014 buscó agilizar estos procesos, pues con la anterior norma los jueces podían demorarse hasta 15 años para decidir en esos casos, de las propiedades decomisadas a delincuentes y que tiene la Sociedad de Activos Especiales, a solo una se le ha hecho extinción de dominio.
Además, solo se le ha extinguido el dominio (quitarle la propiedad al investigado) a ocho medios de transporte. También se han devuelto seis inmuebles y 47 medios de transporte a dueños en los que no se probó que hayan cometido delitos.
Sin embargo, la Fiscalía advierte que desde la entrada en vigencia de la Ley hay 52 sentencias de extinción de dominio. De estás, 24 están ejecutoriadas.
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