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El rastro del despojo 'legal' de tierras en Mapiripán

Contraloría advirtió que hubo una estrategia ilegal de la que se lucraron empresas y particulares.

JUSTICIA
A pesar de que desde 1997 estaban vigentes varias medidas cautelares para evitar el robo de las tierras de los desplazados por los paramilitares en Mapiripán (Meta), en esa zona del país hubo una sistemática estrategia de despojo que tiene al Estado entre sus principales afectados.
Ese año, los paramilitares de Carlos Castaño entraron a sangre y fuego a la retaguardia estratégica de las Farc en límites entre Meta y Guaviare. Casi 18 años después, una investigación de la Contraloría detectó una estrategia ilegal de la que se lucraron decenas de empresas y particulares y que fue posible gracias a corrupción y delitos de funcionarios públicos.
En un reciente informe, el organismo de control fiscal les exigió al Gobierno, al Incoder y a la Superintendencia de Notariado que “tomen medidas urgentes” para devolverles las tierras a sus legítimos dueños y no permitir que terceros se sigan quedando con los bienes de más de 20.000 personas que han sido desplazadas de esa región en los últimos lustros.
La Contraloría encontró casos como el de la finca El Secreto, que tiene 4.656 hectáreas y que fue adjudicada por el antiguo Incora a tres personas en 1997. Apenas un año después, esas tierras terminaron vendidas a la Sociedad Agropecuaria Villa Diana. La Contraloría aseguró que en la adjudicación y la venta se desconoció que eran terrenos protegidos por el Comité de Atención Integral de Población Desplazada, que nunca autorizó la transacción.
Las operaciones sospechosas se extendieron por más de una década. Así, en el el 2008, la Alcaldía de Mapiripán levantó la medida cautelar sobre la finca Hato Lindo, de 1.388 hectáreas. Esto, a pesar de que en octubre del 2004 una víctima presentó ante el Incoder una solicitud de protección del predio por desplazamiento forzado.
Una situación similar sucedió con la finca El Agrado, ubicada en la vereda San Antonio. Esta tierra de más de 4.000 hectáreas fue adjudicada por el Incoder mediante resolución del 16 de abril del 2007. Pero el predio tenía dueños desde 1995. Ellos fueron desplazados en el 2006 por Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’. “Era lo único que teníamos”, dice Javier González, una de las víctimas. (Lea también: Mapiripán y San Martín, sin restitución de tierras)
Aunque González ha reclamado el predio, asegura que en la Unidad de Restitución de Tierras no le han dado respuesta positiva ya que se encuentra en un sector que aún no ha sido ‘microfocalizado’ por esa entidad. La finca hoy está en manos de la Unidad de Víctimas, que la recibió como un bien entregado por ‘Don Mario’ para la reparación.
Otro de los predios despojados por ‘Cuchillo’ es la finca Los Estereos, en la vereda Guacamaya. A pesar de que tenía una medida cautelar por desplazamiento desde el 2005, resultó vendida en el 2008.
La Contraloría dice que estos casos se facilitaron porque en oficinas de registro de instrumentos públicos del Meta se levantaron de forma irregular las medidas cautelares. En muchos casos, las transacciones fueron legalizadas solo con la firma del comprador y, además, Incoder adjudicó bienes desconociendo los registros anteriores.
La feria con los baldíos
Entre 1986 y el 2012 en Mapiripán se adjudicaron 210.411 hectáreas de baldíos de la Nación, que corresponden al 18 por ciento del total del área del municipio.
La Contraloría advirtió que muchas de esas adjudicaciones (el 43 por ciento se hizo después de la masacre) fueron irregulares pues se les entregó la titularidad a particulares que tramitaron la posesión con mejoras o con certificados de falsa tradición.
El informe asegura que una de las firmas que adquirieron baldíos fue la palmera Poligrow Colombia, investigada por supuesta acumulación irregular de tierras en la zona.
Otro de los casos detectados por la Contraloría es el de la finca Guarataro, en la vereda La Serranía, que tiene un área de 10.000 hectáreas y que habría sido obtenida con falsos certificados de tradición.
La concentración de tierras en Mapiripán es tan alta que el ente de control afirma que 78 personas tienen el 57 por ciento del área total del municipio.
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