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Los tres reparos de la Contraloría sobre la restitución de tierras

Afirma que hay inseguridad en retornos y que proyectos productivos son insostenibles e inviables.

JUSTICIAnoviembre 25 de 2015, 08:31 P.M.

Aunque el 20 de junio del 2013 la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena ordenó que se le devuelva su predio a una familia desplazada por la violencia en zona rural de Ovejas (Sucre), los beneficiarios de esa sentencia no han podido retornar.

El caso fue revelado el miércoles por la Contraloría General en una auditoría, en la cual el organismo asegura que se “deben aplicar correctivos” frente a fallas en el proceso de restitución que podrían afectar su efectividad.

La Contraloría aseguró que tomó una muestra de más de 360 fallos de restitución (el 20 por ciento del total) en los que, aunque en la mayoría se han cumplido los retornos, hay casos que preocupan por los pocos avances. En el caso de Sucre, se trata de una familia que desde finales de los 70 comenzó a sufrir el azote de los violentos en su finca El Capitolio, en el corregimiento de Canutal, de Ovejas.

A partir de 1996, cuando en la zona se impuso el control de los exparamilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Cadena’, la violencia se intensificó. Dos parcelas de la finca fueron quemadas y varios de los miembros de la familia, asesinados, por lo que finalmente se desplazaron. Al no poder seguir explotando económicamente su finca, la vendieron por 1,6 millones de pesos.

Aunque en el fallo del 2013 el Tribunal le ordenó al juez promiscuo municipal de Ovejas entregar el predio en tres días, la Contraloría asegura que ninguno de los 14 beneficiarios de la restitución ha vuelto porque la tierra sigue ocupada por terceros, quienes “a través de actos violentos impiden la entrega material del inmueble”.

El director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, aseguró que la dificultad de Sucre se debe a que en esa zona “están asentados segundos ocupantes”. Afirmó, sin embargo, que la entrega material de un bien restituido no la maneja el Gobierno sino los jueces y las alcaldías.

Además de la inseguridad para volver, la Contraloría dice que los proyectos productivos que se implementan “no son sostenibles”, lo que limita las garantías del retorno. El órgano de control fiscal asegura que, no obstante los esfuerzos de la Unidad de Restitución de Tierras, que ha desarrollado 1.395 proyectos productivos familiares, con un costo de 27.671 millones de pesos, aún no se ha desembolsado el 43 por ciento de los recursos. Sabogal afirmó frente a este punto que las asignaciones de recursos no son inmediatas porque “se debe esperar a que la familia decida volver para pensar en el proyecto, y eso toma su tiempo”.

Dice la Contraloría que la inviabilidad financiera de algunos de esos proyectos se debe a que, por ejemplo, se escogió una vida útil de seis años para todos, sin tener en cuenta sus diferencias. Esto ha llevado –asegura– a que los ingresos de esos proyectos sean insuficientes. En promedio reciben de los proyectos, cada mes, unos 118.071 pesos.

En Montería (Córdoba), por ejemplo, la Contraloría encontró que todos los proyectos son de ganadería, a pesar de que el plan no contempla estrategias de sostenibilidad ambiental.

Otro de los incumplimientos que señala la auditoría está en las viviendas que debe entregar el Banco Agrario a las víctimas que regresan. De 236 asignaciones de vivienda en los fallos, solo se habían terminado ocho casas.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

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