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'Hay un grave desorden en la Unidad de Protección': Contraloría

Auditoría a gestión del 2014 evidenció detrimento de $14.790 millones por viáticos no justificados.

JUSTICIA
La Contraloría General hizo una dura crítica a la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en una evaluación de su administración en el 2014, y aseguró que, tras una auditoría a esa entidad de los resultados del año pasado, se detectó un presunto detrimento patrimonial de 14.790 millones de pesos por el pago de viáticos, en la categoría de gastos reembolsables, que se hicieron sin ningún soporte.
Ese tipo de gastos se da por concepto de tiquetes aéreos, peajes y gasolina para los escoltas que manejan los esquemas de seguridad.
El detrimento patrimonial, dice la auditoría de la Contraloría, se dieron en los gastos reembolsables de cuatro contratos del 2014 y de tres contratos del 2012. Son cuentas de cobro que no tienen documentos que soporten la real prestación del servicio, ni pruebas como pasabordos, recibos de peajes, facturas de gasolina, “por lo que existe incertidumbre sobre la real prestación del servicio cancelado”.
Esta situación, acompañada de varias irregularidades, llevaron al contralor Edgardo Maya a afirmar que la Contraloría encontró en la UNP "un desorden administrativo y gerencial de elevadas proporciones", al realizar una auditoría sobre la gestión de esta entidad en el 2014. Se encontraron "graves deficiencias e irregularidades en materia de contratación", dijo el organismo.
Por ejemplo, la Contraloría evidenció el pago de 800 millones de pesos por combustible, pese a que no había respaldo de facturas que comprobaran que los escoltas compraron gasolina.
También hubo un gasto de vehículos blindados ocasionales que no estuvo justificado. "La Entidad registró una cuenta por pagar con las facturas Nos. 6859 y 1522 expedidas el 9 de enero de 2015, por valor de $55,6 millones cada una, por concepto de alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales como apoyo al programa de protección, sin embargo, en las facturas no se describen ni el número total de vehículos ni el período de prestación del servicio”, dice la Contraloría.
El desorden es tal, dice la Contraloría, que la UNP alquiló 472 y 481 vehículos el 27 de noviembre y 25 de diciembre del 2014, respectivamente, pero “el 30 por ciento de estos no tuvo beneficiario asignado y 33 vehículos, equivalentes al 6 por ciento, se encuentran disponibles en la UNP”.
Lo mismo sucedió entre el primero y 27 de diciembre del 2014 cuando, dice la Contraloría, se alquilaron 525 vehículos de los cuales 41 estaban disponibles, sin uso, en la entidad y 155, equivalentes al 29 por ciento del total, no tenían ningún beneficiario asignado.
La Contraloría cuestionó si la Unidad está alquilando vehículos sin necesidad alguna. “La situación descrita anteriormente evidencia debilidades en la elaboración del estudio de necesidades, en la planeación y seguimiento, toda vez que se pueden estar alquilando vehículos innecesariamente”, dijo.
A marzo del 2015, la Unidad de Protección tiene un total de 9.646 beneficiarios. Sin embargo, según la Contraloría, esa información que reporta la UNP está desactualizada y tiene inconsistencias.
Compra de pistolas y chalecos que no se usan
De otro lado, la Unidad de Protección, dijo la Contraloría, adquirió en tres contratos y con un costo de 6.500 millones de pesos, un total de 1.669 pistolas, pese a que su planta no supera los 400 escoltas.
El año pasado, el entonces director Andrés Villamizar (quien renunció el año pasado) justificó esa compra afirmando que el negocio se dio porque la UNP inició un proyecto para ponerle fin a la tercerización en la contratación de escoltas. El armamento, según los planes del entonces director, era para dotar a los escoltas que serían contratados directamente por la UNP. Villamizar salió de la dirección de la Unidad en diciembre del 2014 y fue reemplazado por Diego Mora, quien inició este año y hoy está a la cabeza de la entidad.
Según la Contraloría, ese proyecto de compra de pistolas tuvo “debilidades en su planeación”, pues se realizó una compra “que no está en proporción a las necesidades de la UNP”, y la eliminación de la tercerización de esquemas de seguridad, sigue a la fecha apenas como un plan que no se ha materializado.
La Contraloría recordó que las armas tienen una vida útil de 10 años y 40.000 disparos. “Dado el número de funcionarios con el que hoy cuenta la Entidad para labores de protección, se evidencia un riesgo de deterioro por no ser utilizadas”, dice la auditoría.
Precisamente, la Contraloría se refirió a la tercerización de esquemas de seguridad. El organismo de control fiscal dijo que los contratos con empresas que a su vez contratan escoltas "ha generado altos costos para la UNP".
La auditoría de la Contraloría determinó que, desde su creación, la UNP no tiene ni el personal ni los vehículos suficientes para prestar directamente el servicio, por lo que ha tenido que contratar a privados. “La tercerización ha generado altos costos, lo que aunado con las deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo y supervisión en la prestación de estos servicios (esquemas protectivos, arrendamiento de vehículos y suministro de gasolina, entre otros) han llevado a que la Entidad presente un déficit fiscal aproximado de $ 40.000 millones de pesos”, aseguró.
El organismo advirtió que la Unidad tiene un alto riesgo jurídico y patrimonial por las reclamaciones administrativas y contractuales por más de 140.000 millones de pesos de los contratistas de esquemas de protección, que afirman tener daños patrimoniales, aumento en su carga prestacional y parafiscal, además de la demora en el pago de facturas de los servicios.
“La UNP no está siendo coherente en asignar las medidas de protección a los beneficiarios de conformidad con el nivel riesgo que presentan y se están cancelando recursos por esquema de protección al servicio de beneficiarios que no lo ameritan”, dice la Contraloría.
Esto se evidencia, según el exámen del órgano de control, en que “la Entidad ha asignado vehículos a personas que no están contempladas por el Programa de Protección”.
El estudio también demostró que, "en una gestión antieconómica", esa Unidad alquiló chalecos blindados en nueve contratos del 2014, pese a que previamente había comprado elementos similares que nunca se les entregaron a los esquemas de seguridad.
Pese a esto, según la Contraloría, se siguió pagando el alquiler de esos chalecos a pesar de que la UNP tenía arrumados en una bodega, cada mes, unos 5.775 de esos elementos sin que se les diera un uso. Por este caso el órgano de control fiscal encontró un detrimento de 255 millones de pesos derivados del contrato de alquiler de chalecos.
Además, dijo la Contraloría, la entidad también podría haber alquilado vehículos que no tuvieron ningún beneficiario. Con todos esos resultados negativos, la Contraloría emitió un concepto desfavorable sobre la gestión de la Unidad de Protección sobre sus movimientos financieros en el 2014, y no feneció su cuenta.
La Contraloría evidenció 77 hallazgos o anomalías administrativos, de los cuales 28 tienen presunta connotación disciplinaria y cinco de ellos, presunta incidencia fiscal.
Se afectó presupuesto de este año
La Contraloría afirmó que en el 2014 la UNP les debía a los escoltas y contratistas de los esquemas de seguridad un total de 41.454 millones. Esa situación, de hecho, llevó a que el año pasado las empresas de escoltas iniciaran paros para exigir los pagos.
El órgano de control fiscal dijo que la UNP pagó 21.012 millones de pesos de esas deudas con cargo al presupuesto de la vigencia del 2014, por lo que se afecta la ejecución del presupuesto este año.
"Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados contables ascienden a 165.531 millones de pesos, valor que representa el 390 por ciento del activo total de la Entidad, que asciende a 42.357 millones de pesos".
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