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Base militar en zona rural no supone amenaza directa a la seguridad

Así lo dejo claro el Consejo de Estado al negar el traslado de base militar de Ituango (Antioquia).

JUSTICIA
Por considerar que los ciudadanos tienen “el deber de soportar, como carga social, la ubicación de un puesto de control de la Fuerza Pública en su vecindario, el Consejo de Estado negó el traslado de la base militar de Ituango (Antioquia) de la Brigada Móvil 18 del Ejército.
Para el alto tribunal, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, “el solo hecho de la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer por sí misma una amenaza o vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública”, por lo que negó las pretensiones de los habitantes del sector.
En la acción popular que interpusieron algunos miembros de la comunidad de Ituango argumentaron que la base militar ponía en peligro a la población por los posibles ataques de grupos armados ilegales. Recordaron que ésta se encuentra ubicada al frente de una sede del Sena y en medio de varias vivienda.
En el fallo, el Consejo de Estado recordó que el traslado de bases militares “está condicionada a que exista una amenaza grave e inminente para la vida e integridad de la población”, pero que además, “se demuestre que hay una situación” que impida a los pobladores cumplir con sus deberes de apoyo a la autoridad.
“En el informe presentado por el Municipio no hay registros de un solo ataque contra la Brigada Militar, sino que, por el contrario, se habla de enfrentamientos entre la guerrilla y la Policía o el Ejército en áreas rurales y urbanas”, reza el sentencia.
Aunque la Sala reconoce que el temor de la población no es imaginario pues “existen elementos objetivos que dan cuenta de un estado de zozobra”, indica que esa situación “no es consecuencia directa de la presencia de la Brigada Móvil 18 en el casco urbano”.
JUSTICIA
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