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Solo 35 condenas por al menos 26.000 desapariciones forzadas

Martes 28 de junio de 2016
Justicia

Solo 35 condenas por al menos 26.000 desapariciones forzadas

En casi 40 años, en promedio solo ha habido una condena por cada mil casos en el país.

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Aunque en los registros oficiales aparecen los nombres de al menos 26.000 víctimas de desaparición forzada en los últimos 37 años, en Colombia se han dictado apenas 35 condenas contra responsables de ese delito de lesa humanidad. Y en Justicia y Paz, donde se han confesado 3.551 casos, van tan solo cinco paramilitares sentenciados por desapariciones forzadas.

De esa magnitud es la impunidad que rodea la desaparición en Colombia. Las escandalosas cifras hacen parte de un informe que será revelado este martes por el Centro de Memoria Histórica y que evidencia el rezago de la justicia para castigar a los victimarios y la ineficacia del Estado para terminar con la búsqueda de miles de familias, algunas de las cuales llevan décadas esperando noticias de sus seres queridos.

De acuerdo con esta investigación, que se entrega en medio de la Semana del Detenido Desaparecido, el 99 por ciento de procesos abiertos en la Fiscalía por este delito (21.658 entre el 2005 y 2012) están apenas en etapa de indagación. Tan solo hay 28 casos en juicio y 182 procesos terminaron tratados como ‘querellables’, es decir, como si fueran delitos menores. La mitad de las condenas se consiguieron por aceptación de cargos o negociaciones con los culpables.

Memoria Histórica afirma que la Fiscalía “no ha desarrollado mecanismos para fortalecer la investigación” de estos casos, que inicialmente se trataban como secuestros. Solo a partir del 2000 se consideró como un delito independiente pese a que la primera desaparición forzada data de 1977.

El reporte dice que la impunidad se sigue alimentando “de la incapacidad que el Estado ha demostrado” para establecer realmente cuántos desaparecidos forzados ha dejado la violencia política. Así, mientras el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) tiene 19.254 registros, la Fiscalía General habla de 26.000 y la Unidad de Víctimas ha recibido reportes de más de 30.000 casos.

El informe, además, le hace un corte de cuentas a Justicia y Paz, en donde han sido escasas las condenas, como también ha quedado truncado el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo que pasó con sus muertos.

En sentencias como la que se dictó contra el exjefe del Bloque Vencedores de Arauca José Enrique Peña Tobón, en 2011, se dejó de buscar a seis víctimas de desaparición forzada cuando el ‘expara’ aseguró haber arrojado sus restos a un río. “La confesión de los postulados se constituyó en la única y verdadera verdad”, cuestiona Memoria Histórica.

En medio del proceso de Justicia y Paz se han encontrado 4.007 fosas y 4.892 cuerpos, de ese total 2.124 ya fueron entregados a sus familiares.

Fallas en la prevención

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría es otro de los mecanismos cuestionados por Memoria Histórica. Los funcionarios del SAT reconocen que muchas veces las administraciones locales no atienden estos llamados puesto que “las alertas tempranas son consideradas como un factor que desincentiva el comercio y el turismo”.

Otras veces las alertas no dan cuenta de la realidad. Es el caso de Buenaventura, donde según los investigadores hubo un aumento del 86 por ciento en casos de desaparición forzada entre el 2005 y el 2008, pero en ese tiempo solo se emitió una alerta sobre lo que pasaba en el puerto.

Sobre el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que debería funcionar para encontrar oportunamente a las personas reportadas como desaparecidas, Memoria Histórica dice que entre los funcionarios sigue existiendo “el falso mito” de que esa herramienta se activa tras 72 horas del hecho, requisito que no es necesario. Las fallas de este mecanismo llevaron a que de 1.543 búsquedas activadas únicamente se haya podido encontrar a 563 personas.

De otro lado, el informe señala que aunque desde el 2011 se inició la reparación por vía administrativa para víctimas del conflicto, entre ellas las de desaparición forzada, esto no ha beneficiado a los familiares de quienes fueron afectados por actores estatales. Los grupos paramilitares, las guerrillas y miembros de organismos de seguridad son señalados como mayores responsables de las desapariciones en el país, según las denuncias de las organizaciones de víctimas.

Pero en más de la mitad de los casos reportados ante autoridades judiciales el actor es reseñado como “desconocido”, bien porque los familiares no tienen conocimiento de los hechos o, en muchas oportunidades, porque los que perpetraron la desaparición siguen activos en la zona donde ocurrió el hecho.

Las advertencias de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo señaló que en el último año han alertado sobre la difícil situación humanitaria en Buenaventura.

Voceros de la Defensoría señalaron que con los informes y alertas que han emitido se ha visibilizado la situación en el puerto.

Desde septiembre de 2012 se han emitido tres informes de riesgo y dos notas de seguimiento en temas de homicidios, incluyendo desmembramientos, desplazamientos, desapariciones, y sobre la presencia de bandas criminales.

En diciembre del año pasado el Ministerio del Interior elevó a alerta temprana uno de esos informes. El último de los reportes fue entregado a las autoridades el pasado 31 de enero.

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