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Las conclusiones de la Corte en la condena por las chuzadas del DAS

Jueves 19 de enero de 2017
Justicia

Las conclusiones de la Corte en la condena por las chuzadas del DAS

"Órdenes ilegales venían de Presidencia", dijo Tribunal. Hurtado, con la más alta pena por el caso.

Por:  JUSTICIA | 

La imagen registra el momento en el que los funcionarios del CTI entran en el recinto de la Corte con María del Pilar Hurtado.

Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

La imagen registra el momento en el que los funcionarios del CTI entran en el recinto de la Corte con María del Pilar Hurtado.

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“Es indiscutible que los funcionarios del DAS actuaron a nombre de la institución, cuyos directivos, a no dudarlo, siguieron las directrices ilegales que les trazó la Presidencia de la República”.

Esa es la gran conclusión a la que llegó la Sala Penal de la Corte para condenar a la exjefe del DAS María del Pilar Hurtado y al exsecretario de Palacio Bernardo Moreno por el escándalo de las chuzadas y seguimientos ilegales contra magistrados, congresistas de oposición y periodistas durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Moreno fue condenado a 8 años de prisión como “coautor” y “determinador” de varios de los capítulos del escándalo.

La Corte decidió darle prisión domiciliaria por el que llamó “comportamiento ejemplar” de “darle la cara a la justicia” en todo momento.

En cuanto a Hurtado, fue declarada culpable por los delitos de abuso de autoridad, por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.

Le impusieron 14 años de prisión, pero en sus cuentas está la eventual posibilidad de lograr rebaja de su condena si acepta la oferta de la Fiscalía (que depende de un proyecto en el Congreso) para poner al descubierto a otros ex altos funcionarios que estuvieron al tanto de las actuaciones ilícitas del DAS ocurridas entre el 2007 y el 2008.

En una sentencia de 283 páginas, el tribunal reitera que, en este caso, la inteligencia del Estado violó la ley por atender exigencias que hacían altos funcionarios de la Presidencia de la época. Así, les da crédito a los testimonios de varios miembros del DAS que confesaron que la información que recababan era enviada a la Casa de Nariño a través de valijas reservadas o entregada directamente a altos funcionarios de la época, empezando por el mismo Bernardo Moreno.

La Corte compulsó copias para que la Comisión de Acusación decida si investiga al expresidente Álvaro Uribe por el caso, pero descartó la hipótesis de la Fiscalía según la cual las chuzadas formaban parte de un supuesto concierto para delinquir que empezó en el 2005, se prolongó hasta el 2009 y que dependía de Uribe Vélez, “quien desde la Presidencia organizó una estructura criminal con la finalidad de neutralizar a las personas que se le enfrentaban”.

Los magistrados consideraron, en cambio, que sí hay elementos para investigar al exviceministro Jorge Mario Eastman; el hoy senador José Obdulio Gaviria, el exsecretario Jurídico de Palacio Edmundo del Castillo; el exembajador César Mauricio Velásquez y el exdirector del DAS Andrés Peñate como supuestos partícipes en varios de los capítulos del escándalo.

Una segunda conclusión de la sentencia es que no todas las actuaciones del DAS en el caso fueron ilegales. Así, para la Corte es legítimo que hubiera investigado la cercanía del polémico empresario Ascencio Reyes con algunos magistrados (bajo el supuesto de que había tenido un socio narcotraficante, ‘Chepe Ortiz); y que hubiera hecho verificaciones acerca de los nexos entre la exsenadora Piedad Córdoba y la exesposa del exsenador y hoy alcalde Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

Pero esos objetivos legítimos, dice la sentencia, fueron usados para cometer delitos y para encubrir fines ilegales. Así, a Piedad Córdoba le instalaron un micrófono en su camioneta (durante la administración de Peñate) y sus correos y los de algunos asesores fueron ‘hackeados’. Y la información del caso ‘Paseo’, dice la sentencia, fue filtrada sesgadamente para desacreditar a la Corte ante la opinión pública en plena ebullición del proceso de la ‘parapolítica’, que puso en la cárcel a congresistas cercanos al expresidente Uribe.

La Sala Penal, además, fue objeto de la acción de “espías pagados” que incluso grabaron sus sesiones atendiendo órdenes formales emanadas de la oficina de Hurtado. La sentencia dice que quedó demostrado que “no hubo razón legítima alguna que motivara la actividad de campo desarrollada por el DAS, valga decir, un riesgo para la seguridad nacional o para el mantenimiento del Estado constitucional de derecho (...). Por el contrario, lo que se quería averiguar era información sobre la labor que venía realizando la Corte Suprema de Justicia de investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República” que hicieron pactos con los ‘paras’.

La tercera gran conclusión es la comprobada utilización del DAS para desprestigiar a opositores y críticos del gobierno de la época. Así, María del Pilar Hurtado fue condenada por prevaricato porque usó plata del DAS para enlodar en el 2008 a la excongresista Yidis Medina, quien para entonces ya había confesado que recibió burocracia del gobierno Uribe a cambio de su voto por la reelección presidencial en el Congreso. En julio de ese año, la inteligencia estatal coordinó una operación en la que se pegaron en varios municipios de Santander afiches con la foto en la que Yidis aparecía con un supuesto jefe del Eln, dentro de un plan que incluso la tuvo presa varios meses por secuestro.

Hurtado, “a sabiendas de que el DAS carecía de un motivo legítimo para desplegar su acción, dio órdenes directas a sus subalternos para que consiguieran información sobre esta ciudadana”, dice el fallo. Se buscaba “la obtención de información para desprestigiar a una persona que había hecho graves denuncias contra el Gobierno y que había enfrentado su responsabilidad en los mismos frente a la justicia”.

La Corte dice que Hurtado “impartió órdenes arbitrarias e injustas” para desplegar labores de inteligencia que afectaron la intimidad, sin que existiera ninguna justificación, de personas como el periodista Daniel Coronell, el senador Gustavo Petro, la propia Yidis Medina y los miembros de la Corte Suprema.

Moreno no va a prisión

El exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno tendrá prisión domiciliaria. Se encuentra en el búnker de la Fiscalía y estará en su casa el lunes.

La Corte dice que Moreno no entorpeció la justicia y calificó de “excelente” su conducta: “Ni siquiera frente a la posibilidad que existía de privarlo de la libertad en la audiencia en la que se anunció el sentido de la sentencia dejó de dar la cara a sus jueces desde el banquillo de los acusados”.

Ya pagó 19 meses de prisión y puede reducir pena estudiando, lo que le daría la libertad en tres años.

El alto tribunal destaca que este caso no se equipara con el proceso por ‘Yidispolítica’, por el que acaba de mandar a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio a la cárcel. Ese caso, afirma la Corte, fue un “atentado contra el corazón de la democracia” buscando favorecer intereses de una sola persona. “No es comparable la gravedad de esas conductas con las atribuidas a Moreno”, dice.

Uribismo dice que condenas reflejan una ‘persecución’

Como una muestra de la “politización de la justicia” y una “persecución al uribismo” calificaron varios miembros del Centro Democrático las condenas dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.

Según el senador Alfredo Rangel, las dos condenas son una “retaliación” contra personas que han “desempeñado sus funciones de manera legal”.

“Hay un sector muy politizado de la justicia que no conecta con el uribismo y ha decidido hacer esa persecución”, agregó.

De igual manera, Rangel señaló que esas condenas son “supremamente exageradas” teniendo en cuenta que “el país presencia todos los días cómo grandes ladrones de miles de millones del erario público, o criminales confesos, reciben penas mucho menores”.

La senadora Paloma Valencia aseguró que en ese afán de afectar al Centro Democrático se “utilizan testimonios de delincuentes probados para enlodar a las principales figuras del uribismo y poder perseguir al expresidente Uribe”.

Sobre las copias que la Corte compulsó para investigar a Uribe, José Obdulio Gaviria, Jorge Eastman, César Mauricio Velásquez y Andrés Peñate, Valencia dijo que detrás hay fines políticos que quieren “desprestigiar y enlodar a figuras representativas del uribismo”.

Agregó que detrás de la investigación al expresidente hay un evidente fin electoral de “quienes no pueden derrotar a Uribe en las urnas y que consideran que así lo pueden hacer a un lado”.

Por su parte, el senador Ernesto Macías aseguró que los condenados por la Corte son “chivos expiatorios” producto de la “politización de la justicia”.

“Hay todo un engranaje político en contra del uribismo”, añadió.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

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