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Con capturas en Chocó, comienza la cacería por pensiones ilegales

Hay información sobre presuntas irregularidades similares en otros dos departamentos.

JUSTICIA
Con ‘combos’ de papeles falsos que incluían supuestas resoluciones de prestación de servicios y hasta las evaluaciones de trabajos que nunca fueron realizados, 48 maestros de primaria de colegios públicos del Chocó lograron el pago irregular de 262 millones de pesos.
Pero en la mira tenían más de 5.000 millones de pesos correspondientes al cobro de las llamadas ‘pensiones gracia’, una mesada especial que el Estado reconoce a los maestros con más de 20 años de servicio en colegios publicos nacionales o territoriales, y vinculados antes de 1981.
Los capturados, todos con más de 50 años, son los primeros que caen de una extensa lista de personas que habría obtenido ese reconocimiento a pesar de no cumplir los requisitos de ley. La investigación se inició hace tres meses, cuando la Unidad de Gestión Pensional del Ministerio de Hacienda denunció ante la Fiscalía la existencia de 57 solicitudes de maestros de Quibdó, Itsmina y Tadó que estaban bajo sospecha.
Los sellos, números consecutivos y las firmas que respaldaban las certificaciones de trabajo de los maestros registraban inconsistencias. Con esas pistas, peritos del CTI de la Fiscalía realizaron las pruebas a los documentos y concluyeron que eran falsos.
El fin de semana pasado, la Fiscalía pidió ante un juez de Quibdó orden para proceder a la captura de los profesores bajo cargos de falsedad en documento público, uso de documento falso, fraude procesal y concierto para delinquir. Así, se arriesgan a una pena de más de 20 años de cárcel.
El juez emitió orden de captura contra 57 personas, de las cuales ya fueron detenidos 48. El director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, sostuvo que los maestros se aliaron con un grupo de abogados y funcionarios que suministraban los documentos falsos para pedir la pensión. Para lograr la mesada, pagaban en promedio 10 millones de pesos.
“La hipótesis de la Fiscalía es que estaban defraudando el Estado. Si no se hubiera realizado esta investigación seguramente habrían recibido ilegalmente esa mesada de 2’100.000 pesos por el resto de sus vidas”, indicó el fiscal González.
En la primera fase de la operación, realizada a comienzos de diciembre del año pasado, fueron capturadas cinco personas señaladas de ser los cerebros del desfalco y quienes, según los investigadores, reclutaban a los maestros para cobrarles por el trámite. Entre ellos están el actual secretario de gobierno de Istmina, Dahian Miguel Mosquera; su antecesor, Cesar Emilio Mosquera, y los abogados Heidelger Alexander López, Francisco Alfredo Cañadas y Efrain Kevin García.
La Fiscalía designó un grupo de peritos que realiza un rastreo de los pagos realizados a otros maestros en el Chocó para establecer si hay más educadores que hicieron trampa para conseguir el beneficio. También se están haciendo coordinaciones con las autoridades de otros dos departamentos en los que hay información sobre presuntas irregularidades en pensiones del Magisterio.
Pero no solo en esa actividad se habrían registrado pagos que no tenían fundamento. La famosa sentencia de la Corte Constitucional que en el 2013 tumbó las ‘megapensiones’ les ordenó a las autoridades que pagan esas mesadas revisar la legalidad de las mismas.
En este momento se adelantan los procesos para buscar la anulación de pensiones que fueron concedidas sin el lleno de los requisitos penales, varias de ellas por orden de altos tribunales vía tutela.
Procesos en otras regiones del país
La Fiscalía adelanta investigaciones contra jueces y funcionarios vinculados a irregularidades en el trámite pensional en otras zonas del país.
En Córdoba y Magdalena se han detectado varias organizaciones, algunas de ellas ya en juicio, que con documentos falsos habrían logrado el pago de mesadas por más de 200.000 millones de pesos.
Una sola abogada es procesada por tramitar irregularmente el reajuste en mesadas pensionales por 64.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba. En el caso hay más de 1.000 poderes de maestros del departamento.
JUSTICIA
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