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Figura del paracaidismo nacional, condenado a cadena perpetua en Catar

Dicen que es una detención arbitraria. Cancillería dice que le ha brindado asistencia jurídica.

DAVID ARANGO
“Uno tiene que ser muy estúpido para haber vivido en muchas partes del mundo y decidir volverse narcotraficante en Catar”, sentencia indignado Mauricio Iragorri para argumentar por qué su hermano, Juan Pablo Iragorri, de 40 años, condenado a cadena perpetua por tráfico de estupefacientes, es inocente.
Los detalles de la captura, reclusión y juicio de Juan Pablo están en una carta que la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió al gobierno de Catar con fecha del 14 de febrero de 2014.
En ella se cuenta que el colombiano, egresado de administración de empresas de la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y quien desde 2005 trabajaba con el Ministerio del Interior de Catar como instructor de paracaidismo –oficio que lo ha llevado a viajar por Europa y Asia–, fue “arrestado por policías vestidos de civil que no mostraron ninguna identificación”.
Desde 2011 Juan Pablo trabajó como instructor de paracaidismo para el Ministerio del Interior de Catar. Foto: Archivo Particular.
Los policías lo llevaron al hotel Sheraton de la ciudad de Doha –capital de Catar– y allí fue “forzado y amenazado con una pistola a arrodillarse delante de cargamentos de droga mientras era fotografiado”, detalla la carta.
Posteriormente el documento cuenta que nunca se le concedió la oportunidad de llamar a un abogado y que “durante la primera semana de su detención durmió en una prisión de dos por dos metros sin ventanas ni baño ni ducha (…) fue golpeado una y otra vez contra las paredes hasta que aceptara cooperar con las autoridades bajo amenaza de ser ejecutado”.
La carta especifica que Juan Pablo fue obligado a firmar documentos en árabe a pesar de no saber el idioma. El colombiano fue dejado en libertad condicional tres meses después sin pasaporte ni ningún documento. “Quedó en la calle y no podía volver a Colombia porque no tenía visa de salida. Durmió en casa de amigos y la policía lo seguía a todas partes”, relata Mauricio.
Sin embargo, fue detenido nuevamente a comienzos de 2012 hasta que el 27 de diciembre de ese mismo año fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a la Cárcel Central de Doha, por tráfico de estupefacientes.
Mauricio argumenta que la carta del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU es prueba fehaciente de que la fotografía y los documentos que firmó su hermano no pueden ser usados en su contra.
“Juan Pablo no es narcotraficante y su caso está repleto de inconsistencias que lo incriminan. La Cancillería colombiana solo apareció ocho meses después de que lo encarcelaran”, relata Mauricio, y dice que la situación ha sido un duro golpe para su familia.
“La más afectada es mi mamá, ella tiene 74 años y siempre ha gozado de buena salud, pero de dos años para acá ha estado más enferma, ha tenido que ir a médicos y a psiquiatras. Creo que la Cancillería fue muy pasiva en este caso, porque no salvaguardó los derechos de mi hermano ni de nadie”, añade.
Como Catar no posee una representación diplomática en Colombia, la madre de Juan Pablo envió repetidas cartas a la Cancillería colombiana y a la embajada en Abu Dabi –la más próxima a Catar– en las que solicitó la repatriación de su hijo.
Su hermano, Juan Pablo Iragorri dice que no es fácil comunicarse con él debido a que las autoridades cataríes lo prohíben.Foto: Archivo Particular
Una de las respuestas que recibió de Roberto Vélez, embajador de Colombia en Abu Dabi, fechada el 23 de enero de 2013, señala que el cónsul colombiano, Rafael Arismendy, hará presencia en las audiencias con el fin de asegurarse que “ciudadanos colombianos que por cualquier circunstancia tengan que comparecer ante las autoridades judiciales de un país, reciban de estas un tratamiento justo y que les sean respetado el debido proceso y su derecho a la defensa”.
También aclara que “los países son autónomos en la manera en que administran justicia y que de ninguna manera el Gobierno colombiano puede tener injerencia alguna en los fallos concedidos por los jueces”.
A tres años de la reclusión de Juan Pablo, Mauricio Iragorri dice que la Cancillería colombiana no examinó los documentos que fue forzado a firmar, no revisó las pruebas y tampoco ha enviado la petición de solicitud de repatriación ante el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Catar.
EL TIEMPO se comunicó con la Embajada de Catar en Venezuela –la más próxima a Colombia– donde le aseguraron a este medio que dicho proceso debe ser realizado entre la Cancillería colombiana y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Catar. La cancillería señaló que le ha brindado asesoría jurídica a Iragorri.
Derechos humanos en Catar
Según un informe de Human Rights Watch publicado en 2014, este país ubicado en el Golfo de Pérsico, viola los derechos de trabajo de inmigrantes, especialmente de africanos y asiáticos. Incluso hay reportados casos de trabajos forzados y restricciones arbitrarias para aquellos que quieran abandonar el país.
Catar es gobernado por la familia real de los Al Thani, a la cual pertenece el actual mandatario Tamim bin Hamad al Thani, de 34 años, quien dirige la nación desde junio de 2013.
DAVID ARANGO
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